Barcelona.- Desde hace mucho tiempo, antes del referéndum ilegítimo del 1 de octubre pasado, España vive y sufre el peor fenómeno sociopolítico del país en las últimas décadas, que se ha agudizado recientemente en Cataluña, pero que tiene raíces profundas que no se pudieron o no se quisieron atender en el momento preciso. Muchos dirigentes dirigieron la vista a otra parte. Independentismo o permanencia en España, es la cuestión.. En el último de los casos, la instauración de la República de Cataluña si se separara del Reino de España. La historia es muy vieja. Lo sucedido entre 1936 y 1939, la Guerra Civil española (en contra de la legítima República), abrió una herida que dividió a los españoles. Ahora muy pocos —pero los hay— tratarían, irresponsablemente, repetir la historia.
Ríos de tinta y de verborrea han corrido sobre esta crisis no solo en España, sino en toda Europa. Hay varios brotes nacionalistas en el Viejo Continente. La Unión Europea no podría hacerse desentendida, máxime que el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, veleta política que cambia según la hora del día, se muestra antieuropeo y casi al segundo declara un europeísmo que muy pocos creen. Como hizo con su declaración de “independencia”: sí pero no.
El hecho es que mientras el conflicto se resuelve, España entera se enfrenta a un nudo gordiano que no encuentra su Alejandro Magno que lo corte. En tanto, los personajes del momento no se comparan con el legendario Gordio que fue el que hizo el nudo. El mítico campesino era muy superior al excéntrico Puigdemont. Y Mariano Rajoy no se siente el Alejandro Magno del siglo XXI, pero dice que “sabe cumplir sus compromisos”, especialmente en materia de reforma constitucional.
Una vez que el gobierno decidió que se aplicara el artículo constitucional 155 debido a la volátil “declaración de independencia” de Cataluña, lo que dio pie a la intervención directa de Madrid en Barcelona y todo el territorio catalán, y la convocatoria a elecciones para elegir nuevo gobierno en esa comunidad autónoma española, todo parecía desembocar en una entidad ingobernable. Por fortuna para todos, esto no ha sido así. Unos y otros han actuado profesionalmente lo que alivió la tensión local. El próximo paso se dará el 21 de diciembre, tres días antes de Navidad. Menudo regalo. El resultado es de pronóstico reservado.
No se puede ir a España en estos momentos y dejar de escribir sobre el problema catalán. Literatura abunda. No es fácil abarcar problema tan complicado en unas cuantas líneas. Espulgando aquí y allá encontré en El Mundo del martes 28 de noviembre una carta suscrita por José de Miguel y Francesc de Carreras, apoyada por una veintena de académicos e intelectuales catalanes que analizan su verdad frente a otra carta abierta: “Defender el Estado de Derecho en la UE”, suscrita por otras académicos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo que denunciaban supuestas actuaciones de las autoridades españolas antes, en y después del referéndum ilegal del pasado 1-0. Creo que varios párrafos de la carta, titulada “Cataluña: en defensa de la verdad”, valen la pena reproducirse:
“Lamentamos que los firmantes de la carta abierta citada se equivoquen también al denunciar que las autoridades españolas, incluidos los jueces y tribunales ordinarios, así como el Tribunal Constitucional, han vulnerado los derechos fundamentales recogidos en los tratados internacionales.
“Una acusación tan grave debería argumentarse debidamente. Sin embargo, sorprende que la Carta no aporte ningún dato concreto, más allá de consideraciones generales sin especificar que justifique la vulneración de derechos fundamentales por parte de la legislación española…
“…Afirmar como hace la Carta Abierta que en los días previos al referéndum (sic) del 1 de octubre, las autoridades españolas tomaron una serie de =medidas represivas= contra funcionarios , miembros del parlamento regional, alcaldes, empresas públicas y privadas, es incierto. Tales medidas no fueron en absoluto represivas sino adoptadas con todas las garantías constitucionales por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en ejecución de la resolución del Constitucional que suspendió las normas y actos cuya finalidad fuera llevar a cabo un referéndum regulado por una ley entonces suspendida, por tanto, inaplicable, y pocos días después declarada inconstitucional mediante la correspondiente sentencia. Acusar de represiva una medida adoptada por un juez sólo puede sostenerse si se demuestra que es arbitraria, contraria a derecho…Nada de eso se ha probado ni siquiera se ha intentado argumentar en la Carta Abierta.
