Sin duda, 2017 será un año recordado por los eventos económicos que se vivieron en México, desde el alza en los precios de las gasolinas, hasta las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; además de las importantes repercusiones económicas del sismo del 19 de septiembre. El cierre de este año también es el inicio del último del sexenio actual, y con ello, los tiempos electorales, así como el cambio de gobierno.
Los cambios en el entorno económico internacional, como la caída de los precios del petróleo iniciada en 2014, el brexit en 2016, las políticas comercial, fiscal y migratoria del gobierno de Estados Unidos y sus efectos en el tipo de cambio en los últimos meses, así como las tendencias al proteccionismo y los tiempos líquidos han marcado el desempeño de la presente administración y nos ofrecen resultados económicos contrastantes que nos invitan a la reflexión y a la acción como país.
En cinco años de gobierno, México ha crecido a una tasa anual de 2.5 por ciento en promedio y se han generado 3.5 millones de empleos en el sector formal. Hasta octubre de este año, las exportaciones han crecido 9.7 por ciento sumando 336,189 millones de dólares. En general, buenos resultados, pero insuficientes para lo que necesita el país.
Las reformas aprobadas para elevar la productividad y el desarrollo económico fueron un hito en la historia moderna de México; sin embargo, no han logrado dar los resultados esperados.
La hacendaria permitió incrementar los ingresos tributarios en una tasa media anual de 20.3 por ciento, pero la reducción de los ingresos petroleros ejerció una presión al gasto que derivó en el incremento de la deuda pública a una tasa de 19.4 por ciento. La laboral ha generado nuevos trabajos, que han sido el resultado de la regularización de los empleos informales, pero muchos de ellos caracterizados por ser de baja remuneración.
La energética ha puesto a México en la mira de inversionistas a escala mundial con el objetivo de explorar y explotar el oro negro; sin embargo, el alza en los precios del gas LP y en las tarifas de electricidad, no han permitido que el consumidor se beneficie de esta reforma.
Las reformas en materia de competencia económica, y en telecomunicaciones y radiodifusión fortalecieron a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones y han permitido que más mexicanos tengan acceso a internet mediante el Programa México Conectado, por mencionar un ejemplo.
En materia de precios, el Banco de México se ha caracterizado por la responsabilidad monetaria y el cuidado de la inflación; sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y el alza en el precio de las gasolinas ensombrecieron su desempeño en los últimos meses. En octubre, la inflación se ubicó en 6.37 por ciento, lejos de su objetivo de 3 por ciento anual con un intervalo de variación de ±1 por ciento. Lo anterior derivó en una disminución de los salarios reales. El salario promedio en octubre se ubicó en 331.3 pesos por jornada, que respecto al mismo mes del año previo, representó una baja de 1.2 por ciento en términos reales.
La reforma educativa ha avanzado en la evaluación de más de un millón de maestros, la estrategia nacional de inglés y el programa @prende 2.0; sin embargo, es necesario fortalecer en los jóvenes las competencias en matemáticas, de lectoescritura y en ciencias, así como ampliar el presupuesto destinado al desarrollo científico, tecnológico y en innovación.
El combate a la pobreza es una asignatura pendiente, según el último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2016 había 53.4 millones de habitantes en dicha situación, cifra menor en comparación a 2012 (55.3). Lo cierto es que los niveles siguen siendo elevados y no se puede ser triunfalistas ante esta situación.
La región sur-sureste del país ha sufrido históricamente de un rezago en desarrollo económico. En este sentido, la declaratoria de las Zonas Económicas Especiales es un acierto que deberá acompañarse de un proyecto de país de largo plazo, que incluya una política industrial holística que incentive la innovación, la investigación y el desarrollo y que pueda integrar cadenas productivas cada vez más sólidas, así como de mayor inversión pública y privada en infraestructura, que en los últimos años ha sido cada vez menor.
El ejercicio del Estado de derecho, la seguridad, la corrupción y los niveles de violencia son un capítulo aún sin resolver; si bien es cierto que se ha fortalecido el Sistema Nacional de Alertas y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, es imperante, en el corto plazo, evitar más casos de la misma, de peculado, enriquecimiento ilícito, así como erradicar el crimen organizado. Recordemos que la corrupción eses deriva de la impunidad y mientras esta siga, será poco posible disminuir la corrupción; por ello la importancia de la ejecución real, transparente y sin tolerancia de las leyes.
A cinco años de gobierno, hay resultados positivos y puntos críticos por atender. El proyecto de nación que queremos construir es de todos y debe mirar a largo plazo. El último año del actual gobierno y la siguiente administración deben procurar la continuidad de proyectos, pero también deben posicionar a México en el terreno de productividad, competitividad, innovación y tecnología, acabar con la corrupción y reducir la pobreza significativamente.
