Con 248 votos a favor, incluidos de panistas y perredistas, 115 en contra y 48 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló la Ley de Seguridad Interior, que establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrá exceder de un año, además estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior.

Los legisladores definieron que con la entrada en vigor de la ley, los estados y municipios en lo que ya esté la presencia de las Fuerzas Armadas tendrá 90 días para solicitar la declaratoria de amenaza a la seguridad interior para sujetar a esta nueva legislación. Las que no requieren declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.

El artículo 15 del documento destaca: “La Declaratoria  de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada la vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza de Seguridad Interior que motivó y se justifique la continuidad”.

En 2006, el presidente Felipe Calderón ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán para combatir a los cárteles de la droga. Luego fueron a otros estados. Desde entonces, más de 750 mil la presencia del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en ciento de municipios de todo el país.

Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos se pronunciaron en contra del dictamen impulsado por el PRI, al considerar que abre la puerta a la militarización del país, y potenciales violaciones de garantías de los ciudadanos.

Amnistía Internacional México mostró profunda preocupación por la aprobación de la Ley. La directora ejecutiva de la organización, Tania Renault, calificó lo sucedido como un retroceso en materia de derechos humanos.

“Tenemos claro que cuando es un marco legal que regula la actuación no de la policía sino del Ejército, para realizar funciones de seguridad pública, es porque probablemente los cuerpo policiacos son débiles”.

Afirmó que desde hace 20 años las organizaciones de la sociedad civil en México, le han dicho al Estado mexicano la importancia de fortalecer a las policías estatales y municipales del país, a través de la capacitación y la entrega de herramientas para su trabajo.

Dijo que tener al Ejército en las calles, cuyos elementos no están capacitados para tareas de seguridad pública, afectará los derechos civiles de los ciudadano, especialmente, se verán amenazados en su integridad personal.

El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, recomendó que en lugar de legalizar las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se inicie un regreso gradual de los militares a sus cuarteles y se emprendan políticas públicas que abonen en la prevención y no en la represión.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la Ley de Seguridad Interior en los términos que se plantea, mezcla las concepciones entre Seguridad Nacional y Seguridad Interna, además de favorecer el “uso discrecional de las Fuerzas Armadas” en el combate contra la delincuencia organizada.

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no es necesaria una Ley de Seguridad Interior en el país, toda vez que se debe aplicar un mando único para que el Presidente de la República pueda coordinar al gabinete de seguridad.

Comentó que los policías municipales no les pagan, está abandonados, no les dan uniforme, ni equipo y por ello es necesario “aumentar los sueldos a policías, marinos, soldados”. López Obrador opinó que tiene que haber un acuerdo general y sostuvo que no hace falta ninguna reforma, porque en ninguna ley se permite cometer abusos a ninguna corporación policiaca, a la Marina, ni al Ejército.

Por su parte, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, garantizaron que la Ley de Seguridad Interior no pretende militarizar el país ni que las fuerzas armadas sustituyan a las instancias de gobierno en la lucha anticrimen.

Sales explicó que la ley busca generar policías estatales y municipales capaces de enfrentar a la delincuencia organizada sin la necesidad de solicitar ayuda a militares y marinos. Aseguró que el objetivo es apoyar a las autoridades locales a través de mecanismos y plazos bien definidos cuando se declaren incapaces de hacerlo.