La designación del Fiscal General de la República deberá ser por medio de una consulta pública, a fin de que quien resulte elegido lo sea por sus méritos, así lo pidió ante el Senado el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab. Esto, con la finalidad de que tenga autonomía e independencia el primer Fiscal.

Igualmente, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se sumó a la petición para que haya un Fiscal autónomo, independiente y eficaz. Indicó que el cambio de la Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía General debe formar parte de una revisión tanto de la Procuraduría como la impartición de justicia y no responder a intereses particulares.

Jarab y González Pérez pidieron un debate serio y objetivo sobre la ley de seguridad interior. El representante de la ONU demandó que se analice el impacto de los 10 años de presencia militar en el combate al crimen organizado. Puntualizó que antes de pensar en el nombre del nuevo Fiscal se realice una reforma constitucional que asegure la independencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y rendición de cuentas, como han demandado diversos actores políticos y sociales.

“Es preciso definir el diseño de la institución antes del quién; puntualizar el que en todo caso el fiscal debe ser designado con base en sus méritos, cualidades, y emanar de una consulta abierta, transparente, participativa e incluyente’’, manifestó Jarab.

Declaró que sería un error muy grave reducir las deliberaciones sobre la creación de la nueva Fiscalía General. Resaltó que “esta transformación es histórica y abre una ventana de oportunidades a México. No nos queda ninguna duda de que se necesita una transformación profunda, no sólo cosmética’’.

El ombudsman nacional dijo que el cambio de la PGR a una Fiscalía General de la Nación deberá ser parte de un análisis muy amplio en el que se vea de manera conjunta y estructurada la parte que atañe al sistema judicial penal, así como el esquema de procuración de justicia.

Ciudadanos piden fiscalía sin pase automático

El día de ayer, ciudadanos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propusieron la salida del procurador Raúl Cervantes como medida para acabar con la polémica sobre la creación de la nueva Fiscalía.

La carta, dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto y a los representantes del Congreso, fue firmada por Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, Luis Pérez de Acha, José Octavio López Presa y Alfonso Hernández y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción plantea nombrar un Procurador de transición.

“De manera respetuosa nos permitimos someter a la consideración de ustedes el evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General”.

Durante el periodo de transición se podría redefinir el marco constitucional de la Fiscalía considerando propuestas de diversos actores y grupos. Dicho modelo funcionaría de base para los nombramientos del Fiscal anticorrupción, Magistrados anticorrupción y auditor superior de la Federación, propone el Comité.

Además, más de 300 organizaciones civiles y la iniciativa privada presentaron al Senado una propuesta de reforma integral para crear una fiscalía de 6 años sin pase automático, sin cuotas de partido y con autonomía.

El colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, apoyado por la Coparmex, de Gustavo de Hoyos, entregó un “dictamen ciudadano” para reformar el Artículo 102 de la Constitución y garantizar una transición gradual de la PGR a Fiscalía General.