Hay un cuento romano que narra la historia de un ciervo que se creía elegante por su cornamenta, y ninguneaba sus patas, por feas. Un día en plena cacería, sus astas se atoraron entre los arbustos dejando al animal expuesto a los cazadores, entonces se dio cuenta de que era más bien un adorno problemático, mientras que sus patas, la única posibilidad que tenía para escapar de la muerte. Esta es más o menos la situación de España: el primero de octubre, Cataluña votó por su independencia, lo que destapa un sentimiento que desde hace siglos ha amenazado con salir a flote.

La acción empañó totalmente la celebración del Día Nacional luego de once días, cuando mostró un federalismo español que cojea de un pie. Es aquí donde surge la disyuntiva: Cataluña es una solución ignorada por el centralismo español, o un problema que ya lanzó la bola de nieve del separatismo.

Tras el sismo independentista catalán, España se encuentra contra la pared. Busca una forma de legalizar cualquier intento de intromisión en esa comunidad autónoma, que está al filo de declarar su separación del Estado español. Un día después de su comparecencia ante el Congreso, el presidente Mariano Rajoy parecía amenazar a las autoridades catalanas para que definieran claramente sus intenciones independentistas, al aplicar la Ley 155 que autoriza a Madrid a intervenir en una comunidad autónoma si no cumple con las obligaciones establecidas en la Constitución española.

La comparecencia sonó más a advertencia. Así lo dejó entrever el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusado de corrupción durante el periodo en que fungió como alcalde (2011-2016), quien replicó horas después a Rajoy: “Pides diálogo y te responden poniendo la 155 sobre la mesa”. La mencionada ley contempla la adopción de medidas que serían destinadas a impedir una separación de cualesquiera de las regiones autónomas que integran la federación española. El Senado es quien debe aprobarlas, lo que sería prácticamente un hecho porque el Partido Popular, leal a Rajoy, tiene la mayoría absoluta en ese órgano legislativo.

Para rematar, Rajoy puntualizó: “Si Puigdemont vuelve a la legalidad, se pondrá fin a esta época de incertidumbre y volverá el sosiego”.

El juego de poder es evidente. Una de las preocupaciones es el uso de la fuerza, aunque por ahora se descarta, pues solo se recurriría a ella si las autoridades españolas lo consideran como “una cuestión extrema”. Al respecto, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, afirmó tener “la completa seguridad de que no va a ser necesaria” la intervención de las fuerzas armadas en Cataluña.

En todo caso, las opciones previas serían casi igual de severas, pues anticipa la inoculación del gobierno autónomo a través de suspender acuerdos con el gobierno central, iniciar sanciones y rescindir convenios con la región, es decir, imponer un bloqueo económico para restaurar la legalidad de la federación española. La situación fue asumida de forma burlona en las redes al publicar un meme donde un escuadrón de la policía élite catalana, armado hasta los dientes, sugiere: “¿Hablamos?”

El vicepresidente catalán Oriol Junqueras colocó un mensaje en redes sociales con abierta referencia al mandatario español: “Presidente, un diálogo sincero es el ruego de la comunidad internacional y lo que espera Catalunya, no la confrontación y nuevas amenazas”. Como quiera que sea, la independencia catalana está en el aire, Rajoy dio a Puigdemont un plazo de cinco días para que defina su posición antes de lanzar el poderío central contra esa región autónoma. Cabe destacar que la celebración del 12 de octubre fue realizado con un desfile en el que participaron más de cuatro mil militares y guardias nacionales bajo la consigna: “Orgullosos de ser españoles”. Una hispanidad que para Cataluña es un resabio del franquismo.

En opinión de Oriol Malló, escritor catalán y catedrático del ITAM y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Cataluña sufre ya un boicot internacional, pues la Unión Europea reconoce el Estado español no sólo como socio del bloque, sino como la única entidad con autoridad política legal, desconociendo plenamente la posible independencia de esa región autónoma. México también definió su posición en ese mismo sentido. Para el autor del libro titulado El cartel español. Historia crítica de la reconquista de México y América Latina (1898-2008), al pueblo catalán no le quedaría más que optar por la sublevación, que empezaría por una insubordinación burocrática luego de que el gobierno central suspenda sueldos y les imponga penas de prisión por apoyar actos ilegales. Esta es la entrevista que concedió a Siempre! vía correo electrónico.

La UE se deslinda de Cataluña

¿Qué impacto tendría una independencia de Catalunya tanto para el gobierno español como para la Unión Europea? 

La Unión Europea es un pacto entre Estados soberanos cuya estructura supranacional no actúa, decide o se entromete en asuntos internos de sus miembros. El apoyo de Bruselas a España es incuestionable y no cambiará bajo ninguna circunstancia. Solo razones de peso —la eventual e imposible llegada de un gobierno “chavista” (y Podemos ya anda muy moderado) o afín, por ejemplo, a Rusia— cambiarían hipotéticamente la percepción del tema catalán, pero ya que este supuesto no se dará en el flanco sur del espacio europeo, la UE no moverá una ficha más que para apoyar a su fiel, y devoto, socio madrileño. Incluso hechos de represión como los del primero de octubre o futuras encarcelaciones y suspensiones de la autonomía no variarán esta línea, pues la Comisión Europea sólo interviene en asuntos económicos y de seguridad, pero ni tiene ni quiere potestad para intervenir en asuntos de soberanía interna.

En palabras de un gran periodista y analista de La Vanguardia, Rafael Poch: “El factor popular la Unión Europea se lo pasa por el arco del triunfo, a menos de que esté en línea con los intereses oligárquicos y hegemónicos que son los suyos. La única hipótesis en la que esos intereses se volcarían en favor del secesionismo catalán sería aquella en la que el gobierno de España promoviera políticas sociales y una salida de la OTAN (ningún partido europeo ha ganado nunca unas elecciones con tal programa), contra un gobierno catalán neoliberal y atlantista”.

