Terminamos 2017 con la justicia devastada. Hace unos días, un periódico de circulación nacional publicó una caricatura excelente, con trazos sencillos ilustró de manera precisa la situación por la cual atraviesa la procuración de justicia en nuestro país. En el cartón aparecían tres cuerpos que deambulaban sin rumbo y sin cabeza. Uno correspondía a la Procuraduría General de la República (PGR), los otros dos, a cada una de las fiscalías especializadas, una en materia electoral (Fepade), y la otra, en combate contra la corrupción. Así están nuestras principales instituciones procuradoras de justicia, sin cabeza, sin credibilidad y sin capacidad operativa.
El proceso de elección del fiscal anticorrupción se encuentra atascado. La convocatoria está en curso, pero en lo que va de esta Legislatura ni para atrás, ni para adelante; no hay voluntad política porque no hay acuerdo, porque el gobierno no quiere un fiscal que vaya a fondo en el combate a la corrupción. Hace unas semanas y en medio de la polémica desatada por el pase automático de procurador general a fiscal general, Raúl Cervantes Andrade renunció a la PGR. Lo hizo en el Senado de la República, por medio de una extensa carta y en medio de fuertes dudas respecto a los motivos reales que lo llevaron a separarse del cargo. Apenas habían transcurrido unos días de la renuncia de Cervantes y Santiago Nieto Castillo fue removido como titular de la Fepade por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán.
El combate a la corrupción ha sido uno de los temas más importantes de este sexenio, se han realizado reformas constitucionales y reformas legales para combatirla y eliminarla de nuestra vida pública. Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero este no funciona al cien por ciento, porque hasta el momento, entre otras causas, se carece de un fiscal especializado en la materia. Para elegir al fiscal anticorrupción, se emitió una convocatoria, se presentaron diversos aspirantes, pero la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana mantiene congelado el dictamen, por la sencilla razón de que el gobierno federal no ha logrado construir un acuerdo para encontrar un perfil cómodo para él y sus aliados.
El 16 de octubre, Raúl Cervantes presentó su renuncia a la PGR. En su carta se lee: “…algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para no avanzar en la aprobación de las leyes que permitieran mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura la justicia en México”. La renuncia de Cervantes tiene varias aristas, lamentablemente en ninguna de estas la procuración de justicia o la institución resultan favorecidas. Con la renuncia de Cervantes, el pase automático de procurador general a fiscal general perdió objeto no porque el gobierno federal haya renunciado a sus pretensiones de nombrar un fiscal general transexenal, sino para acabar momentáneamente con la polémica desatada en torno a su persona y al llamado “fiscal carnal”. Esto en un primer momento, sin embargo, el asunto aparentemente trae más fondo. La renuncia no la dio, sino que se la pidieron, porque las investigaciones de Cervantes habían llegado a niveles y personas intocables en la actual administración.
El más reciente descabezamiento, guillotina vil, a las instituciones de procuración de la justicia mexicana ocurrió el pasado viernes 20 de octubre, con la remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade, y en el Senado se instaló un escenario en el cual el PRI y el Verde intentan socavar las atribuciones que tiene esta Cámara del Congreso de la Unión de objetar la destitución del fiscal especial en materia electoral. PRI y PVEM pretenden imponer un mecanismo que viola el proceso parlamentario y restringe la libertad de los integrantes de esta Legislatura para expresar nuestros puntos de vista e impide que la sociedad conozca el sentido de nuestros votos.
El conflicto dio un giro el viernes 27 de octubre, cuando Santiago Nieto desistió de permanecer al frente de la Fepade. Ya se conocerán los detalles y las razones de Santiago Nieto para tomar esta decisión. Sin embargo, el Senado tiene que cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Lo que es necesario enfatizar es que la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade daña de manera irreparable la legitimidad de las elecciones del próximo año. En su desesperación para tapar las relaciones de Emilio Lozoya Austin con los escándalos de Odebrecht, el actual gobierno y su representación en esta Cámara intentan evitar que este Senado ejerza su derecho constitucional y legal de objetar dicha remoción. Santiago Nieto fue removido de su cargo por una decisión política y presionado para que se desistiera.
De esta manera, la PGR, la Fepade y la Fiscalía Anticorrupción deambulan sin cabeza y sin credibilidad. Los únicos favorecidos con esta circunstancia son los delincuentes y transgresores de la ley, que ahora parece que tienen las manos libres para actuar en estos días oscuros para la justicia mexicana.
@MBarbosaMX
Senador de la República
