La decisión de remover al fiscal para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto; la carencia de un titular de la Fiscalía Anticorrupción así como la falta de un procurador general de la República —que no encargado de despacho— motivaron una crisis en el Senado de la República que, en opinión de algunos analistas, representa una crisis institucional en el país.

Luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta se reuniera para definir el procedimiento para desahogar la objeción al cese del extitular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales que vence el 3 de noviembre, se dio por cerrada esa posibilidad, al tiempo que la Jucopo anunció estar lista para emitir la convocatoria para la elección del nuevo fiscal. La oposición advirtió que habrá consecuencias.

Cuidadoso, midiendo sus palabras, el senador priista Enrique Burgos García, habla a Siempre! a título personal y no a nombre de la Comisión de Justicia de la que forma parte, niega enfático que exista una crisis de Estado ni tampoco una crisis de gobierno. Borda el manejo jurídico de los enfrentamientos en el Senado, que tienen como fondo el proceso electoral de 2018, simplemente el más grande en la historia del país.

Lo que sigue es emitir la convocatoria

¿Alberto Elías Beltrán debe comparecer o no ante el Senado para explicar la remoción de Santiago Nieto?

El encargado de despacho de la Procuraduría, si bien tiene una serie de atributos para actuar como procurador, tiene algunas limitaciones que son impuestas por la propia ley orgánica que le impiden, entre otras cosas, que comparezca ante el Senado de la República. No se le puede convocar necesariamente, pero sí podría, en todo caso, asistir a una reunión de trabajo, pero no se le puede llamar formalmente como compareciente porque tiene una limitación de ley.

Sus limitaciones derivan de la propia ley orgánica de la PGR, y las señalo concretamente:  el artículo 6 de la ley orgánica dice en su fracción primera: es indelegable comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones que establecen los artículos 69 y 93.

Ahora es tarea del Senado convocar para designar a un nuevo titular de la Fepade; ¿qué características deben de buscar los legisladores en el nuevo fiscal?

Si se me permite el precedente, dado que el doctor Santiago Nieto emite una carta que dirige al presidente del Senado en donde le dice que no encuentra condiciones y que independientemente de que pudiera serle favorable la votación para que se revocara o para que se pudiera controvertir la decisión del encargado del despacho de la PGR, aun siéndole favorable: “no estoy en condiciones de participar”. Es claro que desde ahora queda el espacio vacante y, por lo tanto, correspondería a la mesa directiva, a la Junta de Coordinación Política emitir una convocatoria para que se suscriban o se inserten quienes consideren que tienen el perfil o la oportunidad.

Una vez que se agote la recepción conforme a los plazos que fije la convocatoria, la Comisión de Justicia deberá resolver sobre la elegibilidad de los aspirantes, 2, 3, 5, los que fuesen, y luego turnarlos de nueva cuenta a la Junta de Coordinación Política para que se formule la propuesta de quién debe ser, al pleno de la Cámara de Senadores.

El plazo que la Constitución fija vence este viernes 3 de noviembre, son 10 días hábiles para poder objetar la decisión que tomó el encargado del despacho, pero además ya se tiene el antecedente del propio doctor Nieto de no participar. Lo siguiente será emitir la convocatoria.

En esta discusión, ¿cómo pulsa a los demás partidos?, hay rijosidad y sobre todo cuanto estamos frente a un proceso electoral muy ríspido y donde se acusa al PRI de imponer sus intereses y presionar, amenazar a Nieto.

Lo que corresponde es advertir a todos los partidos que en la medida en la que no logremos un entendimiento o un acuerdo, haciendo un ejercicio de la política en su mejor nivel y admitiendo que la elección que está por venir es la más grande de la historia, porque no solo se elige al presidente de la república —que es una razón suficiente—, se elige a todo el Congreso, a ocho gobernadores, presidentes municipales, congresos locales, porque gradualmente se han venido sumando al calendario electoral varias entidades federativas, lo que aumenta el número de cargos de elección popular.

Todos al final de cuentas entran dentro de la órbita del INE que es el conductor o del Trife, que es el que resuelve las controversias, pero para eso necesitamos que efectivamente esté designado un fiscal en materia de atención a delitos electorales, es un componente que acredita seguridad, certidumbre y que debe estar muy atento a dar seguimiento a todas la posibilidades que se pudieran dar de vulneración o de violación a nuestra Constitución en el ámbito electoral. Es un componente muy importante que exista un fiscal en atención a delitos electorales.

