“Los Derechos Humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndalos. Promuévanlos. Entiéndalos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos… Son lo mejor de nosotros. Denles vida”. Kofi Annan.

Después del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el que acusaba al gobierno venezolano de violación de diferentes libertades durante las protestas sociales en el segundo trimestre de 2017, toca ahora el turno de evaluar el impacto en la población mediante las Audiencias de Washington, es decir, parte del proceso de investigación que realiza la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el señalado país sudamericano.

Las sesiones iniciadas a mediados de septiembre, en un contexto en la que la República Bolivariana de Venezuela ha tenido distanciamiento con la OEA debido a los intentos de aplicar la Carta Democrática a esta nación, lo que ha dificultado sanciones o incluso una eventual salida de la representación venezolana de este organismo. Cabe destacar que el pasado diciembre, otro bloque internacional como el Mercado Común del Sur (Mercosur) suspendió los derechos de Venezuela debido a las deficiencias en las políticas públicas de derechos humanos, democracia, comercio o libertades sociales que aquejan a su población.

¿Qué se puede esperar de las Audiencias de Washington acerca de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela? Por una parte las alianzas entre países podrán ser apoyos para las distintas posiciones, por lo que naciones amigas del régimen de Nicolás Maduro como Nicaragua o Bolivia –Cuba no participa- condenarán las acusaciones en contra de su aliado e impedirán que pueda ser juzgado en tribunales interamericanos. Por otra parte, otro bloque de países han condenado los sucesos de violencia derivados de la represión de las fuerzas armadas gubernamentales hacia los opositores.

Las Audiencias de Washington son llevadas a cabo por un grupo de juristas independientes que estudian los casos registrados en Venezuela. Si bien las investigaciones se llevan a cabo en las instalaciones de la OEA se puede dar un proceso histórico en la defensa de los derechos humanos.

Quizás sean estos preparativos de juicio por lesa humanidad o las amenazas del Presidente Donald Trump para llegar a una solución en los problemas venezolanos lo que ha contribuido a una flexibilización en las opiniones del mandatario venezolano Nicolás Maduro en las últimas fechas. No obstante, el plan elaborado por la Secretaría General de la OEA –encabezada por el ex canciller uruguayo Luis Almagro- entregará un informe de las cuatro sesiones programadas. Asimismo, más de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil proporcionan la información y evidencias de los sucesos violatorios de las garantías individuales acaecidas durante las manifestaciones en Caracas y otras ciudades venezolanas. Además, el proceso se fortalece con acusaciones y condenas de otros países miembros del organismo continental, por lo que funcionarios de naciones miembros podrán declarar en dichos juicios. Ejemplo de ello es la participación de legisladores de países sudamericanos como Argentina, Colombia, Chile o Perú.

Por tanto, la Corte Internacional Penal (CIP) tendrá argumentos para tomar una resolución acerca de los crímenes de lesa humanidad perpetuados por servidores públicos de la República Bolivariana de Venezuela. Independientemente de un fallo a favor o en contra de la administración presidida por el Presidente Maduro, la crítica internacional definirá a su gobierno como un régimen con elecciones parciales y arregladas por el estado, encarcelamiento y amenazas a los opositores como Leopoldo López, Antonio Ledesma o manifestantes contra la Asamblea Constituyente. Asimismo, este gobierno será recordado por la devaluación fulminante, escasez de alimentos, medicinas o dinero; distanciamiento de las relaciones comerciales e internacionales, censura de arte o medios de comunicación, falta de médicos, entre otros satisfactores de primera necesidad en la población.

Las Audiencias de Washington tienen jurisdicción sobre Venezuela no tanto por su membresía a la OEA, sino por ser país integrante del Tratado de Roma de 2002, lo que lo hace parte de la Corte Penal Internacional. Por tanto, estas sesiones serán una oportunidad de ahondar en las acusaciones para obtener un dictamen. No obstante, en al menos uno de estos actos ha sida notoria la ausencia de la delegación venezolana, por lo que su falta de presencia hace al gobierno cómplice de estas acusaciones.

Pese a la respuesta gubernamental de considerar ilegales los diálogos celebrados en la capital estadounidense, esta es una oportunidad para escuchar las voces de los opositores que no se han podido expresar, ya sea por la violencia recibida en Venezuela o debido a la migración por el peligro a su integridad o la precariedad económica en la que vivían en su localidad de origen. Este factor puede dar un mayor peso a las acusaciones contra el actual régimen venezolano, en una situación de equidad y sin miedo a represalias.

Algunas voces han considerado estos esfuerzos como un avance de gran trascendencia en la búsqueda de garantizar las libertades en el país sudamericano, lo que puede ser un precedente para contar con pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro en el Tribunal de La Haya. Así, el diálogo de venezolanos oprimidos con embajadores puede contar con el apoyo de una veintena de países miembros de la OEA para que pueda existir justicia. Si bien hay antecedentes como los juicios por lesa humanidad en contra de la dictadura argentina de finales de la década de los setentas y ochentas, la novedad que puede suceder en Washington es una unión de instancias internacionales con cooperación directa de víctimas que puedan concluir en una resolución de trascendencia histórica.

*Doctor en Humanidades, Universidad Latinoamericana.