El martes pasado se registró nuevamente un motín dentro del penal de Cadereyta, Nuevo León, dejando un saldo de 17 muertos. Desde mayo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había advertido que en el reclusorio había un autogobierno de los internos.
“El problema de las condiciones de autogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada, quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades”, destacó la organización.
Se pidió al gobierno de la entidad realizar acciones para remediar el problema. Aldo Fasci, vocero de Seguridad de la Administración estatal, aseguró al diario Reforma que es urgente instalar un penal de máxima seguridad en Nuevo León, pues los tres penales del estado están diseñados para atender reos de mediana y baja peligrosidad.
“Ahorita hay puros reos de alta peligrosidad y los penales que tenemos son de baja y mediana peligrosidad, tienen escuelas, talleres, campos de futbol, beisbol, hasta cine y restaurantes”.
Reconoció que la entidad no cuenta con la infraestructura penitenciara necesaria para controlar el número de reos que alberga, ya que sus instalaciones son obsoletas y están sobrepobladas. “Si no arreglamos la infraestructura, nunca vamos a arreglar el problema”.
El penal de Cadereyta cuanta con dos mil reos, pese a que sólo tiene capacidad de hasta mil 200. Está sobrepoblada en un 67%, y al menos el 80% son considerados como peligros, es decir, pertenecen a diferentes grupos de la delincuencia organizada.
“Necesitamos nuevos penales, refundar todo el sistema penitenciario, no funciona, son mentiras que funciona el sistema penitenciario, lo diseñaron para un sistema penal que apenas estamos iniciando”.
Fasci reconoció que el sistema penal de Nuevo León no funciona, está obsoleto. El penal más viejo tiene 80 años, el más nuevo tiene 30 años, cuando se construyó jamás se imaginaron que iban a suceder los crímenes que estamos viviendo, mencionó.
Negó que durante la intervención policial haya existido violación a los derechos humanos. Destacó que es necesario invertir en la construcción de nuevas áreas para albergar a los reos peligrosos, para lo cual el estado requiere de 2 mil millones de pesos.
Entre los fallecidos, del reciente enfrentamiento, se encontraban 11 secuestradores o integrantes de la delincuencia, y cinco eran procesados por delitos graves violentos.
El pasado 27 de marzo, un motín de dos días en el penal de Cadereyta dejó al menos cuatro internos muertos y ocho heridos. Los reos protestaron contra las revisiones y el decomiso de drogas.