La Ley de Seguridad Interior pasó la aduana de la Cámara de Diputados y aunque se prevé su aprobación en el Senado, al momento de que esté circulando esta edición, la polémica por los efectos de su puesta en práctica se mantiene.

Diversas organizaciones sociales han manifestado su oposición y tratado de que sea rechazada en la Cámara alta bajo distintos argumentos.

Para especialistas, si bien se trata de un ordenamiento que hacía falta, tiene algunos aspectos que se pueden pulir. Siempre! consultó a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas relacionados con la seguridad nacional y miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y a Carlos Ramírez, columnista y analista político, quienes consideraron necesaria esta iniciativa.

“Completamente de acuerdo con la idea de que hacía falta un ordenamiento de esta naturaleza, tenemos prácticamente 13 años de vacío en la materia, le dimos al CISEN, a las instituciones civiles, un marco jurídico y no se lo hemos dado a las Fuerzas Armadas que también tienen áreas de inteligencia militar, tienen despliegue territorial, tienen un estado de fuerza importante”, explicó en entrevista con Siempre! Rodríguez Sánchez Lara.

El también académico de la Universidad de Las Américas-Puebla, apuntó que tanto el Ejército como la Marina han actuado sin un sustento legal en sus tareas de apoyo a la seguridad pública.

“Esta ley sí le da un marco parcial de legitimidad y de normatividad, para las acciones de que ya hacen las Fuerzas Armadas y que lo hacen en un marco de desamparo legal y esto es muy peligroso para todos; sin embargo, tiene artículos que son verdaderamente un retroceso en derechos humanos ganados, en acceso a la información que van en detrimento de los ciudadanos”, sostuvo nuestro entrevistado.

Lo que hay por mejorar

Rodríguez Sánchez Lara señaló tres aspectos que tendrían que estar bajo la lupa para mejorar una iniciativa que fue aprobada, pero que necesita mejorarse con la práctica.

“Me preocupan tres puntos con relación a la Ley de Seguridad Interior. Primero, no hay una supervisión legislativa, la comisión bicamaral ha demostrado ser verdaderamente inoperante por como está estructurada. La presidencia se rota cada año entre los miembros, diputados y senadores, con lo cual no hay permanencia en el equipo, en el staff, también una rotación cada año de su presidencia hace que los presidentes no asuman todo el control político y se empoderen dentro de la comisión”.

“Segundo”, prosiguió Gerardo Rodríguez, “es terrible que una ley tan importante como esta pase por mayoría simple y no por unanimidad como fue aprobada la ley de seguridad nacional en su momento y que controlaba las actividades del CISEN”.

“Tercero”, indicó al continuar con este tema nuestro entrevistado, “la crítica internacional es espectacular, o sea, organismos internacionales, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció con una carta, del comisionado, en un hecho histórico; el prestigio del país, de su democracia está en juego y es increíble que este gobierno no esté tomando en cuenta las opiniones de organismos internacionales, de la sociedad civil y de expertos que hemos mantenido críticas respecto a varios artículos de la iniciativa”.

Y contrario a lo que se ha manifestado en las protestas y en redes sociales, acerca de las ejecuciones extrajudiciales o las violaciones a los derechos humanos, el investigador de Casede apuntó que lo que debe preocuparnos tiene que ver con otros aspectos que deben revisarse en su puesta en práctica.

“El tema de equiparar la seguridad interior con la seguridad nacional, es un ejemplo. Si las instituciones militares están entrando a áreas de seguridad interior, civil, no se le debería dar ese rango de seguridad nacional, porque implicaría una opacidad a las acciones que puede realizar el Ejército mexicano. Entonces no abona este tema a la aprobación de la misma. El tema también de la discrecionalidad que tiene el presidente de la república para determinar las circunstancias en las que se pueden desplegar las fuerzas armadas también se podrían acotar”, indicó.

Asimismo, comentó que otro rasgo que debe discutirse luego de la aprobación es el relativo con el regreso a los cuarteles: “la ley no establece una temporalidad para que los militares permanezcan en las calles, por el contrario, fortalece la presencia de las Fuerzas Armadas en las mismas. Esta ley no plantea un programa de mediano o largo plazo para que esto suceda. Eso es una mentira de quienes están promoviendo esta ley”.

Ley necesaria

“Era necesaria, por supuesto, porque de lo contrario el Ejército podía seguir actuando cometiendo las mismas irregularidades en el entendido de que la autoridad civil no regulaba su actuación, lo que provocó —como se deslizó en algún momento— una declaración del secretario de Defensa en el sentido de que si no les gustaba la presencia militar en las calles, ellos regresaban a sus cuarteles y que se quedaran con su inseguridad y cuando haya una invasión extranjera es cuando actuarían”, consideró Carlos Ramírez, autor de la columna Indicador Político.