Cataluña y la vía de la insurrección

Algunos analistas creen que el gobierno español debe hacer reformas a la carta magna para ofrecer una mejor situación federal a las comunidades autónomas; ¿eso podría ayudar a una nueva forma de federalismo español?

Al no existir una vía legal por la cual el Estado soberano (ergo España) acepte la separación, la decisión unilateral de la ciudadanía catalana no sería reconocida por la Unión Europea. Esto no solo la haría inviable sino que anularía todos sus efectos, pues la administración catalana, es decir, todos sus burócratas y presupuestos dependen del gobierno central. Sin referéndum reconocido (caso Quebec o Escocia) solo queda una vía de facto, es decir, insurreccional o de no reconocimiento de la legalidad española, pero esto supondría la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la suspensión de sueldo y plazas para los funcionarios (burócratas) y multas o penas de prisión para ciudadanos que participen en actos ilegales o no autorizados.

Esto es lo que puede suceder una vez que el parlamento catalán reconozca los resultados del referéndum (ilegal) y se proclame por decreto la república catalana. No existe voluntad alguna por parte del gobierno español de encauzar el conflicto con algún tipo de concesión como la ampliación del Estatuto de Autonomía; un concierto económico como el del País Vasco o la apertura de una vía legal para la celebración de una consulta formal. La represión masiva y absurda —no impidió el refrendo— del primero de octubre ejemplifica que la vía del cierre de opciones y la conformación de un bloque constitucional, avalado por el rey con los debidos apoyos occidentales es y será la única vía a seguir.

Rendición y castigo para los que osaron exponer —y rebasar— el marco legal que rigió —y se acató— desde 1977. Romper los consensos y los amarres de la transición política española basada en acuerdos cupulares para el control y desarticulación de los movimientos sociales y alternativos a esta democracia de élites, vendida en el exterior como el exitoso e intocable modelo español. Justo lo que  este caótico, pero masivo movimiento popular ha puesto en evidencia frente al mundo.

Se dice que la secesión invocada por Carles Puigdemont no es más que un intento por evadir cargos de corrupción, ¿qué opina?

Puigdemont es uno de los pocos políticos del Partit Democratic de Catalunya (antigua Convergencia Democrática, que estuvo en el poder regional de 1980 a 2003) que no tiene cola que le pisen. Fue por años años periodista y jefe de redacción en un periódico de Girona llamado El Punt. Ese pasado, junto a sus convicciones personales —alejadas del cálculo de la supervivencia política que tienen muchos profesionales—, lo convierte en un hombre dispuesto a la prisión y al martirio, en la senda del fusilado presidente Companys. Su partido, tocado y hundido por muchos casos de corrupción, que llegaron al propio e intocable expresidente Pujol, se agarró de la bandera del independentismo para lidiar con una descomunal crisis interna y una constante presión judicial, pero, poco a poco, el partido que tuvo el mejor resultado electoral por su apoyo total al proceso soberanista fue un partido de centroizquierda, Esquerra Republicana de Catalunya que, de haber votaciones en los próximos meses, rebasaría ampliamente al PDC.

Oriol Malló.

Cataluña, ni ejemplo ni opción

Se dice que el referéndum catalán ha alimentado aún las esperanzas separatistas en el mundo: Brasil, Escocia, Kosovo, Chechenia…, ¿qué impacto considera que ha tenido al respecto?

No creo que el referéndum  o la fallida o “suspendida” declaración de independencia tenga ningún efecto dominó pues, en el marco occidental, los intentos legales han fracasado reiteradamente (dos veces en Quebec, una en Escocia) y todo lo que sucede fuera de la Unión Europea y el corazón de Norteamérica está sujeto a otras reglas de geopolítica. Estas se resumen en apostarle a los movimientos independentistas si sirven a un fin estratégico de disolver, destruir o reducir la fuerza de un enemigo. Así se hizo en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia o con el Kurdistán iraquí, pero incluso en este último caso Estados Unidos promovió algo que después no podía reconocer por miedo a enquistarse con aliados demasiado poderosos como Turquía.

Tras el referéndum, España ha empezado a implantar una política para que las empresas establecidas en Cataluña se retiren en caso de que opte por su independencia, ¿está preparada Cataluña para enfrentar un éxodo económico?

El asunto del traslado de sedes sociales fuera de Cataluña no es más que una forma que tienen las grandes empresas de mostrar su lealtad al marco institucional español sin tener que mover efectivamente planta laboral y oficinas centrales, aunque lo cierto es que estas medidas tienen un efecto simbólico y son parte de las medidas de presión que la gran burguesía ha adoptado con éxito creciente.

La declaración pospuesta de independencia destruye —y manda a casa— el movimiento masivo de estas últimas semanas y convierte a empresarios, políticos bisagra (como Colau o Iglesias y socialistas varios), en intermediarios para la desactivación parcial o total del plan de secesión catalana. Lo único que puede impedir la definitiva liquidación de las esperanzas soberanistas es que Madrid considere que la simulación de Puigdemont es real y aplique medidas extremas contra Cataluña.

De momento, el independentismo de PSC y ERC se ha suicidado para salvar las relaciones entre el poder político y el poder económico que por años definieron el “buen catalanismo” del “mal separatismo”. Sin embargo, no parecen considerar estos partidos que pagarán un alto precio si la población convencida y activista se da cuenta de que la hoja del ruta del independentismo fue un engaño, una distracción o un cebo para relajar tensiones internas e inventar una cruzada con chivo expiatorio externo —el eterno Madrid— que nunca pensaron llevar hasta las últimas consecuencias.