El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado este martes que la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, en el Senado sería “un buen paso” para un diálogo y la búsqueda de soluciones, pero ha advertido de que con la mera convocatoria de elecciones “no se arreglan las cosas”.
“Si no se habla, no se solucionan los problemas”, ha dicho Catalá en una entrevista en Radio Nacional, en la que, no obstante, ha confiado en que la posible comparecencia de Puigdemont en la Cámara Alta sea para aportar soluciones dentro de la Constitución y las leyes.
Pero si es para ratificar sus posiciones en torno a la independencia, “lamentablemente no podemos ir más que con las medidas aprobadas por el Gobierno”, es decir, con las del artículo 155 de la Carta Magna.
El titular de Justicia ha opinado que exclusivamente con una convocatoria de elecciones en Cataluña no se arreglan las cosas, sino que debería estar acompañada de que Puigdemont concretara si declaró la independencia ante el Pleno de Parlament y si acata las leyes y la Constitución.
Aunque ha recordado que el presidente catalán “ha tenido muchas oportunidades” de rectificar y no lo ha hecho hasta ahora, Catalá ha dicho sentirse confiado y moderadamente optimista.
Respecto a la posibilidad de que, si se declara unilateralmente la independencia, Puigdemont pueda ir a la cárcel, el ministro se ha limitado a afirmar que sería un “flagrante incumplimiento de las leyes”.
No ha querido anticiparse a la posibilidad de que Puigdemont incurriera en un delito de sedición y rebelión: “No hay que anticipar estos hechos; son penas de privación de libertad de muchos años, son palabras mayores”.
Tras reconocer que es muy difícil saber lo que va a pasar y recordar que los parlamentarios catalanes cuentan con maneras de “salvar su responsabilidad” en una posible votación de la independencia (no participar en la votación o votando en contra), Catalá ha asegurado que “no es tan difícil separarse de esa locura a la que se está llevando a Cataluña”.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado hoy que la eventual convocatoria de elecciones autonómicas por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no bastaría para cumplir el requerimiento del Gobierno porque no supondría, por sí sola, volver al orden constitucional.
En una entrevista concedida al programa ‘Los desayunos de TVE’, De la Serna ha precisado que ahora la decisión corresponde al Senado, que tiene capacidad para modificar las condiciones en las que se aplicaría el artículo 155 de la Constitución.
El titular de Fomento ha recalcado que lo que se ha pedido a Puigdemont es “devolver al Govern y al Parlament a la normalidad”. Según De la Serna, “no se trata sólo de convocar unas elecciones”, sino de “volver al orden constitucional”.
“Aunque sería un paso importante, no implica que el origen del 155 se vaya a restaurar. Eso el Senado lo tiene que considerar”, ha dicho. El ministro ha reiterado que el Gobierno no quería aplicar el artículo 155, pero ha dejado claro que es su “obligación” y su “responsabilidad”.
De la Serna ha asegurado que el planteamiento del Gobierno respeta el autogobierno y la autonomía de Cataluña, y los derechos de los catalanes. “No hay nada escrito sobre el 155. Estamos trabajando sobre una propuesta razonable”, ha dicho.
El titular de Fomento ha señalado que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que hacer” y “ahora toca esperar” al Senado, que debe decidir las condiciones en las que se aplica el artículo 155. “Pensar que es inamovible lo aprobado por el Consejo de Ministros es ir demasiado lejos”, ha apuntado.
De la Serna ha afirmado que el Gobierno y los distintos ministerios están “preparados” para aplicar el artículo 155. En el caso concreto de Fomento, ha explicado que, llegado el caso, el ministerio debería gestionar las infraestructuras que son de titularidad de la Generalitat de Cataluña, como puertos y autopistas.
El ministro ha destacado que el Ejecutivo tratará de “hacer sencillo lo complejo” y que las medidas se tomarán “de forma gradual y proporcionada”. De la Serna ha dicho que no cree que los funcionarios catalanes vayan a obstaculizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña en caso de aplicarse el artículo 155. En caso contrario, ha señalado, la situación “puede requerir algún cese”.