El proceso arbitrario por el cual fue removido el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, exhibe el temor que el gobierno del PRI tiene hacia las instituciones encargadas de impartir justicia y combatir la corrupción, construidas y creadas en el Congreso.
La salida atropellada del exfiscal Santiago Nieto —plagada de casualidades, especulaciones y sospechas— dejó a México sin procurador general, sin fiscal anticorrupción y sin fiscal electoral, en un momento histórico en que el principal reclamo ciudadano es acabar con la impunidad.
Con esta crisis sin precedente del sistema judicial, el gobierno federal demuestra que el único que apuesta a mandar al diablo a las instituciones es el presidente Peña: lo han hecho con el INEGI, y con las docenas de nombramientos pendientes de procesar en tribunales, fiscalías especiales y órganos judiciales.
Vivimos horas oscuras para las instituciones y lo peor es que, en esta coyuntura, el Senado nuevamente se fracturó en dos grandes bloques: los que buscan ser “tapaderas” de la remoción de un fiscal incómodo al poder, y los que pedimos abrir un proceso público para valorar los dichos y las pruebas del caso.
En este caso emblemático, nuestra obligación como senadores era la de conocer las pruebas con las que se sustentó la remoción, o aclarar si fue con el uso del poder, la intimidación y el chantaje que obligaron a Santiago Nieto a desistir de sus intentos por mantenerse frente a la Fepade.
La historia reciente nos enseña que la corrupción empieza con las irregularidades que quedan impunes en las elecciones, y por eso es gravísimo darle “carpetazo” al despido arbitrario del encargado de combatir y sancionar los delitos electorales.
A este paso, empezaremos 2018 sin responsables en las Fiscalías General, de Atención a Delitos Electorales y del Sistema Anticorrupción, porque no existen en el Senado las condiciones para procesar las designaciones de titulares con capacidad técnica, independencia, autonomía y probidad.
Nos enfrentamos ante el fracaso de la política para dar certeza a los ciudadanos. Y aquí, como en todo, hay responsables con nombre y apellido: el gobierno de Peña Nieto y las bancadas de su partido en el Senado han deliberadamente descabezado, suspendido, atrasado o ignorado los procesos a los que estábamos obligados por ley.
Las instituciones garantizadas de procurar justicia y los organismos autónomos que debieran supervisar los poderes son hoy muertos vivientes: muertos en la acción pero vivos en los libros. Bueno, ¿y eso de qué nos sirve?
@ZoeRobledo
Senador de la República por Chiapas
