En Puebla, en la ciudad de México, en Chihuahua… En todo el país hay quienes ven a las mujeres como seres inferiores, despreciables, objeto de violencia y de muerte. En Tlaxcala ocurre lo mismo, con la característica de que existe un municipio donde la principal ocupación masculina es engatusar jovencitas para incorporarlas a la prostitución y explotarlas.

En ese contexto, no debería sorprender que en Tlapa de Comonfort, Guerrero, una mujer, Yndira Sandoval Sánchez, antropóloga y cabeza de la organización defensora de los derechos de las mujeres Todas Mx, haya sido arbitrariamente detenida por seis elementos de la policía de Tlapa de Comonfort, subida a una camioneta en la que fue obligada a hincarse y conducida a la comandancia tomada de los cabellos, insultada y maltratada físicamente por la agente Claudia Juárez Gómez.

En la sede policiaca continuó el maltrato. Fue derribada y la misma Claudia Juárez Gómez le puso encima una rodilla, la desnudó y le manoseó los senos mientras le decía: “Aquí valen verga tus derechos. Aquí te chingas, pinche güerita pendeja. Aquí estás en Tlapa y te voy a enseñar quién manda”. Después, según narró la agredida a la excelente reportera Sanjuana Martínez (La Jornada 22/X/2017), Gómez Juárez la penetró con los dedos y luego la tiró al suelo, donde la pateó. Todo sucedió mientras otra mujer policía vigilaba la puerta.

Lo anterior ocurrió el 16 de septiembre y después de la tortura un policía le informó a Yndira que podía irse. Acudió de inmediato a la Unidad de Investigación 1, Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Región Montaña, pero ese día estaba cerrada. Seguida en todo momento por un vehículo de la policía local, ocurrió entonces ante el agente del ministerio público, un tal “Lic. Valente”, quien se negó a recibir la denuncia. Fue hasta el día siguiente cuando pudo presentar su denuncia por “violación sexual, privación ilegal de la libertad y abuso de poder”, aunque las autoridades no fueron capaces de hacer los análisis médicos, psicológicos y toxicológicos indispensables en un caso de violación y violencia física.

Una vez publicado el reportaje de Sanjuana Martínez, a más de un mes de los hechos, se informó que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales investigaba el asunto, pero inexplicablemente el expediente pasó a la Fiscalía Especializada en Atención a Defensores de Derechos Humanos, a cargo de Rigoberta Román, para quien el traslado se debe a que “el expediente se quedó durmiendo el sueño de los justos”.

Pues sí, pero no parece que el expediente salga de esa pesadilla en manos de la señora Román, quien a la pregunta de Pablo Ferri, corresponsal del diario madrileño El País, sobre la razón de tanta demora en investigar, respondió que “Chilpancingo está a cuatro horas de Tlapa”, que luego del reportaje de Sanjuana (un mes después de los hechos) “se hace una análisis y en ese momento se toma una decisión para continuar con el procedimiento”.

Poseída por el espíritu de Cantinflas, la fiscal agregó: “Digo y, con todo respeto lo comento: a lo mejor puede ser que únicamente, y en relación al nombre de trasladar el tema, aquí lo importante y lo central es que se está investigando. Son situaciones muy delicadas, que en un momento determinado y usted lo debe saber, en la cuestión de investigación hay datos que no se pueden proporcionar. E incluso permítame hacerle una cuestión, la defensora de derechos humanos ha hecho visible este caso y ha hecho visible un nombre, y eso sí es importante que pueda ayudar, pero también pone en una situación, digamos, de un poquito de riesgo.”

Sí, en efecto. Yndira Sandoval Sánchez está en riesgo, porque pese a hallarse ahora en la Ciudad de México y contar supuestamente con protección de las autoridades, ha recibido amenazas telefónicas y en dos ocasiones ha sido allanado su domicilio y abierto su automóvil.

Por supuesto, hasta hoy gozan de cabal libertad y nadie ha molestado a los policías que participaron en la detención ni a la torturadora Claudia Gómez Juárez, a la otra mujer policía que es su cómplice, al encargado de la Unidad de Investigación 1, Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Región Montaña, al siniestro “Lic. Valente” ni a los médicos legistas que no fueron capaces de practicar los exámenes de rigor.

El asunto ya es un escándalo internacional, pero poco se puede esperar de “nuestras” autoridades. Si son capaces de cesar a un fiscal de delitos electorales para que no revele adónde fueron a parar los sobornos de Odebrecht, podemos esperar cualquier cosa de ese ámbito de cochupos, complicidades y podredumbre que es la procuración e impartición “de justicia”.