La Casa Blanca declaró la emergencia de salud pública, no por la influenza humana o la gripe aviar, sino por el abuso de medicamentos derivados de sustancias opiáceas; un aspecto que retomó el análisis sobre la libre venta de esos productos médicos. El presidente Donald Trump hizo este pronunciamiento luego de reunirse con legisladores, funcionarios y miembros de familias afectadas por este caso de dopaje terapéutico.

Como estadunidenses no podemos permitir que esto continúe. Es hora de liberar a nuestras comunidades de este flagelo”, dijo. “Si podemos educar a los jóvenes, a la gente en general, a no empezar, realmente será muy fácil no consumirlas, y creo que esto acabará siendo los más importante.

Aunque esta decisión ya la había previsto desde que tomó el poder, en realidad se abstuvo de manejar la situación como una “emergencia nacional”, ya que eso le hubiera permitido liberar de inmediato muchos más recursos federales a los estados para enfrentar la epidemia.

La iniciativa tendrá una duración de 90 días, con la posibilidad de renovarse tantas veces se considere necesario. Entre los medicamentos opiáceos que han causado esta emergencia se encuentran los analgésicos de receta controlada Percocet y Oxycontin, la heroína y el opioide fentanilo.

Como alternativas, se buscará que los pacientes tengan un mayor acceso a “tratamientos de telemedicina” para personas en áreas rurales, como la región de los Apalaches y del llamado Cinturón Industrial (Rust Belt), especialmente afectados por la crisis de opiáceos.

La medida fue declarada en momentos en que se tienen estadísticas de que 142 estadounidenses mueren diariamente por sobredosis de drogas, y un poco más de 100 de ellos por consumo de opiáceos.

Tan sólo en 2016, se reportó la muerte de al menos 64 mil personas por sobredosis de droga, 22 por ciento más que en 2015; lo que indica un factor en aumento que según expertos advierten que sería la principal causa de muerte entre la población menor de 50 años en la Unión Americana, superando las cifras ocasionadas por los accidentes automovilísticos y homicidios por armas de fuego combinados.