Tres acontecimientos de suma importancia para los derechos humanos tuvieron lugar en fecha reciente. El primero de ellos fue la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada, la que literalmente le fue arrancada por el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a quienes en el seno de la Cámara de Diputados conspiraban y se oponían a la entrada en vigor de este relevante instrumento humanitario.
La trascendencia de dicho acto legislativo fue puesta de relieve con la brillante intervención de la diputada Ernestina Godoy: “México es el único país donde la desaparición forzada es una rutina. La guerra iniciada por el PAN y Calderón dejó muerte y destrucción. En México se desaparecen personas para silenciar periodistas, sembrar terror, tapar la corrupción y eliminar adversarios políticos, acabar con la protesta, apropiarse del patrimonio de las personas, terminar con la competencia, reafirmar el machismo; por obtener una ganancia económica, por disgusto, por quedar bien, por despecho, porque son jóvenes o mujeres, por religión, por preferencia sexual, por el color de la piel, por las ideas, por la profesión. ¡Por todo! La maldad se ha instalado entre nosotros y todos lo hemos permitido”.
El afán de enaltecer el valor supremo de la dignidad humana y las prerrogativas fundamentales inherentes a las personas llevó al Centro Lázaro Cárdenas y a Amalia Solórzano a la decisión de otorgar al Centro Tlalchinollan el galardón Amalia Solórzano de Cárdenas 2017, en reconocimiento a “su lucha contra autoridades corruptas, insensibles socialmente al dolor humano, violadoras de la justicia y de los derechos a vivir, a ser y a progresar”.
En la misma tesitura, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil le hicieron notar al primer ministro de Canadá que la nación está envuelta en una grave crisis derivada de fenómenos como inseguridad, impunidad, torturas, ejecuciones por parte de los miembros de las fuerzas del Estado, desapariciones forzadas, crímenes contra periodistas y violencia de género.
Es preciso aprovechar esa sinergia colectiva para impulsar la solución de otros pendientes que han sido reiteradamente subrayados por el personero del Alto Comisionado. Los más urgentes son: I) la suscripción y ratificación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, II) la aprobación de la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno y de las legislaciones sobre consulta a los pueblos indígenas, matrimonio igualitario y preservación de los archivos gubernamentales relativos a la guerra sucia y a los casos representativos de ataques sistemáticos a la población civil, como Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Atenco, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y Ayotzinapa.
Sin duda se está consolidando una poderosa corriente en favor de la efectiva observancia de los derechos humanos. Todos debemos contribuir a su fortalecimiento en la forma más decidida posible.
