La remoción de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por transgredir el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República (PGR), sin duda tiene tintes políticos. Santiago Nieto es un académico con una trayectoria impecable, que ha sobresalido en los trabajos que ha desarrollado en el ámbito electoral los últimos años, y con este reconocimiento se enfrenta a una batalla contra el poder público, aunque en términos de percepción ya ganó una gran simpatía, afirma Juan Carlos Villareal Martínez, exconsejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México.

Además, “quienes lo apoyan son todos aquellos que se ubican dentro del ala de antioficialistas, antisistémicos, antipriistas, eso coloca al gobierno en una desventaja terrible, porque con independencia del fondo de la discusión en términos de opinión pública en esta batalla de percepciones, el gobierno de Enrique Peña ya la perdió aun antes de subir a palearla”.

“El costo es muy alto, porque Santiago Nieto, con independencia de lo que decida el Senado de la República para fines de la opinión pública, será juzgado de manera indebida e ilegal, y su remoción será eminentemente política; esa es una primera consecuencia de la decisión que es evidentemente política”, explica Villareal.

Apunta que la otra tiene que ver con el procedimiento, que es una cosa buena en el sistema político mexicano, porque constituye un ejercicio novedoso, es típicamente lo que se conoce como una objeción parlamentaria; una vez que un órgano deliberativo como el Senado decide y nombra propiamente al titular de la Fepade, lo hace por dos terceras partes, dejaron abierta está figura que no existía, que es, una vez que suceda —como sucedió— la remoción, la Cámara Alta tiene derecho a conocer las opiniones, en este caso, del procurador  general como del propio Santiago Nieto y, a partir de las opiniones, decidirá en consecuencia.

“Esto no existía antes en el sistema jurídico mexicano, porque a los titulares de las áreas que tenían cierta injerencia ejecutiva, como la Procuraduría, los removían libremente, por eso esto es bueno al sistema político y es bueno que se discuta y se sepa públicamente qué es lo qué está pasando”, asegura.

Sin embargo, esta objeción parlamentaria se resolverá políticamente con una mayoría simple, podrá haber muchas especulaciones y muchas discusiones al respecto, pero así quedó en la norma: lo nombran dos terceras partes, pero si lo remueven y el Senado se pronuncia con una mayoría simple, la remoción será absolutamente legal.

El director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política (Ceplan) explica que estamos por ver todavía un episodio inédito en lo que hace a la defensa de los derechos políticos y los derechos del propio Santiago Nieto. ¿Qué hará después de la resolución? ¿Qué hará el colectivo que lo acompaña? Viene una ardua batalla todavía, porque es muy discutible todo el procedimiento jurídico que se siguió, pero políticamente está muy claro en términos de la última reforma constitucional; el Senado por una mayoría simple puede reinstalar o puede aprobar la remoción, así están las cosas desde el punto de vista de la interpretación de este acontecimiento.

Villareal Martínez destaca que “en términos de la batalla mediática nadie que yo conozca tendrá cualquier razonamiento legal, cualquier razonamiento administrativo frente a lo que a todas luces constituye una decisión política arbitraria, así es como la mayoría de las personas ya consideran el tema, así es como lo ha retomado el círculo rojo, es decir, la opinión pública, y así es como lo asumió la oposición”.

“Esa realidad no cambiará ya, con  independencia de la interpretación jurídica, así es como está construido ya el conflicto, de un  lado quienes apoyan a Santiago Nieto y que caracterizan este procedimiento como irregular, arbitrario, injusto; y por otro lado, la autoridad que al no haber hecho una procedimiento más escrúpuloso se colocó en una disyuntiva desfavorable. Sea cual fuese el resultado, saldrán golpeados políticamente”, subraya el analista.

Si lo reinstalan parecerá que lo hicieron por la presión de la sociedad civil organizada, de los medios de comunicación y los partidos; si no lo reinstalan, se comprobará esa hipótesis que tiene la mayoría de los opinadores en el sentido de que su remoción fue injusta y arbitraria, incluso hasta ilegal, y si es así, vendrán amparos y juicios para la protección de derechos político electorales, porque ahí hay un rendija constitucional que señala la permanencia como un atributo de los órganos constitucionales autónomos y de la autonomía en materia electoral. Vienen todavía muchas etapas, pero el tema formal de la discusión en este momento ya lo perdió el gobierno de Enrique Peña, y lo perdió por una cuestión muy simple, frente al cúmulo de evidencias que hay de un actuar al menos negligente de Gerardo Ruiz Esparza, a él no le pasa nada, contra él no sucede nada, contra los titulares del gobierno federal nunca pasa nada, y entonces el personaje que tiene esta cobertura mediática, este apoyo de intelectuales, como Santiago Nieto, se convierte en un adalid para este tipo de confrontaciones, esa es la realidad, veo muy difícil que esa percepción la cambie el gobierno, es una batalla perdida por donde se vea.

