Aunque la palabra amnistía ha estado en boca de todos, ha sido en la última semana cuando se ha disparado más entre la sociedad mexicana. Tras haber propuesto este instrumento jurídico para perdonar a la delincuencia organizada como una medida para lograr la paz en un país que ha estado sumido en la violencia a largo de los años 2000, Andrés Manuel López Obrador volvió a acaparar los medios informativos por los efectos encontrados de su iniciativa.

La amnistía, en sí, consiste en eliminar la responsabilidad penal de un delito. Con ella se absuelve a personas que son consideradas culpables de una violación a la ley. Quien la otorga es el Poder Legislativo y, en el caso del narcotráfico, esto podría ser posible, ya que solo existe una prohibición a concederla cuando se trata de casos de genocidio o de crímenes de lesa humanidad, específicamente, en delitos que incurren en graves infracciones al derecho internacional humanitario.

Esta es quizá la parte en la que el líder de Morena estaría pensando respecto a la medida que propuso. Esta piedra que agitó el agua ha desatado múltiples reacciones por parte de diversos sectores que van desde la sociedad civil hasta los empresarios, académicos y expertos juristas e internacionalistas. La mayoría se han pronunciado en contra de ella porque representa riesgos que no han sido analizados de manera adecuada, sin mencionar la falta de antecedentes para un caso similar.

En la historia mexicana solo se registraron dos casos: uno con José López Portillo que se aplicó a guerrilleros que combatieron a los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y el de 1994 para exonerar el levantamiento del Ejército Zapatista, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Nótese que se trata de dos aspectos que tendían a una crisis política y no a una acción delincuencial, como es el caso de la propuesta de López Obrador.

Según expertos como José Leónidas Bustos, quien es presidente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, “no existe prohibición para amnistiar o indultar a personas procesadas por delitos de narcotráfico, mientas que la extradición resulta improcedente cuando se ha dado aplicación a estas figuras”. Bustos señaló en un artículo publicado en el diario digital colombiano El Tiempo que “aunque el narcotráfico es un delito internacional, por el impacto que tiene en otros países, también es verdad que no constituye un crimen de derecho internacional”.

El jurista sudamericano explicó que no existe internacionalmente nada que prohíba que los delitos de narcotráfico “sean amnistiables e indultables en el ámbito interno”.

A fin de conocer un comparativo con acciones realizadas en Colombia, donde este mecanismo jurídico se ha empleado de manera más frecuente que en México, dos expertos de ambos países comentan la viabilidad de conceder una amnistía a grupos criminales y qué efectos tendrían en este país.

Posible, bajo ciertos parámetros; facultad del Legislativo

Por una parte, el internacionalista colombiano y egresado de la Universidad de Santiago de Cali Mario Rey señala que la amnistía sí es posible otorgarla bajo ciertos parámetros, sobre todo cuando se trata de una crisis política que pone en riesgo la continuidad o estabilidad del Estado, como ha sido el caso en Colombia, país que ha pasado por décadas de violencia bajo una guerra civil. Asegura que este mecanismo no funcionaría en el caso de eximir a lideres criminales ni favorecería a crear un entorno de paz nacional.

Asimismo, la experta mexicana Martha Cecilia Romero Apis afirma que la amnistía solo es concedida por el Congreso de la Unión y no es una facultad del Poder Ejecutivo.

La también maestra en derecho internacional por la Universidad Iberoamericana indicó que, en su esencia, la amnistía no se aplica en casos de lesa humanidad o genocidios, pero tampoco en violaciones a derechos humanos, “entendiéndose dichas violaciones como el consentimiento que el Estado haya otorgado a particulares para la comisión de estas violaciones, o bien, que el Estado no haya tomado las medidas necesarias para evitar las violaciones mencionadas”.  Asimismo, destacó que hay un abismo entre los casos colombiano y mexicano, pues en el primero se trata de un conflicto armado y en el segundo es más una crisis delincuencial.

Estas son las entrevistas que concedieron a Siempre! vía correo electrónico.

Maestro Mario Rey, ¿es posible conceder una amnistía para grupos delincuentes y cuáles serían sus parámetros?

En general, la amnistía se aplica por consideraciones políticas: “se olvida” un delito o una serie de delitos porque las autoridades o la sociedad la consideran necesaria o conveniente para superar una situación extremadamente difícil o violenta que impide el desarrollo de la vida social de un país, porque con ella se supera esa situación y se alcanza un estado diferente, más positivo.

En el caso mexicano que se alude, el de una posible amnistía para los narcos, es necesario precisar que no se trata de una situación de crisis política; aunque es enorme la violencia, a mi juicio, no está en peligro la estabilidad social ni política, ni alcanza a manifestarse de tal manera que ponga en riesgo la continuidad del Estado. Tampoco amnistiando a los grandes narcos del país se garantiza el término de la violencia generada por ellos, pues  su lugar sería tomado rápidamente por sus secuaces o por miles de personas que, en la pobreza y sin trabajo o por gente con ambición, querrían acceder a uno de los negocios más rentables del mundo, junto al de las armas, el petróleo, la industria química y la especulación financiera.

En consecuencia, la amnistía ni es necesaria ni tendría efectos considerables ni duraderos.

No hay justificación

Se dice que el derecho internacional no considera este concepto de amnistía para casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad, pero al parecer es posible cuando se trata de narcotráfico. ¿Qué opinión tiene de esto? 

