La Ley de Seguridad Interior volvió a la escena pública. El pasado jueves 30 de noviembre se discutió en la Cámara de Diputados y fue aprobada en lo general con 248 votos a favor, 115 en contra, 48 abstenciones, quedando fuera de este trabajo —por cuestiones de cierre— el debate sobre las 101 reservas al documento.

Atrás quedo un debate que enfrentó a los partidarios de la iniciativa, entre los que se encuentra el colectivo #SeguridadsinGuerra, con voces como María Elena Morera y José Antonio Guevara que cuestionan la falta de profesionalización de las policías del país para que los militares se retiren de este escenario, a la vez que piden se respeten los derechos humanos, teniendo como contraparte a especialistas como Juan Ibarrola que sostiene que este marco legal es necesario para que las Fuerzas Armadas actúen con certidumbre en este ámbito.

Siempre! ofrece ambas posturas en el marco de la discusión de este tema.

Responsabilidades por cumplir

En el contexto de la aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, el colectivo #SeguridadsinGuerra presentó una serie de propuestas como alternativa a la decisión que se tomó en el Poder Legislativo.

Para María Elena Morena, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común A.C., organismo integrante del colectivo, el principal problema es que la iniciativa no resuelve el tema de la responsabilidad que estados y municipios tienen para formar policías y prevenir la delincuencia.

En entrevista con Siempre!, sostuvo que “el mayor riesgo, si se aprueba la iniciativa del PRI, es que dejemos de preparar a nuestras policías, los gobernadores van a seguir evadiendo su responsabilidad pues les cuesta mucho trabajo reconocer la necesidad de realizar cambios”.

Morera enfatizó que no se ha contemplado que esta parte implica uno de los orígenes del problema.

“El mayor riesgo está en que con la aprobación de esta ley, los estados y la federación dejen de cumplir con sus obligaciones. Se corre el riesgo que el gobernador o el presidente municipal tengan que asumir los costos políticos de declarar un Estado de excepción, que es lo que se tendría con esta ley, lo cual nunca han querido hacer, porque quieren la parte fácil: que lleguen los militares, que se desgasten, que hagan el trabajo que le toca a la policía, mientras ellos no invierten y si se tiene éxito pues ellos lo cargan a su favor y si es un fracaso se lo dejan a los militares”, completó.

Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en este tema, la presidenta de Causa en Común apuntó que “hay un riesgo que la sociedad no ha tomado en cuenta, pues realmente nuestras Fuerzas Armadas siguen teniendo prestigio, pero ha ido bajando en los últimos años. Hay que trabajar y la ciudadanía no sabe del gran riesgo que existe en militarizar al país y darles tareas de seguridad pública”.

Asimismo compartió con este medio que “la posición que tenemos, en medio de una grave crisis de inseguridad, es fortalecer a las policías, a las procuradurías, mejorar el tema carcelario y la prevención del delito, para que podamos salir de esta crisis de violencia que estamos viviendo”.

María Elena Morera también dijo que se buscó a los impulsores de la iniciativa para explicarles las preocupaciones del colectivo.

“Hemos hablado con César Camacho y con Roberto Gil —quien es aliado de ellos—, y siguen insistiendo en que la crisis es tan grande que es necesario contar con un marco jurídico para que participen en este tema las Fuerzas Armadas, nosotros por supuesto que reconocemos la gran labor que han realizado, sin embargo lo que hemos discutido es que entre más Fuerzas Armadas están presentes en los estados, menos incentivos tienen los gobiernos estatales, los ejemplos más claros son Tamaulipas y Veracruz, en el primero llevan 10 años con las Fuerzas Armadas como policía, y en Veracruz llevan 6 años incluso con marinos en labores de policías de tránsito”.

Destacó que los ejemplos de lo anterior demuestran que el problema no se resuelve con más presencia militar en las calles.

“Es muy claro como recurrir a las Fuerzas Armadas no significa reducir la inseguridad, pero sí significa que preparen menos a sus policías, porque el dinero lo están utilizando para la permanencia de las Fuerzas Armadas y no para fortalecer a las policías, los militares y marinos tienen un sobresueldo por el servicio, lo que significa que están trabajando en algo que no les corresponde”, concluyó María Elena Morera.

Por los derechos humanos

José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e integrante del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU, conversó con Siempre! para compartir sus preocupaciones por la Ley de Seguridad Interior y los derechos humanos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también forma parte del colectivo #SeguridadsinGuerra. En opinión de Guevara, “se trata de un albazo legislativo de parte del PRI, el Verde y con algunos de los llamados «rebeldes» panistas que buscan aprobar una legislación que no ha sido discutida con la sociedad civil”.

La principal preocupación que expresó nuestro entrevistado radica en la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos no sólo continúen, sino que se dificulte su investigación y castigo.

“Es una ley que no busca proteger los derechos de las personas, a los seres humanos, su seguridad y patrimonio, sólo es una legislación a modo para el Ejército que busca fomentar la dependencia de la presencia de los militares en la calle y, con ello, fomentar la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en los últimos años y con esto me refiero a los crímenes cometidos en la masacre del 68, en la guerra sucia, en el conflicto zapatista y desde el 2006 en la guerra contra las drogas”, señaló.

La principal preocupación del defensor de derechos humanos radica en la dificultad para investigar las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas.

