Cuando se escriben estas líneas, las comisiones del Senado están a punto de reunirse para aprobar el dictamen de la Ley de Seguridad Interior. Si todo transcurre como se prevé, el jueves y viernes esta ley sería aprobada por el Congreso, la cual implica militarizar las calles, las comunidades, los municipios y las entidades federativas, es una respuesta equivocada a la grave situación de inseguridad pública y ciudadana que vive nuestro país.
Como ha quedado claro y en estas líneas lo reiteramos, nos oponemos decididamente a la Ley de Seguridad Interior por varias razones, como son:
- Porque significa la violación de los Artículos 21 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al confundir las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública ciudadana y la Seguridad Interior de sus órdenes de gobierno e instituciones.
- Porque significa la violación a los Artículos 21 y 129 constitucionales, al entregar en forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares, en tiempos de paz.
- Porque significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales que obligan a nuestro país, como impone su artículo 1º Constitucional.
- Porque significa la instalación formal de un esquema de vigilancia social mediante la inteligencia castrense; un sistema de espionaje militar, político, discrecional y sistemático, como es la práctica de las autoridades mexicanas.
- Porque significa la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, incluso por motivos político-electorales, mediante acciones para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos a la seguridad, bajo definiciones abiertas, ambiguas y discrecionales. Formas modernas de la guerra sucia que violentan los artículos 7º, 8º y 9º constitucionales.
6. Porque significa la ausencia de controles democráticos que sujeten la actuación de las Fuerzas Armadas a las formas mínimas de transparencia, rendición de cuentas, control político y responsabilidades, en abierta trasgresión a los artículo 6º, 13, 14, 16, 29, 93 y otros.
7. Porque significa la privación de las posibilidades y los incentivos para la depuración, profesionalización y coordinación de las instituciones policiales federales, estatales y municipales, como condición mínima para afrontar la parte punitiva de la política criminal de todo Estado.
8. Porque significa la quiebra del federalismo, por vía de la invasión flagrante de las competencias constitucionales de las entidades federativas, de los municipios, incluso de los organismos autónomos, a discreción del Ejecutivo Federal o mediante petición local, desesperada ante el amago de no colaboración federal frente al flagelo de la ola delincuencial.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un grave error, un error histórico del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de los grupos parlamentarios del PRI y sus aliados en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, porque lejos de ofrecer una vía de solución al grave problema de la inseguridad y de violencia, profundiza la descomposición.
Qué lamentable que este gobierno termine con la aprobación de una ley que militariza al país, vulnera los derechos humanos y pone en riesgo a la paz social.
Las fuerzas armadas no pueden, no deben asumir la función de la Seguridad Pública, porque su involucramiento en estas tareas altera significativamente la naturaleza de las instituciones básicas del Estado. Transformar este orden jurídico, equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político; significa modificar su cimiento en la legitimidad social para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina.
Esta Ley constituye la entrega del control político de los territorios al mando militar. Es un cambio extremadamente riesgoso para la democracia, de por sí diezmada por la ausencia de miras de la clase política dominante. Fatal para las libertades y los derechos civiles, sociales y políticos. Lo que viene después no le conviene a nadie, al menos, a ningún mexicano con esperanza demócrata e igualitaria.
¿Por qué actúan así el gobierno federal y sus aliados? Entre varias de las razones, conviene destacar dos. Primero, porque están desesperados por las elecciones del próximo año, saben que perderán la Presidencia de la República. Segundo, por el sometimiento a los intereses de la oligarquía y del gobierno de Estado Unidos. La mano dura, la militarización del país, el retroceso de las libertades y ejercicio pleno de derechos son anhelos largamente acariciado por los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestro país, para los cuales la democracia es un molesto obstáculo. Mientras que para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de Donald Trump, la militarización es el modelo de seguridad que le conviene a sus intereses políticos y económicos.
@MBarbosaMX
