El asunto de la seguridad pública en México será uno de los grandes temas de la campaña electoral de 2018, pero también y sobre todo, uno de los grandes problemas a solventar para que México pueda avanzar hacia un nuevo modelo institucional que garantice la justicia, la seguridad, y que combata la impunidad, en un momento especialmente delicado para la nación donde vivimos el año más violento de nuestra historia reciente.
El debate de la Ley de Seguridad Interior no solo no aborda las necesarias reformas institucionales, sino que ahonda aún más en las soluciones reactivas e inmediatas, generando un clima social de incertidumbre, ante los tiempos acelerados de las cámaras, por aprobar la ley en una semana. Esto, como ciudadanos comprometidos con nuestro país, nos hace sospechar. Los temas fundamentales de una nación necesitan sus tiempos de estudio, diálogo, debate y reflexión.
Durante unas pocas horas, este mismo lunes, los gobernadores cercanos a esta ley tuvieron varias horas para defenderla, las mismas o más, que los expertos de la sociedad civil y la seguridad pública, que se manifestaban, con argumentos de peso, y amparados por la ONU, mayoritariamente en contra. Todo el proceso estuvo mal desde el principio, pero también el planteamiento de base en el que se ampara la ley: la seguridad interior es un concepto que no existe en México, y que además, en la región latinoamericana, está profundamente marcado por su carácter autoritario, derivado de las dictaduras militares en la región durante los años ochenta. En México existen dos conceptos, el de seguridad pública, responsabilidad de la policía, y el de seguridad nacional, responsabilidad de las fuerzas armadas.
Si uno fuera un poco malpensado, podría llegar a pensar que la aprobación relámpago de esta ley, a tan solo 7 meses de la elección, obedece a una suerte de temor: quizás a la posibilidad de que “ya saben quién” llega al gobierno está generando en el viejo régimen político el deseo de generar impedimentos tan fuertes que impidan la gobernabilidad a un futuro líder electo democráticamente, que ha defendido la necesidad de mejorar la capacitación, el reclutamiento y los procedimientos de los cuerpos policiales, para que estos, progresivamente, vuelvan a las calles, y el Ejército pueda retirarse a realizar las labores que le corresponden, que son las de defender la nación y su soberanía.
Si los gobiernos federales se hubieran tomado en serio el tema de la seguridad pública, quizá no hubieran renunciado durante una década a capacitar mejor y con más recursos humanos, materiales y profesionales a nuestros cuerpos de policía, mejorando los procesos de reclutamiento, y por qué no, mejorando los incentivos para aquellas y aquellos que se forman al máximo para ofrecer un mejor servicio de seguridad a los ciudadanos.
Las transformaciones que el Senado ha propuesto sobre la Ley de Seguridad Interior, en un dictamen que se ha dado a conocer este miércoles, son mayoritariamente cosméticas y no abordan los principales temas que nos preocupan de esta ley. El tema de la transparencia de la información generada por esta ley sigue en sus mismos términos: eliminaron solo la palabra “clasificada”, pero de ninguna manera se garantiza la rendición de cuentas ni su transparencia.
Pareciera que en el Senado sigue habiendo una mayoría de aquellos que se oponen a que esta Cámara sea un contrapeso real al Ejecutivo, y que su labor sea la de embellecimiento de la concatenación de malas decisiones que un gobierno con nefastos índices de popularidad quiere imponer. Sea como fuere, el tema de la Ley de Seguridad Interior, se apruebe o no esta semana, no termina aquí, y sería muy ingenuo pensar que la respuesta social y jurídica terminará con las modificaciones cosméticas del nuevo dictamen.
@ZoeRobledo
Senador de la República por Chiapas