“En los últimos años, hemos visto que el Ejército haciendo tareas de seguridad pública ha fomentado y cometido muy graves violaciones de derechos humanos que han dejado de ser casos aislados, conductas indebidas de algún servidor público, y que nos permiten afirmar que se trata de crímenes de lesa humanidad. Las detenciones arbitrarias, torturas en cuarteles, desapariciones forzadas hechas por militares y ejecuciones extrajudiciales como en el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey, jóvenes de excelencia que fueron asesinados a las afueras de la escuela y luego se les quiso presentar como parte del crimen organizado, todos esos crímenes se han cometido a gran escala en este contexto y ha sido muy difícil investigar y acreditar que se cometieron esos abusos. Con esta legislación, en primer lugar se legitimará ese tipo de abusos y excesos que se han cometido y, en segundo lugar y muy preocupante, es dificultar la investigación y la rendición de cuentas, ¿cómo lo hacen? Clasificando de golpe toda la información de seguridad interior como si fuera de seguridad nacional”, sostuvo.

No es una ley para las Fuerzas Armadas

En contraste con nuestros anteriores entrevistados, Juan Ibarrola, especialista en temas militares y columnista que ha dado voz a las Fuerzas Armadas en medios de comunicación, sostiene que no se trata de una ley para el Ejército, sino una necesidad ante el desafío que implica para el Estado la violencia generada por la inseguridad pública.

“Somos de los pocos países que no tienen una ley de seguridad interior, lo cual genera una debilidad, la realidad que tenemos en México en materia de seguridad interna y de la violencia desmedida que vive el país, además de la impunidad con la que actúan no sólo grupos poderosos sino también delincuentes comunes que saben que no los van a detener, o si los detienen no van a pasar mucho tiempo presos, es lo que hace urgente esta ley”, explicó a Siempre!

De acuerdo a Ibarrola, la magnitud del problema justifica la iniciativa aprobada en el Poder Legislativo.

“Es muy importante decirlo así, no es una ley para las Fuerzas Armadas y esto debe entenderse, es una ley de Estado que beneficia a la gente no a las Fuerzas Armadas, ahora se hace necesario que hay un marco legal para éstas, es importante porque en este momento no hay una respuesta institucional a estos asuntos tan terrible, no existe, lo estamos viendo en Veracruz, Guerrero o Tamaulipas, es decir, una gran parte del país tiene un problema por esta impunidad y si no se genera responsabilidad desde los gobernadores y alcaldes para atenderlo en conjunto con las Fuerzas Armadas”.

Acerca de la crítica de que con la Ley de Seguridad Interior se le dará carta blanca a los militares para que actúen con impunidad, incluso en actos de represión en protestas sociales, el especialista negó que ese sea el fin de la propuesta.

“Las Fuerzas Armadas no tienen ese marco jurídico, políticamente se está entendiendo como que les van a dar más atributos para que puedan reprimir socialmente a la gente, para que puedan tener impunidad los militares, pero hay que preguntarnos si desde 1968 los militares han reprimido o cuándo ha quedado impune un delito que hayan cometido los militares y pongo un ejemplo, del 100% de las denuncias que llegan a la justicia civil, un 2% se resuelve y 98% queda impune, en el caso de la justicia militar es exactamente al revés”, agregó.

Acerca de las violaciones a los derechos humanos, otro de los argumentos que se han presentado para oponerse a la Ley, Juan Ibarrola detalló que se ha magnificado el tema buscando dañar a la institución castrense, cuando la realidad es otra.

“Estos colectivos buscan encontrar un tema de moda, el de los grupos vulnerables, encontrar en el supuesto abuso una bandera de lucha social. La institución que más viola derechos humanos en el país, según la CNDH, es el IMSS y no se han ido en contra de médicos o administradores públicos, eso no vende, lo que vende es hablar del soldado represor, asesino”, recordó.

Al abundar sobre este particular, explicó que “la realidad es que en los últimos 10 años, con base en datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han presentado más de 132 mil denuncias en contra de las Fuerzas Armadas por violación de derechos humanos, de esa cifra solamente 130 se han vuelto recomendación de la CNDH, no se puede hablar de violación sistemática con estos números y esto ha disminuido, porque la propia Comisión se dio cuenta que las denuncias no se ratifican o traen información falsa”.

Finalmente, apuntó que por la cercanía con las Fuerzas Armadas sabe que éstas esperan que dicha legislación les ayude a regresar a su actividad principal, “siempre y cuando se le dé una temporalidad a su actuar en las calles, porque la ley debe obligar a formar corporaciones policiacas profesiones y efectivas para que las Fuerzas Armadas regresen a su función original. No menciono que regresen a los cuarteles, porque nunca han estado ahí desde hace 30 años, pero que dejen el tema de seguridad pública y regresen a su función de seguridad interior y seguridad nacional, sin embargo si esto no se da —y ese es el riesgo—, si no se les obliga a las autoridades civiles vamos a seguir teniendo esta discusión y todo el desgaste no sirvió de nada, porque los únicos que han dado respuesta a este problema han sido las Fuerzas Armadas, y sin un marco legal los puede llevar a ser acusados de violaciones de derechos humanos sin sustento, a que sean acusado de delitos de lesa humanidad, cuando no es así”, concluyó.

@AReyesVigueras

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