“En tercer lugar…el cuerpo de policía encargado de impedir la celebración del referéndum ilegal era la Policía autonómica catalana (Mossos d´Esquadra). Por esta razón recibió instrucciones de la juez que llevaba el caso. Pero esta policía no cumplió dicho encargo judicial —sus jefes están ahora siendo investigados por si procede su procesamiento— y debió ser sustituida precipitadamente por la Policía Nacional (cuerpo estatal). En consecuencia, a esta Policía Nacional se le tendió una embocada que propició situaciones complicadas en las que fue necesario, como tantas veces en una manifestación, el uso de la fuerza física.
“Sin embargo, a pesar de la cifra proporcionada por la Generalitat de casi 900 heridos (sic), lo cierto es que el empleo de esta fuerza física fue muy limitada. La prueba es que solo tuvieron que ser atendidos en los hospitales cuatro personas: dos de ellas fueron dadas de alta inmediatamente, otra sufrió un infarto de miocardio sin consecuencias mortales —del que no puede responsabilizarse a la policía— y solo una cuarta fue herida en un ojo por un disparo de pelotas de goma y tuvo que ser intervenida en un centro médico. De las imágenes difundidas en las redes sociales se supo, en los días siguientes (The Guardian, Le Monde o El País, entre otros, lo averiguaron) que muchas de ellas pertenecían a cargas policiales efectuadas en otros tiempos y circunstancias, no el 1 de octubre, lo cual demuestra la mala fe de las noticias difundidas, parte de la campaña de propaganda orquestada por las organizaciones independientes catalanas en connivencia con la Generalitat.
“Por tanto, no puede afirmarse, como la hace la Carta Abierta, que la “Policía española actuó con excesiva fuerza y violencia contra votantes y manifestantes pacíficos”, ni que el uso de la fuerza fuera desproporcionado y abusivo. Sí así hubiera sido, no tiene explicación alguna que pudieran votar, según cifras proporcionadas por los organizadores, de veracidad indemostrable por la falta de garantías electorales, alrededor de dos millones y medio de ciudadanos catalanes.
“Sn embargo, lo más sorprendente de la Carta Abierta, que aparentemente está tan preocupada por el Estado de derecho en España, es que no se refiera en ningún momento a la continuada desobediencia del Parlamento y el Gobierno catalán a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a las demás normas del ordenamiento jurídico y a las sentencias judiciales. En concreto, puede afirmarse que durante los meses de septiembre y octubre, estas autoridades autonómicas han actuado con un total desaprecio a la Constitución, a las leyes vigentes y a las resoluciones judiciales: en diversas ocasiones han proclamado que no estaban dispuestos a respetar las leyes y cumplir las sentencias. También sorprende que la Carta no muestre preocupación alguna por las más que fundadas sospechas de corrupción de las autoridades catalanas al emplear desde hace años fondos públicos de la Generalitat en la financiación de todas estas actividades partidistas a favor de la independencia…”
“Por todo ello, resulta un sarcasmo que la Carta acuse al Gobierno central y a los tribunales de actuar al margen de los estándares del Estado de derecho europeo garantizado por los Tratados de la Unión Europea y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando, precisamente, quienes han actuado al margen de las leyes, incluso del Estatuto de la autonomía catalana y de las propias normas de la Generalitat de Cataluña, han sido las autoridades catalanas.
“En conclusión, al margen de las simpatías ideológicas que puedan despertar las aspiraciones separatistas encaminadas a la ruptura de la integridad territorial española, consideramos que al restaurar el orden constitucional en Cataluña mediante la aplicación del artículo 155, las autoridades españolas están también garantizando el Estado de derecho comunitario…”
La cita es el 21 de diciembre.
