Golpearás la roca y manará agua para que beba el pueblo. Éxodo 18.5
El viernes 24 de noviembre de 2017 pasará a los anales de la historia como una de las páginas más vergonzantes del desempeño legislativo de la Ciudad de México, ese día, coincidiendo con el espíritu comercial del Black Friday sajón —que dio origen a nuestro “Buen Fin”— la mayoría ficticia que secuestró a la VII Legislatura de la ALDF entregó a las leyes del mercado tanto la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México como la Ley de Sustentabilidad Hídrica, es decir, subastó la reconstrucción y remató el servicio de agua de la ciudad.
En un acto de colusión legislativa, legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, NA y Humanista no tuvieron reparo alguno en cumplirle al saliente jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, su obsesión por imponer una ley de reconstrucción que desconoce los derechos de las víctimas de un sismo y los deberes de los Estados que forman parte de la ONU, como el de garantizar la reparación de los daños a costas del erario, recurso que proviene del puntual pago de impuestos de las víctimas y de sus familiares.
Los principios de solidaridad y participación social que en 1985 sí supieron entender y asumir Miguel de la Madrid y el responsable de la concertación social, Manuel Camacho Solís, estuvieron ausentes de la mente del actual gobernante capitalino, para quien las leyes de mercado son el paradigma de modernidad en la gestión urbana y en vez de recurrir a un programa que ya había demostrado su eficacia, prefirió, a través de algunos de los esquemas financieros que contempla su propuesta, imponer una ley que subsume a damnificados de clase media y media alta a ser deudores eternos de la banca.
Pero no sólo la banca se verá beneficiada, sino también los gentrificadores y especuladores, pues uno de los mecanismos propuestos por Mancera es un anzuelo envenenado para las víctimas del sismo, al ofrecerles reconstruir el edificio en el que estaba su condominio a cambio de aceptar que se construya y venda un 35 por ciento más de vivienda suplementaria para así financiar la reconstrucción de lo perdido.
En ese mismo tenor, incivil e insolidario, el black friday también se aprobó la Ley de Sustentabilidad, una ley forzada por el propio director del Sistema de Agua de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, quien fracasó en su intento por convencer a los constituyentes de asumir que el servicio de agua debe ser visto como un esquema de negocios, postura que alertó al constituyente y le llevó a plasmar en el numeral 4 del inciso B del artículo 16 que el servicio (que presta Sacmex) no podría ser privatizado.
Ante ello, Aguirre trabajó en sentido contrario con panistas, perredistas y priistas a fin de generar un marco jurídico a modo que le permitiera privatizar en los hechos lo que la Constitución de la ciudad le prohíbe.
La estulticia legislativa pretende olvidar el pasaje del Éxodo en Meribá que sustentó desde el medioevo el principio vital del agua y la prohibición explicita de su privatización.
