El martes anterior la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 102 constitucional, mediante la cual no solo se resuelve el conflicto político, sino que abona a solucionar el problema de fondo de la Fiscalía General.
La eliminación del pase automático, inscrito en la reforma política por sí mismo no resuelve nada, dado que deja abierta la posibilidad de un nombramiento a modo del Ejecutivo, al conservar la facultad de proponer al Senado a un fiscal, sin ningún proceso de selección, justificación o transparencia, con lo que podría nombrar a alguno de sus amigos que le cubra la espalda en un acuerdo entre un sector del PAN y PRI. Sin embargo, lejos de combatir la corrupción es una forma de dar protección e impunidad y no sirve para crear mejores condiciones de justicia y seguridad.
En un país incendiado, agraviado, al que le duele el abuso y la corrupción, tenemos la obligación de proponer soluciones de fondo y en este caso es con un nuevo diseño de la Fiscalía. La iniciativa delinea en varios aspectos sus alcances, el primero es un proceso de convocatoria amplia donde participen la academia, organizaciones sociales y colegios de profesionales en el que los profesionales más calificados, independientemente de sus relaciones políticas, alcancen un consenso que defina al próximo fiscal.
En los términos actuales en los que se encuentra la iniciativa presidencial, la designación del fiscal general se convertiría en un mecanismo de ratificación más que una selección de un fiscal independiente y funcional.
El segundo elemento es dotar de autonomía al fiscal anticorrupción y al fiscal de Delitos Electorales, sobre todo porque actualmente el monopolio de la acción penal se encuentra en el titular de la Fiscalía.
El tercer elemento es la creación del Instituto Nacional de Servicios Periciales, lo que es pertinente frente al nuevo Sistema Penal Acusatorio y mediante el cual se evitaría el uso malicioso de pruebas y elementos técnicos.
El cuarto punto se encuentra en establecer un mecanismo de remoción del fiscal general frente al Senado de la República, para garantizar estabilidad de independencia frente al Ejecutivo. Para remover al fiscal del cargo, sería necesaria una votación calificada del pleno de la Cámara Alta.
Esta iniciativa no está basada en el análisis de la correlación de fuerzas políticas o el cálculo para la negociación de posiciones, parte de la perspectiva de lo que es correcto, funcional y útil para nuestro país. Sería un error con grandes daños hacer de esto únicamente una negociación de carácter político y dejar de lado el foco principal que es mejorar la procuración de justicia.
El dilema de fondo sobre el que se tendrá que decidir es: si vamos a combatir la corrupción, la impunidad y la delincuencia o únicamente será una simulación que profundice y empeore las delicadas condiciones nacionales.
La única forma de avanzar en este tema de manera honesta es crear un nuevo modelo de procuración de justicia, que sea funcional y útil para el país, después a los titulares de cada área, lo demás es adentrarnos en las tierras baldías.
@LuisHFernandez
