Lo que pasa, pasa; lo que no, se atora.
 Filósofo de Güemez

La renuncia del doctor Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República debiera despresurizar las tensiones entre las bancadas de senadores y diputados. Al menos lo suficiente para que, si son responsables, empiecen por revisar las iniciativas que le darán forma a la Fiscalía General de la República.

Eso sería concentrarse en lo esencial, en lo prioritario, pues la discusión que provocaron los anayistas con aquello del “fiscal carnal”, llevó la atención a los objetivos equivocados, al focalizarla en la persona del doctor Cervantes, en lugar de ocuparse de la construcción de la nueva institución.

Un falso debate por razones electoreras. Explicable en los tiempos que vivimos, pero que, como se dijo antes, les fue útil para difundir la idea de que el fiscal general de la república debe ser autónomo e independiente.

Así aprovecharon la desmemoria, pues nadie, ni tantos y lúcidos observadores de la república les dijo a los anayistas y sus aliados en las belicosas organizaciones de la sociedad civil que la reforma constitucional para crear la fiscalía dice precisamente eso: que será independiente y autónoma.

Aun en medio de las discusiones bizantinas de las ONG y las fuerzas políticas, el exprocurador Cervantes se dedicó a elaborar una propuesta de diseño de la fiscalía, un diseño que cumpliera con los requisitos constitucionales y con los fines para los cuales la aprobó el constituyente permanente.

Deja esa propuesta, a partir de la cual las bancadas del Congreso deben elaborar la legislación que le dé forma y estructura a la fiscalía.

Si, como dicen los anayistas, la renuncia de Cervantes tranquilizó las aguas en el Poder Legislativo, es su oportunidad de probar que de verdad quieren crear una fiscalía.

Hecho eso, entonces podrán discutir quién podrá ser el titular. Los requisitos, según los personajes de las organizaciones de la sociedad civil y de la oposición en el Congreso, son simples: preparación técnica, apartidista y probidad.

El problema con el “apartidismo” es que, si queremos un fiscal que tenga capacidad técnica, tiene que haber trabajado en las instancias de la procuración de justicia, con gobiernos de uno y de otro signo. Y si eso basta, como dicen los maniqueos, para rechazar su apartidismo, corremos el riesgo de escoger a la persona equivocada y condenar al fracaso a la fiscalía.

Así que, desde ahora, todo depende de los senadores y diputados. Y, claro, de que echen de lado la “efervescencia política” que les ha llevado a actitudes a veces irracionales.

En cambio, si prevalecen los intereses electoreros y quieren llevar el tema hasta la campaña política, pues traicionarían los principios que dieron origen constitucional a la fiscalía.

Todo depende de las bancadas del Congreso. Si siguen encrespados, no habrá iniciativa que sea aprobada, le darán la razón al Filósofo de Güemez, “lo que pasa, pasa; lo que no, se atora”.