En el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad, normatividad institucional de la ONU, se consigna que los pueblos tienen el derecho inalienable a conocer la verdad sobre los acontecimientos, circunstancias y motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes.
El discernimiento de la verdad reviste, pues, una importancia capital. Baste decir que es la piedra miliar, la viga maestra del círculo virtuoso conformado por la justicia, las reparaciones integrales, la preservación de la memoria histórica y las garantías de no repetición de los ataques.
Ese contexto permite apreciar la valía y trascendencia del esfuerzo de los integrantes del equipo de arquitectura forense de la universidad de Goldsmith, ubicada en Reino Unido, quienes hace unos días presentaron y pusieron a la libre disposición de todos los ciudadanos la plataforma digital “Ayotzinapa, un acto de solidaridad con las víctimas y la sociedad”.
A partir de los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y con base en una imagen satelital de la ciudad de Iguala y sus alrededores, ahí está registrada en tercera dimensión la secuencia de las acciones que tuvieron lugar durante las aciagas horas transcurridas entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuyo resultado trágico fue la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”. Con ello se quiere suministrar elementos de juicio que permitan comparar la versión oficial con las conclusiones resultantes del material probatorio ya conocido.
En esa misma línea se inscribe el acuerdo por el que el Instituto Nacional de Transparencia aprobó los dictámenes de declaratoria de interés público de 15 casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de derecho penal internacional perpetrados en México, lo que implica que la información inherente a los mismos será difundida públicamente a través de la plataforma electrónica del Proyecto Memoria y Verdad.
Tal universo abarca el genocidio del 2 de octubre de 1968, el halconazo del 10 de junio de 1971, la guerra sucia y los trágicos acontecimientos de Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Cadereyta, San Fernando 2010 y 2011, Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa 2011 y 2014. También están incluidos los sucesos de la Guardería ABC y del Campo algodonero (feminicidios en Ciudad Juárez). La lista sin duda debe ser incrementada. Por lo pronto, es un clamor ético impostergable visibilizar las infamias cometidas por los pederastas religiosos y sus encubridores estructurales.
El viraje estratégico hacia la verdad es digno de aplauso pero es menester complementarlo con el gran viraje hacia la erradicación de la impunidad y la plena vigencia del Estado constitucional de derecho. Para ello es preciso llevar ante la justicia a los responsables de esas inefables atrocidades.
