La gente no busca razones para hacer lo que quiere hacer, busca excusas.
William Somerset Maugham

Esta semana se soltaron los demonios por la iniciativa presentada por el coordinador de los diputados priistas César Camacho, la cual tradujo en propuesta legislativa lo anunciado por el dirigente nacional del PRI: la decisión de impulsar una reforma constitucional que elimine el financiamiento público a los partidos y la supresión de los legisladores plurinominales.

Una propuesta muy taquillera que, con sentido de la oportunidad, aprovecha el clima de hostilidad hacia los partidos, hostilidad cotidianamente cultivada por muchos grupos y organizaciones de la sociedad, el sector que algunos llaman “antisistema”.

La natural angustia ante la tragedia de los sismos que devastaron tantas comunidades en el Istmo de Tehuantepec, en Chiapas y Oaxaca, y el fuerte temblor que, en el centro de la república, especialmente en Ciudad de México, reavivaron las terribles imágenes del terremoto del 85, y han exacerbado la hostilidad hacia los políticos y los partidos.

Era obvio que se reviviera también el tema de los recursos que se destinan a los partidos, el sistema electoral y las instituciones electorales que nacieron de la reforma electoral de 1996.

Ese tema, juguete preferido de innumerables organizaciones de la sociedad civil que no dejan de intentar suplantar a quienes fueron elegidos en las urnas y ser quienes rijan los procesos legislativos, ha desatado una malsana competencia entre las bancadas partidistas en el Congreso y, obviamente, en los medios de comunicación.

Ah, pero a la propuesta de suprimir el financiamiento público, los partidos han reaccionado con propuestas que solo son subterfugios para disimular su oposición a dejar de recibir los recursos públicos.

Cada bancada ha ideado cómo resistir. Unos hablan de “retrocesos autoritarios”, otros de “aburguesar los asuntos públicos”, los de más allá no se oponen abiertamente, como el Frente Ciudadano por México —PAN, PRD y Movimiento Ciudadano—, ellos solo le añaden a la propuesta de eliminar el financiamiento a partidos una serie de propuestas que saben que serán inaceptables, con lo cual no solo dificultarán el debate legislativo, sino que, si les funciona, harán que la iniciativa priista permanezca congelada hasta que San Juan baje el dedo.

Pero hay presiones. Desde la opinión ilustrada y la opinión publicada, las ONG cumplen con la tarea encomendada, satanizar el financiamiento público, el cual, si bien debe ser mejor vigilado y regulado, a pesar de sus innumerables fallas ha sido el único instrumento para resistir la tendencia a que sean los grandes intereses económicos quienes determinen las políticas públicas y se adueñen de la política nacional.

Cierto, hoy, de alguna manera han ejercido influencia en algunas regiones de la república y, a veces, en la política nacional, pero, pese a todo, no son determinantes en las grandes decisiones del gobierno de la república. Así debe seguir.

Sí, reduzcamos el dinero para partidos, afinemos la fiscalización y exijamos rendición de cuentas de aportaciones particulares, pero no lo eliminemos.

Eso, en estricto rigor, sería un salto al vacío.

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