Ha pasado un mes desde el polémico referéndum de Cataluña que puso de cabeza la normalidad de España. Los últimos siete días han sido los más significativos del proceso. Desde su realización, Madrid ha estado en espera de que el gobierno autonómico defina bien su posición a fin de aplicar el controvertido Artículo 155, con el que el gobierno central se aprestaría a asumir sus facultades para controlar la región.

El viernes 27 de octubre, el parlamento catalán votó por la independencia. A la medianoche, el presidente Mariano Rajoy ordenó la remoción de varios integrantes del gobierno regional, entre estos al presidente Carles Puigdemont y vicepresidente Oriol Junqueras. Se convocó a nuevas elecciones programadas para el 21 de diciembre, al tiempo que la fiscalía española dejó en suspenso la probable detención de los dirigentes catalanes bajo cargo de sedición o traición a la patria.

Ante el senado, el mandatario español afirmó que no le quedaba otra opción que poner en marcha el Artículo 155 contra las autoridades regionales, las cuales dijo han tomado un camino ilegal y unilateral como “una minoría que de forma intolerante se erige en propietaria de Cataluña” con un comportamiento que “ha pisoteado la ley”.

Hasta el cierre editorial de este martes, el ahora ex presidente catalán y cinco de sus funcionarios se refugiaron en Bruselas. Aunque él mismo ha declarado que no está exiliado en la capital belga, los medios españoles señalan que su intención es precisamente solicitar asilo; un hecho que podría desatar una crisis diplomática entre ambos países. A todo esto, se suma la Unión Europea que ha dejado en claro que no reconocerá la independencia catalana y resolvió dar todo su apoyo a Rajoy. En palabras de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, para el bloque continental “nada ha cambiado y España sigue siendo el interlocutor único”. El embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, concedió una entrevista exclusiva vía correo electrónico a Siempre! donde confirma que el gobierno central ha hecho todo lo posible por volver a la normalidad los desacatos ocasionados por la Generalitat.

Acción ante la indecisión

Tras la aprobación del senado para aplicar el Artículo 155, ¿en qué situación deja a España esta determinación, sobre todo por ser una situación sin precedentes?

El procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución Española fue puesto en marcha por el Gobierno tras no obtener, en dos ocasiones, respuesta por el entonces Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento por el que se le preguntaba si había proclamado o no la independencia de Cataluña.  Cabe recordar que, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, el Sr. Puigdemont había declarado, y a continuación suspendido, la independencia en una confusa comparecencia en el Parlamento de Cataluña.

Como usted menciona, el pasado viernes 27 de octubre, horas después de que el Parlamento de Cataluña votase afirmativamente la independencia, contraviniendo la legalidad constitucional y estatutaria, el Senado de España, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, autorizó por mayoría absoluta la aplicación del artículo 155 con las medidas propuestas por el Gobierno de España para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y la cesación de las actuaciones gravemente contrarias al interés general por las instituciones de la Generalitat de Cataluña.

En virtud de esta autorización, el Gobierno dictó una serie de Reales Decretos  que, en síntesis, cesan al Presidente, Vicepresidente y Consejeros de la Generalitat de Cataluña y convocan elecciones al Parlamento autonómico catalán para el próximo 21 de diciembre.

Se designan como órganos habilitados para la efectiva aplicación de estas medidas al Presidente y Vicepresidenta del Gobierno de España así como al Consejo de Ministros y a los Ministros integrantes del Gabinete. Por el momento, la asunción provisional de funciones por parte del Gobierno de España se está realizando sin problemas y los principales partidos políticos catalanes han mostrado su voluntad de participar en las elecciones del 21, incluidos PDeCAT y Esquerra Republicana, impulsores del proceso separatista.

Lo que le quiero destacar es que la aplicación del artículo 155 ha sido una acción inevitable tras el reiterado incumplimiento de la ley por parte del gobierno de la Generalitat ahora destituido, que ponía en grave riesgo los derechos de los catalanes y españoles, y la desatención por el Presidente de la Generalitat del requerimiento al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de actuaciones que atentaban gravemente contra el interés general.

