La activista y defensora de las mujeres Yndira Sandoval Sánchez fue detenida, víctima de violación y tortura en la cárcel municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, luego de que participara en una conferencia en la Universidad Autónoma de Guerrero sobre erradicación de la violencia contra las mujeres.

En entrevista con La Jornada, Yndira Sandoval, relató que los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre en Tlapa. Dijo que durante su estancia se accidentó con un clavo que le lastimó una zona cercana a un seno, motivo por el cual decidió acudir con un compañero con el que viajaba a la Clínica San Antonio para recibir atención médica.

La activista contó que, en primera instancia, el doctor le cobró 2 mil pesos, pero ante la insistencia bajó el costo del servicio a 900 pesos. Cuando Yndira intentó pagar con su tarjeta, el médico le explicó que sólo aceptaba dinero en efectivo y que tenía que buscar un cajero para poder cubrir los gastos.

Cuando salió de la clínica recordó que había olvidado su teléfono celular y regresó. Fue en ese momento cuando se percató de que seis elementos de la policía municipal de Tlapa intentaban detener a su compañero por supuestamente haberse negado a pagar la cuenta del doctor.

¿Por qué lo detienen? Soy defensora de los derechos humanos, les dijo, y un agente le contestó: “usted también está detenida”.

Relató a La Jornada que se negó a subir a la patrulla, pero una oficial, identificada  con el nombre de Claudia Juárez Gómez, la aventó hacia el interior de la batea de la camioneta y la apretó de la herida a pesar de que la joven le había dicho que estaba lastimada.

Una vez que fue trasladada a la cárcel municipal de Tlapa, Yndira fue ubicada en una celda, en donde fue sometida por la policía Claudia Juárez Gómez. La oficial le manoseó los senos le bajó el pantalón e introdujo sus dedos de manera violenta en su vagina.

Tras ser agredida sexualmente, la activista fue liberada. Pero ese era tan sólo el inicio de un viacrucis que continúa hasta el día de hoy, pues ha vivido en carne propia las burlas, la inoperancia de los servidores públicos y la manera en la que son expuestas las mujeres víctimas de ataques sexuales.

Pese a las circunstancia, la defensora de los derechos humanos ha continuado con las denuncias que ha provocó que su casa fuera allanada y que incluso recibiera amenazas de muerte, sin embargo, dijo que seguirá buscando justicia.


(Con información de La Jornada y del portal digital SinEmbargo)