El ilustre pensador Walter Benjamin advirtió en su octava tesis sobre la filosofía de la historia: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el cual vivimos es la regla general”. Tal argumento y la necesidad de entender a cabalidad lo sucedido en los campos de concentración erigidos por el régimen nazi, llevaron al tratadista italiano Giorgio Agamben a sostener lo siguiente: I) el estado de excepción se ha convertido en la forma permanente y paradigmática de gobierno, II) ello conlleva la instauración de una guerra civil legal que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político dominante.

Las tesis de Benjamin y Agamben se han concretado en nuestro país. Desde hace once años vivimos un estado de excepción. A partir del momento en que las Fuerzas Armadas fueron sacadas de los cuarteles para que asumieran funciones de seguridad pública que son exclusivas de las autoridades civiles, quedaron suspendidos de facto, entre otros, los derechos humanos a la vida, a la integridad, al libre tránsito, a la presunción de inocencia, al debido proceso. El saldo de este evidente descarrilamiento del Estado no puede ser más desgarrador: 150 mil vidas humanas segadas, 30 mil personas desaparecidas, la tortura es ya una práctica generalizada.

Tal estado de excepción se volverá permanente si entra en vigor la infame Ley de Seguridad Interior. A contrapelo de los enérgicos señalamientos hechos por el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el presidente de la CNDH y poderosas ONG, como Amnistía Internacional, los diputados de la mayoría aprobaron dicho ordenamiento a sabiendas de que viola flagrantemente los mandatos supremos contenidos en los artículos 21, 89, fracción VI, y 129 constitucionales. Peor aún, es vulnerador del derecho humano a la paz y muchas otras prerrogativas fundamentales reconocidas en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y de los estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así pues, los legisladores atacaron con saña el espíritu civilista de nuestra centenaria Carta Magna y dieron curso a la patología de la guerra civil legal, la guerra de baja intensidad a la que se refiere Agamben. Con ello, la nación entera será sometida a un acelerado proceso de militarización cuyas consecuencias son impredecibles. Gracias a su reprobable acción, el Estado constitucional de derecho ha sido gravemente fracturado.

En su visita de hace dos años, el jurista argentino Raúl Eugenio Zaffaroni, actual presidente de la Corte Interamericana, afirmó que México está viviendo un genocidio por goteo. Con la Ley de Seguridad Interior lo que habrá será un genocidio por goteo totalmente normalizado e institucionalizado. El huevo de la serpiente del Estado totalitario ha sido sembrado.