A ocho meses de la elección y a diez de concluir la Legislatura, en el Senado hemos acumulado —por omisiones y falta de acuerdos políticos— una cantidad considerable de designaciones en instituciones y organismos autónomos, que merecen tener titulares con capacidad técnica, probidad y autonomía.
Y es que además de los nombramientos en la Fiscalía General, Anticorrupción, y de Atención a Delitos Electorales, también faltan por definir 32 propuestas para magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ocho del Tribunal Agrario, 18 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de Sala Especializada, el gobernador del Banco de México y tres consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Casi nada.
Cada designación pendiente tiene su lógica. Y sus pretextos. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, se lanzó una convocatoria y se recibieron 28 expedientes de aspirantes. Sin embargo, el nombramiento quedó entrampado en el órgano que todo lo decide en el Senado: la Junta de Coordinación Política.
A causa de esto, el flamante Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) quedó instalado en julio, sin un titular que conduzca y se responsabilice de los esfuerzos para combatir el principal reclamo de la sociedad: la corrupción y la impunidad.
Lo mismo sucede con el nombramiento de los magistrados de otro órgano fundamental del SNA: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que según la legislación vigente es quien aplicará las medidas y sanciones a los corruptos.
En el caso de la nueva Fiscalía General, la Comisión de Justicia ha sido omisa en la revisión y modificación de la minuta de la Ley Orgánica de la Fiscalía que tiene desde 2013 en la “congeladora” legislativa, y también en el procesamiento de nombramiento del primer fiscal, que tendría entre sus primeras tareas concluir y consignar a los implicados en la trama de corrupción de Odebrecht.
La lista de pretextos para no cumplir con nuestra responsabilidad como Senado se podría extender varias colaboraciones. Pero el fondo del asunto lo ha señalado con precisión el profesor del CIDE José Roldan Xopa: Estamos ante un vacío no solo de quien encabeza algo; es más complejo, es un vacío institucional que afecta la legitimidad de los órganos del Estado.
Si en el Senado aspiramos a llenar este vacío institucional, debemos actuar de manera ejemplar; estamos en el momento oportuno de involucrar a la sociedad civil organizada en el procesamiento, evaluación de perfiles, para así resolver con éxito el dilema de las designaciones que vienen.
La otra opción es que los “mandamases” del Senado apuesten por más de lo mismo: procesar los nombramientos en lo oscurito, bajo la lógica de “cuates y cuotas”. Si hacemos eso, nosotros mismos le restaremos legitimidad a las instituciones que hemos creado, y debilitaremos aún más la confianza de los ciudadanos hacia la política de cara a un proceso electoral que ya luce complicado. Espero que los senadores y senadoras hagamos lo correcto.
@ZoeRobledo
Senador de la República por Chiapas
