Avanza la guerra político electoral de 2018. La remoción del titular de la Fepade, Santiago Nieto, y su futuro por el caso Odebrecht sacudió el avispero. Las repercusiones en el escenario político se incrementan lo mismo que las especulaciones, algunos hablan de que en el ámbito electoral deberán darse severas sanciones económicas al PRI por este caso, si se comprueban las acusaciones —ahí está el precedente del Pemexgate y Amigos de Fox—;  otros van más allá: retirarle el registro al partido en el poder

Hay muchos elementos para la rispidez; la falta de credibilidad de las instituciones, los enfrentamientos en las Cámaras, partidos que van en contra de las reglas que sus propios legisladores aprobaron, una ciudadanía profundamente desencantada y la cercanía de un proceso electoral donde la incertidumbre será la constante. Todo ello  hace que el papel de la Fiscalía Electoral y de su representante resulte fundamental.

Para la presidenta del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacquelin Peschard, la destitución de Santiago Nieto muestra las resistencias para avanzar en la ruta de la independencia de una fiscalía especializada, una autonomía que le permita  llevar a cabo las investigaciones y juicios sobre actos de corrupción de los funcionarios.

Destaca en su texto publicado en El Financiero que esta fiscalía que anteriormente se dedicaba a perseguir ladrones de credenciales, elevó sus miras en los últimos tiempos, particularmente en 2017, para combatir el desvío de recursos hacia las campañas políticas y donde el tema de la corrupción se colocó en el centro de la agenda de procuración de justicia.

México no acostumbra respetar la ley electoral

Héctor Díaz Santana, especialista en materia electoral y quien fungiera como coordinador de asesores en la Fepade en 2004-2005, señala a Siempre! que en Europa no hay tribunales ni fiscalías electorales porque no se necesitan y también hay elecciones, mientras que, en México, “tenemos estas instituciones porque son fundamentales, porque en el proceso somos un país no acostumbrado a respetar la ley electoral”.

Asegura que no es un tema superficial, ya que basta ver el número de denuncias que se presentan en la fiscalía: “no hay país en el mundo que tenga tantos asuntos resueltos por una instancia electoral. El tribunal electoral en ocho años conoció más de160 mil casos, no hay ningún precedente”.

¿Por qué? se le pregunta, y responde: “porque hay una alta polarización, un alto descontento y muchas impugnaciones de sectores políticos porque algunos no respetaron, otros hicieron trampa o tuvieron una ventaja. Si nosotros tuvimos alta demanda ante incidentes y buscamos justicia electoral, lo que tenemos que hacer es obedecer a las instituciones, no debilitarlas”.

Díaz Santana señala que nuestro país, luego de 27 reformas, cuenta con uno de los mejores sistemas electorales en el ámbito internacional, sin embargo, no avanza en otros puntos fundamentales, como garantizar a la fiscalía electoral, “las garantías que todo órgano debe contar: autonomía, eficacia, profesionalismo y experiencia”.

El también investigador y catedrático del Ciesas del Politécnico y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, recuerda que en 2014 se hizo una reforma importante que se aplicó el año siguiente donde el Senado designó en un proceso plural, abierto, público al fiscal e incorporó una serie de disposiciones para garantizarle que pudiese actuar con total autonomía.

 

Fiscalía depende de la PGR

El problema es que a diferencia del INE y del Tribunal Electoral, la fiscalía electoral prácticamente depende financiera e institucionalmente de la PGR; hablo de presupuesto y personal de la PGR. La Fepade tiene muy pocos elementos, ni siquiera tiene un servidor público para atender cada uno de los distritos electorales del país. Hay un auxiliar de la PGR en la recepción de denuncias, en la elaboración de cierto tipo de dictámenes, en la parte pericial y en la parte de investigación policial.

La Fepade, a diferencia del INE y del  Tribunal, no puede actuar con total autonomía, aunque sus disposiciones, su marco teórico dice que es una fiscalía especializada —de carácter permanente— y tiene una autonomía técnica, por reglamento de la ley orgánica de la PGR, pero en la práctica, depende de la PGR.

