El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad anular la “Ley de Transitoriedad jurídica”, aprobada el 7 de septiembre, y las resoluciones denominadas “Declaración de los representantes de Cataluña” y “Proceso constituyente“, aprobadas el pasado 27 de octubre, por el Parlamento de Cataluña. Además el TC ha denunciado ante la Fiscalía la actuación de la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y la de los entonces miembros de dicho órgano que votaron a favor de tramitar ambas resoluciones.

De acuerdo al auto que ha emtido esta mañana el TC, los hechos ocurridos el 27 de septiembre en el Parlamento catalán, cuya mesa admitió a trámite dos normas ilegales que posteriormente aprobaría el pleno, constituyeron un “grave atentado” contra el Estado de Derecho que conculca “con pareja intensidad, el principio democrático”.

El alto tribunal también ha anulado definitivamente la ley de transitoriedad catalana, ya suspendida provisionalmente, y que pretendía convertir a Cataluña en una república. Según el órgano judicial, el Parlament incurrió “en muy graves quiebras del procedimiento legislativo” que afectaron “sin duda a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes”.

Por otro lado, el TC también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, por si fuera constitutiva de delito, la actuación de la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y la de los entonces miembros de dicho órgano, que votaron a favor de tramitar las dos normas.

Dicha deducción de testimonio por desobediencia conducirá con toda probabilidad a unanueva querella del fiscal contra Forcadell y otros miembros de la Mesa que hayan desobedecido al TC (lo que excluirá de la querella a José María Espejo, de Ciudadanos).

Además, el Constitucional ha perdonado las multas que impuso a los responsables de la administración electoral del 1 de Octubre, Josep Maria Jové y Montserrat Vidal. El alto tribunal tiene previsto adoptar esta misma resolución, anular las multas, para los síndicos electorales del 1-O, a quienes también se las impuso. Sin embargo, esta medida no se ha notificado todavía.

El Constitucional (TC) multó con 12.000 euros diarios al que fuera número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové; y con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal, jefa de área de procesos electorales de la Generalitat. También impuso las mismas multas, repartidas en función de su rango, a los síndicos electorales encargados el seguimiento del 1-O.

Con esa decisión aplicó por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas. Esas multas tuvieron el efecto coercitivo que perseguían, ya que ninguno de los implicados actuó como parte de la administración del referéndum ilegal. De este modo, y por esa razón, el Constitucional las ha dejado sin efecto.