No es por alarmar, pero hay una treintena de propuestos para recibir la Medalla Belisario Domínguez, “instituida para premiar a quien se haya distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente y como servidores de nuestra Patria o de la humanidad” (han de perdonar la redacción, pero es obra de nuestros honorables senadores).

La lista de condecorados desde 1954 incluye a figuras de la Revolución y constituyentes, en su mayoría hundidos en el olvido histórico; escritores, esos sí muy presentes, diplomáticos que han honrado a México; científicos eminentes, fundadores de instituciones, un artista inigualable como Rufino Tamayo; políticos que también hicieron extraordinarios aportes técnicos, como Juan de Dios Bátiz o el gran Heberto Castillo; un periodista fuera de serie como Miguel Ángel Granados Chapa o la eximia actriz María Tereza Montoya.

En la lista de condecorados hay un buen número de ilustres desconocidos y nombres olvidables. También abundan los casos inexplicables, pues condecorados han sido varios políticos ampliamente conocidos, pero sin que en su biografía aparezcan esos servicios eminentes a la patria o a la humanidad que, uno supone, los harían merecedores de la presea. Un caso para Ripley es el de Fidel Velázquez, a quien se impuso la medalla por una vida dedicada a privar a los sindicatos de democracia y a los obreros de sus derechos.

En 2016 las cosas llegaron a extremos vergonzosos, pues en su afán de justificar la desaparición de los 43 muchachos de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de varios más, la mayoría del Senado —el PRI-AN— decidió entregar la presea a familiares de Gonzalo Miguel Rivas Cámara. ¿Qué quién es? Se trata del empleado de la gasolinera de Chilpancingo que murió por las quemaduras que se produjo cuando intentaba apagar el fuego de una máquina expendedora.

Del asunto se quiso culpar a los estudiantes, cuando hay testimonios en contrario. Pero se optó por dar un uso faccioso al nombre de Gonzalo Rivas y cuatro años después de su muerte —¡cuatro!—, cuando el gobierno se ha negado a informar verazmente sobre el paradero de los 43 desaparecidos, se le otorga la medalla. La senadora Sonia Mendoza declaró entonces que la decisión no pretendía provocar polémica ni controvertir o desvirtuar ningún movimiento social. Aclaración no pedida, acusación manifiesta, se decía antes.

Hoy, las decenas de propuestas han hecho del asunto un motivo de chunga. ¿No sería mejor que se suprimiera la controvertida corcholata?