Israel Moreno Rivera, jefe delegacional en Venustiano Carranza, aceptó su destitución que interpuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato de un laudo. Sin embargo, indicó que no comparte la decisión y la considera “injusta”.
“Es verdadero injusto el actuar del órgano constitucional, pues parece que el fallo dejó de tener fundamentos jurídicos y obedece más a tintes políticos que a valoraciones jurídicas”.
Hasta el momento, Moreno Rivera no ha recibido la notificación de destitución de la Corte, por lo que aún continúa en funciones. No obstante, al dejar la delegación, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, enviará una terna a la Asamblea Legislativa con los posibles candidatos para sustituir al delegado.
El jefe delegacional indicó que desde el pasado 6 de abril se pagaron las diferencias salariales y aguinaldo a cuatro trabajadores, y detalló que el monto ascendió a 6 millones 979 mil 819 pesos.
Agregó que otorgó el nombramiento de verificadores o inspectores, el cual dio cumplimiento a lo determinado por la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el acuerdo emitido el 6 de julio pasado. Destacó que la expedición de credenciales u órdenes de visita para verificaciones no son competencia de la delegación sino del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
Dijo que el derecho constitucional señala “que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite”, por lo que esto lo imposibilita jurídicamente para emitir dichas credenciales.
Por su parte, Julio César Moreno, ex delegado de Venustiano Carranza y hermano de Israel, señaló que es injusto lo que le ocurrió a su familiar porque no le correspondía cumplir con la expedición de documentos que le solicitaron, ya que estaba fuera de sus atribuciones.
El día de ayer, la SCJN ordenó la destitución y consignación ante un juez federal de Israel Moreno Rivera, así como la de su antecesor José Manuel Ballesteros López, actualmente diputado local por desacato a una sentencia judicial. Esto se derivó de un incidente de inejecución de sentencia, donde se reclamó que no se respetaron los amparos concedidos en 2013 a cuatro trabajadores de la demarcación.
Moreno Rivera tenía que haber expedido a las cuatro personas los nombramientos con la categoría de verificadores o inspectores; pagarles las diferencias de salario, de aguinaldo de 2003, 2004 y las que se generaran durante la tramitación del juicio y, debía proporcionar los elementos necesarios para el desempeño del encargo, como credenciales y demás documentos oficiales.