Todos hubiéramos preferido que no se hubiese tenido que poner en marcha este mecanismo constitucional, previsto para el caso en que una Comunidad Autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España.

Pero, como sabe, la asunción de funciones por parte del Gobierno de España es transitoria y concluirá tras las elecciones al Parlamento catalán ya convocadas. En todo caso, es importante señalar que es voluntad del Gobierno de España aplicar durante este tiempo el artículo 155 con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la Autonomía de Cataluña.

Quiero dejar claro que el Gobierno de España no ha suspendido, como erróneamente se ha dicho, el autogobierno o la autonomía de Cataluña, sino más bien todo lo contario, ha aplicado lo previsto en la Constitución para garantizar esa autonomía, que el anterior gobierno autonómico de Cataluña había puesto en peligro con sus actuaciones contrarias a su propio Estatuto de Autonomía, a la Constitución española y a cualquier norma democrática.

 

Prevalece el estado de derecho

Algunos analistas han dicho que la cuestión catalana podría disparar efectos dominó en otras regiones autónomas, ¿cree usted que esto sea posible y cómo lidiaría el Estado español con esto?

Durante estos últimos días hemos tenido la oportunidad de leer múltiples análisis, de muy diverso tipo.  Lo importante es que el Gobierno de España ha restablecido, como es su deber constitucional, el Estado de Derecho, que es el que permite y asegura la pacífica convivencia de todos los españoles.

No olvidemos que, existen mecanismos constitucionales para dirimir cualquier diferencia entre una Comunidad Autónoma y el Estado y que las Comunidades Autónomas en toda España cumplen con sus propios estatutos de Autonomía y con la Constitución.

La parte catalana se ha quejado de que no se les ha dado una oportunidad de dialogar la situación y que se les ha amenazado con realizar todo bajo el Artículo 155, ¿qué opinión tiene de esto?

En primer lugar, permítame puntualizar que lo que usted llama parte catalana se refiere en realidad al gobierno autonómico ahora cesado y sus aliados, que en total sumaban en el Parlamento catalán poco más de la mitad de los escaños (gracias a la legislación electoral aplicable en Cataluña), pero que obtuvieron en las últimas elecciones menos del 50% de los votos, en concreto un 47,7 %.

Nada más lejos de la realidad que no se hayan dado oportunidades de diálogo al ex Gobierno catalán.  El Presidente del Gobierno de España tendió la mano del diálogo la noche del 1 de octubre, tras la votación ilegal.  Este ofrecimiento se había producido antes, y se reiteró en varias ocasiones, entre otras con la invitación de acudir al Congreso y luego al Senado, hasta la declaración de independencia del pasado viernes 27 de octubre por el Parlamento de Cataluña.

Lo que no se puede pretender es un diálogo al margen de la legalidad.  Ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar ni aceptaría esto.

En relación con la última parte de su pregunta, en ningún caso la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido una amenaza. Ha sido consecuencia legal del reiterado incumplimiento de la Constitución y de la ley por parte del ahora cesado gobierno de la Generalitat, a pesar de los numerosos llamamientos tanto del Gobierno como del Tribunal Constitucional para que el gobierno de la Generalitat volviera a la legalidad. Una medida que, como he dicho antes, ha resultado inevitable, pero que todos hubiéramos preferido que no hubiese tenido que aplicarse.

 

En su opinión, ¿Se puede interpretar como una crisis en la democracia española y qué experiencia deja esto a la comunidad internacional?

Qué duda cabe que una inmensa mayoría de españoles, dentro y fuera de Cataluña, hubiera deseado no tener que asistir a los acontecimientos de las últimas semanas.  Dicho esto, lo importante es destacar que la restauración de la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña permitirá una vuelta a la normalidad política, social y económica.

Creo que ha quedado claro el apoyo de la Comunidad Internacional a España, a su Constitución, su integridad y su democracia. Nadie puede pretender actuar al margen de la ley y obtener el apoyo de los países democráticos y de los organismos internacionales. Ha quedado claro que los aventurismos políticos al margen de la legalidad democrática no resultan viables en el siglo XXI.