Miles de mujeres protestaron y marcharon, el pasado 17 de septiembre, en difentes puntos del país, por el  caso de la joven Mara Castilla, asesinada tras tomar un taxi de la empresa Cabify en la ciudad de Cholula, Puebla.

Un hecho muy lamentable para Patricia Olamendi Torres, consultora internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres, quien muestra una gran preocupación pese a que México cuenta con una de las legislaciones más avanzada en derechos humanos, sobre todo en materia de violencia contra las mujeres, incluyendo el reconocimiento al feminicidio.

“La realidad es que hay una cultura que se traduce en negligencia, un machismo que se convierte en violencia institucional, no importa que existan estas leyes, los abogados, maestros en las facultades de derecho, siguen diciendo que estas figuras no sirven, los ministerios públicos siguen diciendo que no pueden acreditarlo, como si no fuera fácil acreditar que una mujer es violada y masacrada, ¡es absurdo! Los jueces siguen manteniendo una actitud hostil hacia las víctimas”, asegura la doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, a la violencia social, familiar o de pareja se suma también la violencia institucional que invisibiliza lo que pasa. México es el país con más recomendaciones internacionales en el mundo en materia de derechos humanos por la actitud negligente hacia las víctimas de violencia. Las encuestas señalan que 7 de cada 10 muejres son victimas de violencia.

Olamendi Torres advierte que “si nada de eso es suficiente para que las autoridades cambien su actitud, exista un discurso congruente o por lo menos nombren a gente que le interese el tema, entonces estamos en una crisis institucional de enorme magnitud provocada por la ausencia de respuesta en materia de derechos humanos de las mujeres, lo cual coloca a México en el centro de una violencia institucional grave, nada más que cuando la violencia la comenten las instituciones se llama violación a derechos humanos. Es un tema muy serio, grave y dramático”.

Por todo esto, “el caso de Mara Castilla desata una irritación terrible, un abandono total en el que viven las mujeres y un desamparado terrible frente a esta violencia incontrolable y esta actitud impune de los agresores provocada por toda esta complicidad con las autoridades”, afirma la activista.

Olamendi Torres considera que no obstante que el país cuenta con un marco juridico que se ha fortalecido con leyes que promueven la igualdad de género y se cuenta con la Ley General de Acceso de las Muejres a una Vida Libre de Violencia, “hace falta un verdadero Estado de derecho. Mientras la ley no se cumpla todas estamos al margen, mientras las autoridades no dejen claro con hechos  que la violencia se combatirá, no permitiendo comentarios y actitudes misógenas, poniendo a las personas que no tienen nada que hacer al frente de instituciones que debieran proteger”.

La promotora de derechos humanos de la mujer, se pregunta “¿de qué nos sirve tener la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Muejres (FEVIMTRA)? Si está mayoritariamente controlada por hombres y en donde hay un brutal desprecio hacia las mujeres. Tenemos un protocolo de juzgar con perspectiva de género y todos los jueces se burlan de él, por eso es necesario que haya sanciones a las autoridades negligentes y omisas que obstaculizan el avance de las mujeres, esa es la realidad, no tenemos esto”.

Apunta que el Congreso de la Unión tiene también que llamar a cuentas, el país destina enormes cantidades de dinero a través del anexo 13 para el cumplimiento de la igualdad y el combate a la violencia ¿en dónde está ese dinero? No hay un juzgado especializado, una área de policía especializada, las y los abogados que defiendan a las víctimas, aunque es un derecho establecido ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay ni siquiera los refugios o albergues suficientes para las víctimas u ofendidas. Se tienen 50 y son mayoritariamente manejados por la sociedad civil, lo demás no existe.

“No es cierto, no es verdad, es una mentira que en México se atienda a la violencia. De los dos mil 446 municipios en los que se divide el país, ni siquiera en 30 municipios hay un espacio para que las mujeres puedan acudir a solicitar apoyo. Se tiene la Norma Oficial Mexicana de Violencia familiar, sexual y contra las muejres. Criterios para la prevencion y atención (NOM-046) que no la aplica ninguna clínica de salud, porque no se les da la gana”.

Por eso, cuando Amnistia Internacional dice, “México es un Estado machista” está en lo correcto, “tenemos un Estado negligente, omiso, simulador de derechos humanos, es simulador porque lo que está haciendo este gobierno es una cosa en verdad aterradora, ya estamos a un nivel terrible”, advierte la académica de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana.

Deja claro que el machismo no es un asunto de partidos, pues dice que todos son iguales, no hay gobierno estatal, municipal, ni es un asunto de colores, es un asunto real, existe en México, está y lo encabezan las instituciones, ve todo los feminicidios que hay, el caso Mara y ninguna institución gubernamental ha dicho, esta voz es mía.

La doctora Olamendi asegura que “México tiene el más alto índice de abuso a derechos humanos por violencia contra las mujeres y discriminación hacia las mismas y todos los que dirigen “la política en derechos humanos son hombres, las señoras del Senado eligieron hombres, hombres que por cierto no saben nada de derechos humanos, eso nos habla de esta idea de no comprender absolutamente nada de lo que pasa en nuestro país”.

“El gobioerno es culpable, hay que decirlo, el propio presidente Enrique Peña Nieto es culpable, por establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, corresponde al Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, emitirla en los estados.

“A partir de ahí, todo mundo lo ve como una ofensa política, me quieren impedir que sea la maravilla del mundo de la política, ¿por qué convirtieron esto en un asunto político? Si estaba en una ley que decía cuándo se den estas circunstancia entrará la alerta de género, era un procedimiento normal de una ley, pero los mismos que están ahorita gobernando lo hicieron político, ese es el problema”.

Todo lo llevamos a la política – afirma Olamendi–, “en lugar de que los señores de la justicia se pongan a trabajar por la justicia, las secretarías de seguridad apliquen inmediatamente la alerta, es más ni siquiera en los delitos de alto impacto está el feminicidio y tenemos cinco años con legislación en materia de feminicidios, sería bueno preguntarle al secretariado ejecutivo del sistema ¿por qué el feminicidio no es un delito grave? Porque no les importamos, así de dramático, las mujeres no significamos nada en la política y en ninguna parte, esa es una realidad”.

La  autora del libro El Feminicidio en México, advierte que este panorama de violencia contra las muejres crecerá. “Cada vez más las mujeres iremos sumandanos a esta protesta, a la mejor algunas lo hicimos caminando y acompañando, otras quizá lo hicieron desde los medios, otras más en lo corto, en lo público, pero viene una discusión muy a fondo de ¿cuál es el futuro de los derechos humanos?, porque tal parece que los derechos humanos siguen en las cárceles y en las procuradurías y no en las calles. Vendrá una protesta mucho más grande, intensa, así como señalamientos internacionales mucho más serios para México”, finalizó.