El Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia arrojó que el modelo actual de procuración de justicia está en crisis, es inoperante y no funciona por graves deficiencias estructurales, por lo que es urgente impulsar un rediseño profundo e integral del mismo.

“Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y enormes deficiencias de gestión al interior de las Procuradurías son claramente los factores que alimentan la desconfianza”.

Se exhibieron problemas en la nueva transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, la política de una política criminal, la carencia de una visión sistemática de la seguridad pública, saturación de penales y, en caso de la delincuencia organizada, identifica una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas como alternativa para enfrentar el fenómeno.

El informe fue presentado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Plantea la revisión y reforma de los artículos 21, 73, 102 y 116 de la Constitución. Verificar el diseño de las Fiscalías, adoptar un Código Penal Único y ampliar los alcances del Sistema Nacional de Seguridad Publica. Contar con Fiscalías autónomas, garantizar la coordinación institucional y fortalecer las investigaciones, mitigar la fragmentación normativa e institucional. Mejorar el modelo de atención a víctimas y evitar la “puerta giratoria” en los Ministerios Públicos, entre otras cosas.

“Para ello se necesita la articulación de un acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de Gobierno”.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, advirtió que el reto es grande y la propuesta ambiciosa. Sin embargo, “México merece justicia para todos”.

Por su parte, Sergio Lopez Ayllón, director del CIDE, dijo que se requiere una reforma integral a la Constitución que mire no sólo a la Fiscalía General, sino a la articulación de todas las instancias de procuración e impartición de justicia.

El académico Salazar Ugarte indicó que la sociedad mexicana exige justicia ahora y por eso es necesario promover fiscalías políticamente autónomas, sólidas, transparentes, con controles que sancionen los abusos y castiguen las “corruptelas” internas y externas con funcionarios profesionales y de carrera; capaces de ganarse la confianza y el respeto de la ciudadanía.

La politóloga María Amparo Casar añadió que no hay reforma estructural más importante que la que hoy se presenta. “Para un Gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera de cerrar el sexenio. Para una Oposición que busca llegar al poder sería una muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales”.

Los expertos que participaron en la consulta coinciden en la necesidad  de un acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos lo ámbitos y niveles de gobierno con la participación en la sociedad.