En la amnistía se “olvida” o “perdona” el delito mediante un acto legislativo, con una ley; por lo general, la amnistía está motivada por razones políticas y es el resultado de un proceso de discusión y negociación entre el gobierno, el grupo o grupos que se declaran en su contra, y se debe tener en cuenta la opinión de la sociedad. En el indulto se suspende la pena por un acto administrativo del Ejecutivo, sustentado, por lo general, en motivos humanitarios y es de carácter individual, nunca colectivo;  para poder indultar es necesario que exista un proceso y una condena. En ambos casos se trata de una decisión extraordinaria.

A mi juicio, en México, aunque el narcotráfico, aliado con algunos individuos corruptos del gobierno, de los partidos políticos, de la policía, de las fuerzas armadas y de la sociedad en general, no representa un peligro real para el gobierno ni para el Estado, ni se propone formar un gobierno ni un Estado alterno; por ello y, en especial, por los crímenes atroces que han cometido no se justifica ningún proceso de amnistía.

Lo que sí es posible negociar son las condiciones de entrega y sometimiento a la justicia de los narcotraficantes, con las condiciones especiales que la ley contempla: rebaja de penas por aceptación de los crímenes, arrepentimiento, decir toda la verdad, reparación a las víctimas y promesa de no volver a delinquir. Creo que también se debe tener en cuenta la condición social que llevó a los individuos al narcotráfico y, en casos especiales, sus condiciones físicas y de salud.

Pero, repito, mientras las condiciones económicas mundiales y nacionales continúen estimulando brutalmente el consumismo y la desigualdad, mientras en el mundo sigan existiendo consumidores de drogas y el narcotráfico siga siendo un negocio para los productores y vendedores de precursores químicos y de armas, y para el capital financiero, aparecerán uno tras otro miles de individuos que tomarán el lugar de los narcotraficantes muertos, detenidos o amnistiados. El único camino real es el de la legalización mundial de las drogas, con sistemas de producción, distribución y consumo sometidas a la legislación y control del Estado, y con el tratamiento médico, psicológico y social de los adictos.

El narcotráfico no tiene proyecto político

Colombia ha propuesto esta misma medida en el pasado, con un referéndum respecto a las FARC, pero su población la rechazó por considerar que se caería en la impunidad. En el caso de México, ¿piensa que sería la misma situación?

El proceso de negociación con las FARC en Colombia fue un proceso político y social en el cual el Estado negoció con un grupo político que se proponía abatir la pobreza y la desigualdad y crear otro gobierno y otro Estado; las FARC no eran un grupo de narcotraficantes sino de luchadores sociales que en su proyecto se guiaron por la equivocada concepción de “el fin justifica los medios” y adoptaron el camino de las armas, primero, y después  pactaron o se aliaron en algunos momentos y regiones con el narcotráfico.

En Colombia no se dio un proceso de amnistía al narcotráfico con las FARC sino un proceso de negociación política producto del cual las FARC se constituyeron en partido político y se están integrando a la sociedad y a la lucha política.

En Colombia sí se vivieron varios intentos de procesos de negociación con narcotraficantes como Pablo Escobar; pero, realmente, nunca se consolidaron, pues los narcotraficantes no tenían una ideología o proyecto social o político que les permitiera una identidad como grupo y trascender sus ansias de dinero, poder y fama. En cambio, sí se dieron procesos de sometimiento individuales y rebaja de penas.

Ahora bien, en Colombia han muerto miles de narcotraficantes, miles han sido detenidos o dados de baja y cientos de ellos han negociado; pero la producción, distribución, exportación y consumo de drogas continúa con nuevos actores, por las razones antes anotadas.

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Habría más inseguridad e impunidad: Martha Cecilia Romero Apis

Siempre! solicitó a la maestra Martha Cecilia Romero Apis, catedrática de la Universidad Iberoamericana, su punto de vista acerca de la propuesta del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de amnistiar —de ganar las elecciones presidenciales— a los narcotraficantes para lograr la paz social.

La amnistía es posible, siempre y cuando la conceda el Congreso de la Unión, y esto tendría que hacerse a través de una ley expedida para tales efectos, de acuerdo con lo establecido por la Constitución, en su artículo 73, fracción XXII. La jurisprudencia internacional considera que no puede existir amnistía en caso de genocidio o crímenes de lesa humanidad, que es un supuesto distinto al caso de narcotráfico, el cual implica otro tipo de delitos.

Según el artículo 133 constitucional y basado en los tratados internacionales celebrados por México que se convierten en derecho nacional y por lo tanto obligatorio, no sería posible que la amnistía se diera sobre cuestiones que impliquen violaciones a derechos humanos, entendiéndose dichas violaciones como el consentimiento que el Estado haya otorgado a particulares para la comisión de estas violaciones, o bien, que el Estado no haya tomado las medidas necesarias para evitar las violaciones mencionadas.

No hay comparación con la cuestión colombiana, pues es más bien un conflicto político entre dos grupos que, en algún momento, se convirtió en una crisis armada, lo cual no es el caso de México, donde estamos hablando de un problema cien por ciento delincuencial y no político. Además propiciaría una situación grave de impunidad.

En mi opinión, independientemente de las severas violaciones internacionales en las que México incurriría al adoptar una medida de este tipo, derivadas de los incumplimientos a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, una medida de esta naturaleza favorecería un ambiente de mayor inseguridad y, más grave aún, un ambiente de inseguridad y de impunidad propiciado y fomentado por el propio Estado.