Con un presupuesto de 500 millones de pesos, la Ley contra la Desaparición Forzada, promulgada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, comenzará a funcionar a través de la Comisión Nacional de Búsqueda que será la encargada de las tareas de rastreo de los desaparecidos.

En entrevista con Milenio, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicó que pese a que se cuenta con un registro de personas desaparecidas, existe la necesidad de crear uno más confiable.

Precisó que en cuanto a los recursos que les fueron designados serán utilizados para el reforzamiento de las capacidades de la Plataforma México, a través de la cual se podrán interconectar todas las bases que contengan información que ayude a encontrar a una persona ya sea viva o muerta, así como en la construcción de un banco genético en dónde se pueda concentrar la información que ayude con la búsqueda de víctimas.

Además, con los recursos también se les brindará apoyo a los gobiernos de los estados para que conformen sus instancias de búsqueda, “la ley prevé obligaciones para el gobierno federal, pero también para los gobiernos estatales, por eso también se aprobaron recursos para apoyar estas tareas”.

Campa destacó que a la par también se pondrá en marcha un banco nacional de datos forenses, un programa nacional de exhumaciones e identificación forense a fin de que exista un registro de fosas regulares y clandestinas, así como el esquema de resguardo de restos.

Cabe destacar que a partir de la promulgación de la Ley se cuenta con 60 días para que el gobierno federal pueda poner en operación todos los instrumentos que están previstos dentro de esta ley para lograr encontrar al mayor número de personas desaparecidas.