El informe “Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, elaborado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es la expresión de una diplomacia retrógrada que nos remonta a los tiempos más oscuros del Big Stick o “gran garrote”.
Tiempos en que Estados Unidos transgredía los principios del derecho internacional al ordenar intervenciones armadas y sanciones económicas a países latinoamericanos que no se apegaran a sus dictados.
Una táctica que se suponía superada, hoy la resucita el gobierno estadounidense a través de informes tipo WOLA, para erigirse en vigilante del respeto a los derechos humanos como si su presidente, Donald Trump, no fuera precisamente el primero en violarlos.
El informe “Justicia olvidada…”, publicado el 7 de noviembre, es mediocre. Mediocre en cuanto a la información recabada, en las fuentes consultadas, análisis y conclusiones, pero sobre todo en su calidad ética.
El documento, es evidente, no busca contribuir a resolver el problema de la violencia criminal en México , sino desprestigiar y provocar un clima de animadversión hacia las Fuerzas Armadas.
Para WOLA, los soldados mexicanos son los autores de la violencia, tortura, desaparición forzada y las ejecuciones que existen en México.
El título “Justicia olvidada…” debería ser aplicado no a los militares mexicanos, sino a la forma como los tribunales de Estados Unidos procesan a los latinos, especialmente a los mexicanos, acusados de cometer algún crimen.
WOLA, que tiene por lema: “Incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas”, ¿estaría dispuesta a reconocer que en la reciente ejecución, mediante inyección letal, del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, se violó el debido proceso y el fallo que había emitido la Corte Internacional de Justicia para que no se le aplicara la pena de muerte?
Pero, ¿y los delincuentes? ¿El crimen organizado? ¿Los capos? Para los investigadores de Washington, los traficantes de drogas, autores de masacres, de la verdadera y sistemática violación de los derechos humanos, tortura y desapariciones, no existen.
Los “expertos” tampoco toman en cuenta que el poderoso armamento con el que cuentan los narcotraficantes no solo procede en un 70% de Estados Unidos, sino que las fábricas de ese país diseñan y producen sobre pedido los modelos que mejor se adoptan a las tareas delictivas de los cárteles.
Para las armerías norteamericanas, ubicadas especialmente en la frontera con Texas, el negocio asciende, de acuerdo con algunas estimaciones, a 127 millones de dólares anuales.
WOLA publica, entonces, sólo medias verdades. El espíritu del documento se inscribe dentro de la política desplegada por Trump contra México, desde que era candidato con un trasfondo cada vez más evidente para todos: utilizar la violencia y el narcotráfico para chantajear y someter al vecino a sus exigencias.
El documento fue hecho expresamente para condenar. No se desprende de él una sola intención o sentido de cooperación en un escenario donde la responsabilidad tendría que ser compartida.
Es decir, estamos ante la reedición del Big Stick y de un vomitive WOLA.
