Todavía no podemos determinar las consecuencias políticas, económicas y sociales de los terremotos. Las están teniendo y continuarán, aunque no sabemos sus alcances. Pero sí afectarán el proceso electoral. Ha habido un justo reconocimiento a la espectacular movilización de la sociedad civil, particularmente de los jóvenes. Aprendimos de las lecciones de 1985. Se reconocen las medidas de prevención que se adoptaron, requisitos de construcción, alarmas, cámaras. Un editorial de The New York Times considera que México dio lecciones a California. Ha contribuido a mejorar nuestra deteriorada imagen internacional. Han recibido un mayor reconocimiento público el presidente, el jefe de Gobierno y, particularmente, las fuerzas armadas.

En referencia constante a 1985, los daños en la Ciudad de México son menores, aunque significativos. Pero ahora se agrega la más compleja situación de Oaxaca, Chiapas y Morelos, los estados más pobres del país, con la población más dispersa. Pasada la “luna de miel” de la “solidaridad” ciudadana, irán aflorando los “oscuros”, la corrupción generalizada en la Ciudad de México y la mayor parte de sus delegaciones, irregularidades en todo lo que se refiere a la construcción, permisos, ausencia de registros de la propiedad, deficiencias de la infraestructura y, de manera grave, el agua.

La irritación ya afloró por el despilfarro de los partidos en su gasto electoral frente a las carencias sociales. Estos tuvieron reacciones excesivas con sus recortes “voluntarios”, ocurrencias y, la más equivocada, la del PRI, ¡eliminar a los plurinominales!

A medida que se mezclen los tiempos con el proceso electoral, ¿quién capturará a los descontentos? Previsiblemente esta irritación irá creciendo contra todos los que tienen el poder político, sea gobierno federal, estados, municipios, delegaciones; es decir, crecerá el sentimiento “anti establishment”. En Morelos, el campeón de irritación social es el gobernador del PRD; en la CDMX, varios delegados, como el de Xochimilco. Irán aflorando más escándalos de corrupción.

Uno de los principales problemas es cómo avanza la reconstrucción en los Estados más pobres del país donde se pierden hospitales, cientos de escuelas, miles de viviendas, de quien no tiene nada; poblaciones dispersas, inaccesibles. Si el proceso de reconstrucción no avanza rápido puede haber serias tensiones sociales y, en todo caso, ¿el voto lo capturará el candidato más antisistema?

El daño de los terremotos y su reconstrucción puede ser una gran oportunidad de reconstrucción social a gran escala, el inicio de un proceso de cambio económico y social en la estrategia de desarrollo.

La economía del país, las finanzas públicas, no están tan maltrechas como estaban en 1985, con una virtual situación de quiebra financiera. Sin embargo, no hay mucho espacio fiscal de maniobra; nuestro nivel de deuda y su servicio es alto, no se pueden aumentar impuestos, el gasto corriente es elevado y la inversión pública se ha recortado en exceso; la Secretaría de Hacienda estaba justamente haciendo un ajuste de tendencia.

Se tienen algunos elementos preventivos, atinados, el gran Fondo de Desastres, el Fonden, el bono catastrófico, las participaciones a los estados han crecido mucho gracias al esfuerzo recaudatorio del gobierno federal, ¡lo mejor que pueden hacer nuestro virreyes es no desviar el dinero y gastarlo bien en la reconstrucción! Ellos sí tienen margen de maniobra. El presupuesto federal tendrá campo para hacer algunos reajustes y resignaciones. El primer costo estimado por 60,000 millones de pesos será bajo, como poco realista es el cálculo de desabastos y la consecuente alza de la inflación en la industria de la construcción y en los alimentos.

No debemos volver a hacer las cosas iguales y solo “poner parches”. Lo más importante sería diseñar un gran plan de desarrollo regional sur-sureste de gran alcance, que vaya más allá de las zonas económicas especiales y se articule mejor. Ello permitiría corregir una de las asignaturas pendientes del Tratado de Libre Comercio, la desigualdad de esta zona frente al resto del país, que se profundizó.

Este plan debe descansar en hacer el mayor esfuerzo de inversión pública en infraestructura, no solo grandes proyectos detonadores, como el “canal seco” del Istmo de Tehuantepec, sino también pequeños proyectos de alto impacto social, como los caminos de mano de obra rural. Un gran programa de vivienda en que participen todos los organismos de vivienda. Deben coordinarse en este esfuerzo todas las instituciones relevantes: toda la banca de desarrollo, particularmente Banobras, Nafin y Financiera Rural, que deben aportar recursos, articulados en apoyo de este programa de desarrollo regional, así como la banca comercial y las Afores. Desde luego, esta política debe estar respaldada por la política de salud de alcance general de la Secretaría del ramo, el ISSSTE y el Seguro Social. Todo el aparato de educación pública, incluyendo universidades e institutos tecnológicos. La inversión privada debe contar con subsidios fiscales e invitarlos a unirse a proyectos públicos y privados. La inversión energética en nuevas fuentes eólicas y solares tiene un gran potencial.

¡No debe desaprovecharse esta oportunidad para hacer una construcción institucional de la que hemos carecido! Trabajar un esquema de fortalecimiento de la administración municipal y, al reconstruir, no hacerlo igual, sino introducir mecanismos de planeación y regeneración urbana, con criterios ambientales.

Esto no es un esfuerzo de corto plazo. Debe ser un aliento consistente planificado de mediano plazo que inspire confianza y asegure continuidad. Debe formar parte de una transformación del conjunto de la estrategia económica hacia un crecimiento acelerado, de base amplia e incluyente. Si eso ocurre, se podría decir que los terremotos propiciaron no solo una movilización social solidaria, sino que se orientó esa gran energía social, por el cauce de una regeneración nacional de nuestro proceso de desarrollo económico.