La forma y el fondo de la Ley de Seguridad Interior la definen como uno de los ordenamientos que mayor oposición ha despertado en la sociedad en este sexenio que termina. Mal que el Presidente haya desdeñado las voces, no sólo de la oposición, sino de un amplio, muy amplio espectro social. Mal que haya, pese a esas voces, decidido instruir su aprobación en el Congreso de la Unión. Mal que la haya promulgado y muy mal que delegue en otro de los poderes de la Unión, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la definición de su constitucionalidad.
Por eso, entre las malas noticias con las que termina 2017, como la de haber sido el año más violento desde que se lleva un registro de estas estadísticas y una nueva devaluación del peso frente al dólar, que lo colocan a más de 20 pesos por dólar, la promulgación de la Ley de Seguridad Interior es una mala noticia para nuestro país, para la sociedad y para los derechos humanos.
El gobierno federal ha perdido toda sensatez en el ejercicio de la autoridad y se ha olvidado que quien ejerce el poder cuida el interés general. Ahora, queda claro lo que siempre desde la oposición real hemos sostenido: el actual gobierno sólo se ha dedicado a cuidar su interés.
Con la promulgación de esta ley, el presidente Peña Nieto se distancia cada vez más de la realidad y de los mexicanos. Desafía y rivaliza con la opinión pública nacional y extranjera. Parece que nos reta, que reta a la razón y al sentido común, que nos dice: “a ver, demuestren que es inconstitucional”. Esto dicho desde la Presidencia de la República y todo el poder y recursos que concentra y su capacidad de influencia en la vida pública, se percibe como una nueva simulación, para simplemente avanzar en la legitimación de esta ley. Por momentos parece que todos los argumentos, reiteradamente expuestos por representantes de organismo nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, organizaciones defensoras de estos derechos, activistas, periodistas y académicos, están escritos en un idioma que el gobierno federal no entiende, o mejor dicho, lo entiende, pero simplemente los ignora.
¿Por qué nos ignora el Presidente? ¿A quién obedece Peña Nieto cuando impulsa esta ley? Obedece al gobierno de Estados Unidos que quiere que el continente americano se militarice, pero también obedece a la oligarquía mexicana que quiere a un Ejército sin controles políticos reales, y lo quiere así por el irremediable cambio de régimen que ocurrirá en nuestro México en el 2018. Esta idea que los voceros y plumas del gobierno han querido descalificar diciendo que se trata de simples especulaciones, es el fondo del problema. No pasará mucho tiempo para que comiencen a aparecer datos y declaraciones de la subordinación del gobierno de México a este tipo de intereses.
El presidente Enrique Peña Nieto carece de una visión de Estado y los integrantes de su gobierno no son estadistas. Este gobierno no escuchó a la sociedad, a intelectuales, académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos del país y de otras naciones del mundo. En estos momentos, el gobierno no calibra adecuadamente el impacto social de estas decisiones. Apuesta que con las fiesta decembrinas y el nuevo año, el tema quedará olvidado, como ocurre con varios tópicos de la agenda nacional. Se equivoca, la respuesta y crítica no han cesado; por el contrario, son cada vez más la voces que alertan sobre los riesgos que implica esta ley.
El Presidente de la República utiliza un lenguaje tramposo cuando pide a la Corte analizar la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, pues el máximo tribunal podrá hacer dicha revisión sólo si algún interesado con legitimidad ejerce esa acción de control, no de oficio. Es el tiempo de la Corte, de que el Poder del Estado mexicano responsable de salvaguardar la constitucionalidad de nuestra Carta Magna, se exprese y con sensatez emita su resolución respecto a la Ley de Seguridad Interior.
Ya veremos al inicio del 2018 si desde el Poder se intenta disuadir a la CNDH para promover esta acción de inconstitucionalidad, o bien, se ejerce presión a los legisladores de la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, para que no se logre un tercio de cada una de las Cámaras para poder ejercer el precepto de la acción de inconstitucionalidad.
Desde la sociedad, desde el Congreso, desde todos los frentes posibles, tenemos que seguir expresándonos en contra de esta ley, su aplicación es riesgosísima para el orden constitucional, violenta los derechos humanos, militariza al país y atenta contra la paz social. Lo debemos hacer con las armas que nos permite la Constitución, en la tribuna, en los medios de comunicación y en cada uno de los espacios posibles. Un gobierno, cuando es democrático, no puede ir en contra de la voluntad mayoritaria de su pueblo.
Senador de la república
@MBarbosaMX
