De los cinco testigos que denunciaron al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, acusado de peculado y lavado de dinero, dos fueron asesinados en 2016, uno después de recibir amenazas de muerte; uno se suicidó en mayo de 2014, seis meses después de delatarlo y otro más fue “levantado” y se encuentra desaparecido desde hace un año.
Otro declarante es Feliciano Reyes Pérez, activista de 82 años, quien el 31 de enero de 2005 presentó su denuncia que apenas el 6 de octubre tuvo como consecuencia la captura del ex gobernador. La Procuraduría de Tamaulipas llamó a declarar a los testigos en noviembre de 2013, cuando Egidio Torre era gobernador.
Los testigos fueron Aurelio Parra Bustos, chofer y asistente de Fernando Cano Martínez -presunto prestanombres del ex mandatario Tomás Yarrington (1999-2005)- y Casimiro Mora Vázquez, asesor financiero de Alberto Berlanga Bolado, ex titular de Obras Públicas y presunto testaferro de Hernández (2005-2010).
También se presentaron Ramiro Higuera Martínez y Edgardo López Munguía, quienes asesoraron legalmente tanto a Cano como a Berlanga en la compraventa de los predios.
Los cuatro testificaron una historia de corrupción que comenzó en 2002, cuando Yarrington vendió los bienes del patrimonio del Estado a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, empresa de Cano Martínez.
Casimiro Mora Vázquez, indicó, en noviembre de 2013, al Ministerio Público que Berlanga Bolado lo había amenazado de muerte. El 12 de junio de 2016, Mora Vázquez fue plagiado y descuartizado; el 16 de agosto de ese mismo año fue secuestrado López Munguía, cuyo cadáver apareció dos días después.
El 12 de mayo de 2014, Higuera Martínez se suicidó de un balazo en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde laboraba en la Secretaría de Finanzas. El 2 de noviembre de 2016, Parra Bustos fue levantado y nunca más se supo su paradero.
Se destacó que el hecho de que las acusaciones no sean ratificadas no significa que en automático Eugenio Hernández pueda quedar libre, ya que está sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por lavado y fraude bancario.
Eugenio Hernández está acusado de adquirir mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600 hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado.