Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, interpuso una denuncia en contra de los directores generales de Jurídico y Gobierno, Alejandro Zepeda y Miguel Ángel Guerrero, durante las administraciones de los perredistas Higinio Chávez y Maricela Contreras, y de la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, por la construcción irregular de un departamento en el cuarto piso de la escuela.
La funcionaria reveló que desde noviembre de 2013, la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano advirtió de un daño a la estructura provocada por una serie de obras de demolición que García Villegas había hecho en el tercer y cuarto piso sin permiso. Sin embargo, la administración perredista permitió continuar con los trabajos un año después.
Sheinbaum dijo que se detectaron omisiones, obras sin licencias previas e incluso, señala, que hubo corrupción. Desde 2010, la administración de Higinio Chávez ordenó la clausura y demoler una construcción sin permiso en el cuarto piso, que correspondía a un gimnasio. No obstante, no hay documentos que permita concluir que se subsanaran dichas irregularidades “ y que se haya levantado el estado de clausura ni demolición o pago de multas interpuestas”.
En octubre de 2013, García Villegas trató hacer obras con un aviso de amparo, pero fue rechazado por la Dirección de obras y Desarrollo Urbano, debido a que en una verificación previa se detectó un daño a la estructura en el edificio Rancho Tamboreo 11 y 19, colonia Nueva Oriental Coapa.
La dirección de Guerrero López verificó el inmueble, en diciembre de 2013, y encontró que sin permiso se hacían trabajado de herrería, levantamiento y aplanado de muros , colocación de estructuras metálicas e instalación hidrosanitaras, así como la demolición de un techumbre entre ambos niveles para la colocación de una escalera, todo sin manifestación de obra, denuncia el documento de verificación difundido por la delegación en su página de internet.
En enero de 2014 se suspenden las obras y para junio se impuso la clausura. El 9 de diciembre de 2014, a 11 meses del cierre, la anterior gestión dio por cumplida la resolución y cierra el expediente, ya que la propietaria pagó multas por poco más de 21 mil pesos y así la demarcación le permitió hacer obras menores, a pesar de los daños estructurales hallados.
“En el caso de que haya responsabilidad en el peritaje que elabore el Colegio de Ingenieros Civiles, vamos también contra los DRO, corresponsables de obra que dijeron que el edificio era seguro”, detalló Sheinbaum.