Ante la emergencia que viven varios estados de la república a causa de los terremotos del 7 y 19 de septiembre, resulta indispensable destinar todos los esfuerzos de las instituciones mexicanas a una reconstrucción socialmente justa, digna y transparente de las entidades afectadas. Hace unos días, Morena presentó el Plan Nacional de Reconstrucción y Apoyo a Damnificados, en el cual plantea diez acciones para atender la emergencia y las tareas derivadas de los sismos del mes pasado.
Además de las acciones ahí planteadas, considero que la reconstrucción debe realizarse con una perspectiva amplia, de modo tal que se atiendan las necesidades de la población en el corto, mediano y largo plazos. Considero imperativo asumir una visión de Estado que articule acciones de los tres niveles de gobierno: federal, estatal, municipal o delegacional; que impulse decisiones legislativas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en los Congresos estatales, y que integre de manera fundamental la participación de la sociedad.
Frente a esta tragedia, las necesidades de las víctimas y damnificados deben ser el centro de la reconstrucción y las cuestiones partidistas deben ser relegadas a un plano secundario. Por esta razón, la reconstrucción debe ser absolutamente transparente, lo cual significa blindarla contra cualquier acto de corrupción y de manipulaciones políticas o clientelares. Ante la desconfianza de la población hacia sus instituciones, la opacidad en la entrega de recursos o su uso partidista significaría socavar aún más la legitimidad del gobierno mexicano y la clase política.
Como la Cámara responsable de velar por el bien de la federación, el Senado de la República debe convertirse en el gran garante de dicha transparencia. Corresponde a las y los senadores vigilar y supervisar que los apoyos lleguen de manera efectiva a los damnificados, que se deslinden responsabilidades sobre los propietarios y autoridades vinculadas a inmuebles derrumbados o dañados y que la reconstrucción sirva para transformar y desarrollar las zonas afectadas y no para favorecer la especulación inmobiliaria.
Para lograr una reconstrucción que beneficie verdaderamente a la sociedad, deben desplegarse acciones legislativas y giras de trabajo en las entidades afectadas por los sismos.
Además de apoyar la iniciativa de la Ley de Reconstrucción y la propuesta de Ley de Austeridad, anunciadas por Morena, el pasado martes 3 de octubre, en el Senado presentamos un paquete de reformas que tienen como objetivo garantizar una reconstrucción efectiva y transparente.
Presentamos tres iniciativas. La primera, para reformar la Ley General de Protección Civil en materia de control, fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de recursos en la atención y reconstrucción frente a desastres naturales. La segunda, una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que el Fonden sea considerado como sujeto obligado y dé cumplimiento a las obligaciones derivadas de tal carácter. La tercera, una reforma a la Ley General de Desarrollo Social y a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para incluir y fortalecer la figura de testigo social en las labores de apoyo y reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales.
Recordemos que un testigo social es una figura de participación ciudadana en la contratación de obra pública, con lo cual se establece una participación activa de la sociedad en este importante aspecto de la administración pública. La participación de testigos sociales en la reconstrucción por los sismos será clave para garantizar la efectividad y evitar actos de corrupción.
El cuarto producto legislativo que presentamos el pasado 3 de octubre en la sesión del Senado fue un punto de acuerdo por medio del cual esta Cámara cita a comparecer mensualmente a diversos secretarios de Estado para que informen de las labores de atención a los damnificados y reconstrucción por los sismos.
Además se debe dar seguimiento y evaluar los avances en la reconstrucción en las entidades más afectadas por los sismos, como Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Las giras ya han comenzado. En estos recorridos se plantean encuentros con las autoridades estatales e instituciones públicas responsables de la reconstrucción y de la atención a damnificados. Aunado a lo anterior, se proponen reuniones con habitantes y representantes de las zonas afectadas en estas entidades.
Además se requiere del acompañamiento a la participación social en la reconstrucción. Impulsar la participación social en cada ámbito de donde provendrán los recursos es la mejor forma de garantizar la transparencia en la reconstrucción, por lo cual apoyaremos la activa participación de comités técnicos y ciudadanos en las labores de reconstrucción. El momento actual de emergencia requiere de la coordinación y cooperación de todos los órganos de gobierno tanto federales como locales. Así como en 1985 la pobre reacción del gobierno acabó por debilitar el régimen, la manera en la que actuemos ahora determinará si fomentamos todavía más el debilitamiento de nuestras instituciones o comenzamos a reconstruir el maltrecho Estado de derecho.
@MBarbosaMX
Senador de la República
