El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que 47 de cada 100 mexicanas de 15 años y más han tenido al menos una relación de matrimonio o noviazgo violenta, en donde han sido agredidas por su actual pareja o última pareja. Los casos de Lesvy, Valeria, Jessica, Anayetzin y Mara menores de 30 años, presuntamente murieron a manos de sus parejas o de personas cercanas a ellas.
La indignación de la sociedad por el incremento de violencia en contra de las mujeres ha generado que los casos sean expuesto en redes sociales para ejercer presión y se haga justicia, destacaron especialistas.
Los casos como los de Valeria, Lesvy o Mara han sido visibles por la cobertura mediática que se les ha dado, así como por la empatía que despertaron entre la sociedad por la forma en la que fallecieron, indicó Ana Yeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF).
Las cuatro víctimas que murieron en los últimos años tenían en común ser alumnas o haber concluido sus estudios recientemente, haber tomado el transporte; haber sido violentadas y ser asesinadas ante la presencia o a manos de sus parejas.
“Han despertado la indignación de la sociedad por las condiciones en las que fueron asesinadas, por lo cercanas que fueron sus muertes, se trataba de estudiantes y eso indignó a grupos universitarios, lo cual se replicó a otros sectores de la sociedad”, dijo Pérez Garrido a El Universal.
Las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son: Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas. Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el Estado de México.
De enero de 2015 a diciembre de 2016 se han registrado 2 mil 83 homicidios contra ellas en 15 entidades del país y sólo 25% se investigan como feminicidios; en la CDMX en 2016 se registraron 152 casos, en los que va de 2017 se han contabilizado 87.
La representante del organismo indicó que la falta de información desagregada impide dimensionar la proporción del problema y establecer si existe un perfil sobre las víctimas. Existen estados que no proporcionan datos, ni siquiera los clasifican como feminicidios.
Pérez Garrido explicó que la impunidad es un factor que está denotando la ejecución de estos ilícitos, puesto que los casos no han sido esclarecidos. El gran reto es trasladar la indignación que ha manifestado la sociedad a las instituciones y exigir a las autoridades garantizar la seguridad de las mujeres.
Por su parte, Eruviel Tirado, investigador de la Unidad de Seguridad Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, manifestó que el Estado falla en garantizar la seguridad hacia las mujeres y en implementar políticas de prevención de la violencia.
“Mecanismos como la alerta de género parecen quedarse en el papel porque no están funcionando ya que personal de instituciones como ministerios públicos o procuradurías estatales no están capacitados para no revictimizar a las que acuden a denunciar un delitos”.
El investigador destaca el papel importante que han jugado las redes sociales para visibilizar los casos registrados. “Como cualquier otra joven Mara salió de noche a una fiesta, subió a un taxi para llegar de forma segura a su casa, lo cual nunca ocurrió. El caso de Mara hizo a los estudiantes y a la población en general movilizarse porque esta situación le pudo suceder a cualquiera”.
Eruviel Tirado reveló que 43% de las mujeres han sufrido violencia emocional, 14% de cada mil 100 ha padecido alguna forma de violencia física y siete de cada 100 sexual. El feminicidio es el punto extremo al que llega la violencia contra las mujeres.
Para la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, Sandy Muñoz Miranda, las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres han tenido impacto en la población. Resaltó que la falta de una investigación adecuada de los asesinatos culmina en impunidad y no se sancionan a los delincuentes.
“La alerta de género no tiene un gran impacto en los estados donde se han declarado, es un mecanismo muy noble, porque busca impulsar políticas públicas a favor de las mujeres, pero la realidad es que los servidores públicos no atienden la alerta de género, no se ve ninguna mejora.
Jorge Alberto Lara Rivera, experto en temas de seguridad de la Universidad Panamericana, consideró como un “punto ciego” la falta de información sobre los feminicidios. En gran parte se debe a que el Ministerios Público no clasifica los homicidios bajo ese concepto debido a que no logran recabar los suficientes elementos.
Hasta julio de este año, la alerta de violencia de género se han declarado en municipios de 12 entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.