Los enfrentamientos entre los diversos actores políticos con la mirada puesta en 2018 han permeado en el Congreso de la Unión. En ambas cámaras, diputados y senadores hemos testimoniados episodios dignos del olvido y del todo deleznables, como el acallamiento de un legislador en uso de la voz por una vocinglería apabullante que niega la esencia del órgano Legislativo que es precisamente parlar.
Luego del preocupante atentado contra la vida institucional de la república que buscaba paralizar el Poder Legislativo para satisfacer en buena medida revanchas y venganzas personales, escudados en una causa esgrimida legítimamente por sectores importantes de la sociedad, se impuso la racionalidad e iniciaron los trabajos del periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura.
A nadie deben asustar las ríspidas discusiones, los debates de ideas, las confrontaciones de argumentos, la construcción de alianzas parlamentarias efímeras o más o menos durables; eso es mayormente, la vida de un órgano colegiado en el cual deben respetarse las propuestas y posicionamiento de 500 diputados y 128 senadores. Lo que nadie en su sano juicio desea es que esta institución republicana se convierta en rehén de los intereses cortoplacistas de absolutamente ninguna formación político partidaria.
La agenda legislativa en ambas cámaras está cargada de temas impostergables, entre ellos, terminar de instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción y las designaciones del fiscal general- manzana de la discordia- y del fiscal especializado en el tema. Pero el tema toral para la normalidad de la vida institucional del país es la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 2018.
Una vez salvada la mezquina intentona de parálisis legislativa y que imperó la cordura de todas las bancadas legislativas, la Cámara de Diputados recibió para su aprobación, el 8 de septiembre de 2017, en términos de lo previsto en el numeral 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución; el Presupuesto de Egresos de la Federación, “para que previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo”, lo cual debe suceder a más tardar el 15 del próximo mes de noviembre.
El tema, y qué bueno que así sea, debe discutirse a profundidad y con visión de horizonte, anteponiendo el bien de la nación. El desarrollo, el ataque a la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población deben ser los objetivos. Los ingresos del Estado y el ejercicio del gasto son herramientas de política económica para mejorar la distribución de la riqueza y paliar la inmensa desigualdad social que nos agobia. La meta de crecimiento económico del 5.2, puede sonar ambiciosa, pero debemos intentar crecer más y mejor, tras décadas de virtual estancamiento.
Los ejes del gasto no pueden ser aumentarlo en rubros de seguridad a costa de educación y cultura o de disminución de gasto en el sector agroalimentario, de salud y de desarrollo social. Y parece razonable que se aumente el pago de deuda, más allá del pago de su servicio. En fin, tenemos esperanza que en los debates parlamentarios prevalezca el amor a México.
