Al calificar de inconstitucional las propuestas de los partidos políticos de renunciar a los recursos públicos que se les asignen con fines electorales, el jurista y académico Diego Valadés señaló que destinar estos recursos a cualquier otra actividad puede vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral de 2018, y se abrirían la puerta a un régimen plutocrático en cual decidirían los grandes grupos de interés que los financiarán.

Al participar en la conferencia ¿Es posible hacer vida democrática sin dinero?, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que los partidos políticos que decidan renunciar a sus recursos para que sean asignados a la reconstrucción luego de los sismos, podrán ser merecedores de una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El INE tendrá que rechazar todas las justificaciones de gastos y tendrá que responsabilizarlos por desvío de los recursos”. Dijo que al ser recursos públicos “tienen que rendir cuenta pública, como cualquier institución”.

Explicó que en caso de que algunos partidos renunciarán a sus recursos y otros no, se abriría la posibilidad de que hubiera muchos argumentos para la anulación de la elección, lo que desembocarían en un periodo de incertidumbre.

Precisó que el hecho de que los partidos políticos dejen de percibir el 100 por ciento de los recursos públicos haría que dejen de ser entidades de interés público por lo que se convertiría en entes de interés privado. “ a los que las minorías sin dinero no podrían acceder para ser representados, lo que a su vez, podría considerarse discriminación política y violaría otros principios constitucionales”.

Tras afirmar que un recorte en el presupuesto de los partidos políticos también podría violar la normatividad laboral pues se podrían estar tomando los recursos destinados al pago de nómina de sus trabajadores, Valadés dijo que el hecho de “que una organización política diga que puede ir a campaña electoral con cero recursos y sin personal es una falta de seriedad”.

Pese a que admitió que los partidos sí pueden renunciar a sus prerrogativas, advirtió que no pueden acordar con el Poder Ejecutivo el uso que se les va a dar a estos recursos.

“Hay un principio general en el cual el cumplimiento de la ley no está sujeto a pactos. Los recursos que se revierten a la Tesorería por no utilización por parte de los entes que los tenían presupuestados, no queda sujeto a que estos entes determinen su destino”.