En la medida en que le pongamos toda la atención y el cuidado que se merece, pero también no postergarlo, mientras más rápido mejor, porque ya estamos literalmente insertos en pleno proceso electoral que se inició el 8 de septiembre.

Le corresponde al Senado seleccionar, dentro de los que se inscriban, quiénes son realmente elegibles, y de estos, resolver y además por dos tercios para que efectivamente este fiscal esté en la actitud de tomar la participación que le deriva de la Constitución y de la ley.

 

La Constitución es el camino

La gobernabilidad requiere de instituciones fuertes, sólidas, y la crisis que se ha vivido en el Senado con la remoción de Nieto, para algunos pone en peligro la institucionalidad, ¿qué opina?

La institucionalidad está por encima de las visiones de partidos. Le diría que es explicable, no lo justifico, o se explica que haya posiciones distintas y hasta encontradas, pero creo que es parte también de la contienda entre partidos.

En la medida en que se pueda favorecer o no a un partido, unos lo toman como ventaja y otros como desventaja pero lo atribuiría a que es la lucha partidista que se da como una realidad entre los institutos políticos. Sin embargo, debe quedar muy claro que hay una frontera. La frontera es justamente apuntalar y darle certidumbre a nuestras instituciones y particularmente a las fundamentales, en este caso la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, clave en el proceso comicial.

Diría que es válido, se explica que haya lucha partidista, no nos alarmamos por eso, siempre ha existido pero todo debe tener una frontera y el límite está justamente en donde empieza la fortaleza y el apuntalamiento de nuestras instituciones y una de ellas, reitero, es justamente la Fepade.

Hoy hay tres organismos fundamentales, PGR, Fepade y una fiscalía general que no termina de consolidarse, acéfalas. ¿El hecho de no contar con fiscales enfrenta a México a una crisis de Estado?

Lo que tendríamos que hacer de manera inmediata y lo digo a título personal, es que hay una iniciativa del mes de noviembre del año pasado que envía el presidente de la república para modificar el artículo 16 transitorio de la reforma política que se publica en febrero de 2014.

Ese artículo es el que hace alusión al llamado pase automático del procurador en funciones a fiscal general de la república por 9 años; la iniciativa que envió el presidente en noviembre del año pasado propone modificar ese artículo transitorio para que ya no haya pase automático sino que se haga la elección en los términos del artículo 102 constitucional.

¿En qué consiste?, el Senado deberá por lo menos seleccionar cuando menos 10 nombres, mujeres u hombres, nombres adecuados para el perfil de un fiscal general de la república; se les debe, previa selección del Senado, enviar al presidente de la república. El presidente, en un lapso de 10 días deberá, de los nombres enviados, escoger una terna y devolverla al Senado y, en elección de mayoría calificada, se escogerá a uno que se convertirá en fiscal general de la república, pero ya sin el pase automático, de acuerdo con el artículo 102 constitucional, en el apartado A.

Entonces, ¿no hay crisis de Estado?

Estoy absolutamente seguro de que no hay crisis de Estado, porque tenemos la herramienta legítima, tenemos el camino que la propia Constitución nos señala para dejar este punto resuelto a la brevedad.

El doctor Nieto fue removido, él descarta por documento volver a participar, tendrá que convocarse y designar un nuevo fiscal en al área de delitos electorales y seguir con la tarea de responder, atender, generar respuestas a los puntos de vista que válidamente deben hacer valer los distintos grupos políticos o los partidos en un escenario, en donde, en mi opinión, es indispensable contar con esa figura y también diría la del fiscal general de la república.

Es cierto, no es lo mejor que carezcamos del fiscal general y de las dos fiscalías especializadas, aunque debo advertir que esto no quiere decir que la PGR esté inactiva. Al no tener el titular, está operando con el subprocurador que en prelación tiene el deber y la obligación de asumir esta responsabilidad, y la Fepade está siendo atendida por un encargado del despacho.

Lo recomendable, por supuesto, es buscar al titular que designe el Senado de la República, eso dará certidumbre, tranquilidad y complementa la estructura, pero lo que hoy ocurre, obviamente, no es una crisis de Estado, ni tampoco una crisis de gobierno.