¿Qué quiere decir? Que en un caso de esta naturaleza que tiene un carácter transversal y multidimensional, todos los temas son electorales y multidimensionales porque para investigar requiere de otras instancias y siempre hay un tema de procuración de justicia penal que tiene un impacto político. En materia electoral siempre va a haber una parte política que no va a reconocer que posiblemente haya cometido el acto ilícito.

¿Qué repercusiones podría tener en el ámbito electoral el caso Odebrechet?

Es uno de los grandes dilemas porque el tema escala. No sé si alguien hubiera pensado que la aprobación del presupuesto tuviera una vinculación con el tema o la situación que hoy se viven en el Senado, pero las consecuencias ya las estamos viviendo.

Ya se hizo la apertura del proceso electoral. Se iniciarán las precampañas que es cuando realmente se requiere de la supervisión del fiscal para que no se cometan irregularidades graves que afecten el proceso, que esos son los delitos, irregularidades graves, porque hay irregularidades administrativas y penales que son las que generan mayor gravedad a la libertad y a tener un voto libre y secreto.

Y cuando ni siquiera llegan a las precampañas ya tenemos un tema político que de ninguna manera incide en ninguno de los tres actores fundamentales del sistema electoral mexicano, como la fiscalía electoral.

 

En materia electoral siempre hay especulación

Hay una serie de especulaciones, se dice que el caso Odebrecht podría causarle graves daños en este caso al PRI, como imponerle fuertes multas. ¿Que situaciones podrían desencadenarse?

En materia electoral siempre hay un alto nivel de especulación, por eso la fórmula para un sistema democrático y de derecho lo primero que requiere es llegar al final, esperar a que las autoridades responsables, si son administrativas o penales, integren sus expedientes y tomen resoluciones que concluyen en una vía judicial. Si es un tema penal será un juzgado de distrito en materia penal el que resolverá; si es un tema de la administración electoral tendrá que atenderlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial y resolver.

No es un caso fácil y es que una de las características de la justicia electoral, a diferencia de las demás, es que es una justicia muy estricta, muy rápida, tienen que resolver en meses, cuando en otros pueden llevar años, por ejemplo, en las elecciones para un estado, hay impugnaciones en el Tribunal estatal, se viene el Tribunal federal y este, en mes, mes y medio deberá resolver, porque tienen que tomar posesión del cargo.

Este tema es muy complicado, es una investigación que no solo tendrá que recopilar evidencias a escala nacional sino al tratarse de una empresa extranjera deberá solicitar el apoyo de otros gobiernos, y esos procesos diplomáticos son muy tardados.

Esperemos la resolución de los tribunales y luego generemos juicios de valor, aunque en materia político electoral esto parece imposible. Como usted dijo, siempre habrá especulaciones y este va a ser un referente importante para que los actores políticos lo utilicen en sus campañas. El efecto que pueda tener es difícil predecirlo, no sé si un escándalo político podía ser determinante, aunque en algunos casos sí lo ha sido.

Falta mucho para las elecciones, un poco más de ocho meses y no sé si el escándalo soportará la parte más álgida de la campaña que es el mes de abril.

Ya está el precedente del Pemexgate y amigos de Fox…

Hay un criterio por parte de autoridades electorales que, cuando existe un financiamiento ilícito, se da una multa del doble del dinero recibido pero no sé si en el caso de que se comprobara, generaría una gran afectación, porque después del sismo, prácticamente los partidos estaban en la disposición de entregar una parte importante de su financiamiento público. Aunque ahora viene la pregunta, con una multa de esta naturaleza, qué tanto les afectará en la campaña.

Hay tanta especulación que tendremos que escuchar las pruebas que presenten y los debates que se susciten para tener un juicio de valor. En estos tiempos debemos tomar el escándalo político con pies de plomo y no dejarnos llevar por especulaciones.

Tanto el fiscal argumenta que él no cometió las posibles faltas que le están atribuyendo y, por otro lado, la fiscalía también tiene una posición que habrá que escucharlas, observar, ver las evidencias y entonces se podrá determinar.