El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, después de que haber acatado el 155 durante su declaración, en la que ha renegado de la DUI al calificarla de “simbólica”. Se da la circunstancia de que hace 20 días, cuando Mariano Rajoy anunció la aplicación del artículo, la presidenta del Parlament advirtió en un comunicado que no iban a dar “un paso atrás” porque los catalanes nos eligieron democráticamente como “legítimos representantes”.

Su abogado ha acudido este viernes al Supremo para iniciar los trámites del pago de la fianza, que ya ha sido abonada, según adelanta Asamblea Nacional Catalana, responsable de reunir el dinero para sacar a Forcadell de la prisión de Alcalá Meco donde ha pasado la noche. La defensa de la presidenta del Parlament, que ha entregado su pasaporte, se encuentra en Alcalá Meco después de que el magistrado Llarena haya firmado la orden de libertad.

Por su parte, los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet han sido puestos en libertad bajo fianza de 25.000 euros. A los cuatro les impide salir de España, les da hasta las dos de la tarde de mañana para entregar el pasaporte y les obliga a comparecer semanalmente en el juzgado. En el caso de Joan Josep Nuet, que votó en contra de la independencia, ha decretado libertad sin medidas cautelares.

La declaración de Forcadell

Fuentes presentes en la comparecencia de la presidenta del Parlament han informado del contenido de las declaraciones prestadas ante Llarena por Forcadell, Lluis Corominas y Lluis Guinó, quienes han accedido a responder a todas las preguntas de la Fiscalía,un evidente cambio de estrategia de defensa respecto a la que han mantenido en el pasado.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración y, respecto a la prisión provisional para los exconsellers del Govern, sugirió que si hubieran acatado la Constitución y el 155 “a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”.

Otras fuentes, del entorno de Forcadell, han informado de que la presidenta ha defendido ante el juez que el Tribunal Constitucional “no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo hace a posteriori”. Según estas fuentes, Forcadell ha añadido que “siempre ha permitido el debate sin perjudicar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre”.

También ha afirmado que “evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado democrático”.

Forcadell, aseguran, ha defendido que “ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados”. Ha explicado asimismo que como presidenta no puede hacer un control “de fondo” de las iniciativas parlamentarias y que no puede impedir votaciones.

Finalmente, ha indicado, según las fuentes, que “ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos” porque esta vía “es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos”.