Manotazo presidencial

Para el maestro en derecho electoral por la Universidad de Xalapa, Veracruz, tanto el gobierno federal como el titular de la Fepade se equivocaron en este asunto: Nieto al ventilar información reservada, y el gobierno en su excesiva respuesta. Hubiera bastado con una amonestación pública, con un llamado de otro tipo, o hubiera iniciado un procedimiento formal en términos de lo que marca la norma administrativa para llamarlo a cuentas, abrirle un expediente, que la propia Contraloría Interna revisara el asunto. Hay una serie de etapas que se debieron agotar antes del manotazo, porque mí impresión y la impresión de la mayoría de quienes han opinado es que fue un manotazo presidencial y este manotazo que es una remoción directa y dura tiene está consecuencia.

Juan Carlos Villareal asegura que es “perfectamente entendible cuando la política es eso, un conflicto permanente que termina  resolviéndose en una elección, en donde el que obtiene la mayoría resuelve el conflicto de esta manera, esa es la forma pacífica de resolver los conflictos en la sociedad; igual tampoco debería de espantarnos, así sucede en las democracias, gritos y sombrerazos siempre existen en los modelos democráticos”.

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Lo relevante en el caso Nieto es el precedente

Luego de que el pasado 20 de octubre el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, removió de su cargo a Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por transgredir el Código de Conducta de la institución, se levantó alrededor de esta decisión una ola de especulaciones políticas y una serie de interpretaciones jurídicas que solo contaminan el ambiente de cara a la próxima elecciones presidencial de 2018.

De acuerdo con expertos en derecho constitucional, este caso es una suma de errores, porque hay un consenso en relación con que no se cumplieron formalidades ni las reglas de procedimiento. Y otro consenso jurídico que dice: “Alberto Elías Beltrán, como titular de transición de la PGR, carecía de facultades para destituir al fiscal especial de delitos electorales, ya que Santiago Nieto fue nombrado por el Senado, conforme al procedimiento establecido en la Constitución, el subprocurador carecía de legitimidad para removerlo”.

Estas dos vertientes son muy importantes porque son formales y de procedimiento, pero la que subsiste y subsistirá hoy, mañana y pasado, lo  restituya o no el Senado, es si violó el deber de reserva, de secreto; ese es el gran tema, no si se queda o se va Santiago Nieto, señalan constitucionalistas de la UNAM consultados.

Esto advierten porque sentaría un precedente muy peligroso, “si se permite esto, si se pasa de largo o no se atiende este tema ahorita, se empoderará a todos los ministerios públicos a que puedan hablar libremente de los asuntos que tienen en investigación”.

“Se rompe el deber de reserva legal que deben observar todos los funcionarios, ese punto sí es delicado, estamos hablando de estructuras, está bien que se restituya a Santiago Nieto, no hay ningún problema, pero, ¿el precedente?”

De acuerdo con el artículo: Caso Santiago Nieto: PGR vs. Senado  publicado el pasado 24 de octubre en Nexos por Luis Manuel Pérez de Acha, “las reglas constitucionales y legales imponen a la autoridad investigadora —ministerio público— la obligación de mantener reserva absoluta sobre la información, datos y documentos contenidos en las respectivas carpetas de investigación (“independientemente de su naturaleza”). El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales es tajante en este aspecto”.

El experto en derecho constitucional también destaca en su texto que “la persecución de delitos no es pretexto para que las autoridades cometan otros delitos en sus investigaciones. Implicaría un retroceso constitucional y vulneraría derechos fundamentales de las partes en los procesos penales…”

Por eso, dicen los juristas, este caso del extitular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales “se tiene que evaluar muy bien, es un tema muy delicado, porque el tema de Santiago Nieto es de coyuntura, pero el precedente que se establezca es lo relevante”.

Señalan que “la materia, la sustancia es jurídica y el debate es político, lo jurídico y lo político no empatan, no tienen por qué cuadrar en nada, porque el Senado se rige por leyes, se rige por la Constitución, pero es un órgano político por definición”.

“Los nombramientos de procurador y de fiscales especiales pasan por el Senado, por la evaluación política que hace del tema, y porque la Cámara Alta es un contrapeso, ahorita tiene que funcionar como tal, pero sin perder de referencia lo jurídico. Los senadores no la tienen fácil, es un tema muy espinoso, pero interesante”, señalan los constitucionalistas.