De acuerdo al también analista político, hay que atender el origen de este asunto para comprender la problemática que estamos presenciando.

“El gobierno federal emprendió en 2007 una ofensiva de parte de Felipe Calderón en contra de los cárteles de la droga en Michoacán, movilizando fuerzas federales de seguridad —Ejército y Policía Federal—, en ese momento la argumentación de involucrar al Ejército en estas tareas se invocó lo contenido en el artículo 89 de la Constitución, que indica la facultad del presidente para movilizar a las fuerzas armadas en temas de seguridad interior”, apuntó nuestro entrevistado.

De igual manera, prosiguió, “Calderón no consideró necesaria una reglamentación porque ya lo facultaba la Constitución, el asunto estuvo en definir que era seguridad interior. A la fecha la mayoría dice que no entiende el concepto, pero está muy claro: la seguridad pública tiene que ver con delincuentes comunes; la seguridad nacional es en la frontera territorial para repeler una invasión extranjera; y la seguridad interior es cuando la delincuencia común pasa a afectar al Estado y a sus instituciones”.

Otra faceta de análisis de este tema, de acuerdo con Carlos Ramírez, es el que se relaciona con la situación que prevalecía en materia de seguridad pública en las primeras décadas del siglo XXI.

“Hay que considerar que en 2014 Peña Nieto emitió un decreto que señalaba el tema del programa de seguridad, es el establecimiento de un mecanismo legal para la actuación de las Fuerzas Armadas. Calderón ordenó a las Fuerzas Armadas ir contra los malandros, sin un marco legal específico de actuación, además de que la Policía Federal no dio el ancho, fue rebasada en armamento, por lo que sólo quedo el uso del Ejército sin que estuviera regulado”, explicó Ramírez.

En resumen, “lo que hace la Ley es llenar un vacío jurídico respecto al artículo 89 de la Constitución, lo reglamenta”, apuntó el columnista.

Los temores y la seguridad interior

Otro aspecto que compartió con este medio Carlos Ramírez tiene que ver con los temores que se han expresado en el debate en torno a la Ley de Seguridad Interior y su discusión en el ámbito legislativo.

“Los temores, como la militarización, golpe de Estado, agresiones contra la sociedad civil, represión de la protesta social, no tienen sustento pues la Ley tiene candados para todas esas situaciones”, explicó.

De igual manera comentó que “el Ejército, sin entrenamiento previo en este tema, abrió una dirección de derechos humanos y abrió módulos para recibir quejas, no eludieron el tema y se acercó a la CNDH para realizar seminarios dirigidos a militares. Inclusive, cada militar lleva una cartilla de derechos humanos, con obligación de traer consigo”.

Sobre las violaciones a los derechos humanos, dijo que “pueden darse alguna violación de derechos humanos, nadie es perfecto, pero ahora hay un marco jurídico que regula esta actuación”.

En este sentido, mencionó un ejemplo respecto a lo realizado al interior de las Fuerzas Armadas en este aspecto.

“El Ejército se ha adelantado a los temas, no hay ninguna represión política, no se ha metido en procesos electorales —salvo resguardar boletas y actas—, lo que quiere decir que antes de la aprobación de la ley esto se ha cumplido. Ahora es necesario señalar que lo que el Ejército quiere es que cuando el presidente le ordene intervenir en un estado, haya un marco regulatorio, es decir una carta en la cual se cumplan algunos requisitos —que incluyen copia a la CNDH y aprobación del legislativo—, y la temporalidad, no es una carta blanca aunque a muchos no les guste por cuestiones ideológicas el monopolio de la fuerza por parte del Estado”.

Acerca de la acusación de que gracias a la aprobación de esta ley habría una militarización del país e, incluso, amenazas de golpe de Estado, el analista responde que esto no se hará realidad.

“No hay militarización por una razón, no hay gobernadores militares, no hay secretarios de Estado militares, excepto Defensa y Marina, y cuando se ha invitado a alguno de ellos, como con Fox y Macedo de la Concha, este último tuvo que solicitar su retiro para ser nombrado como civil y si hubiera cometido algún error, se le hubiera juzgado como tal. No va a haber patrullajes militares, a menos que la situación así lo exija en partes del país, las que se denomina, según especialistas en derecho internacional, zonas francas en donde no entra la policía. Esto implica una expropiación de la soberanía territorial del Estado a favor de un grupo criminal. Eso es seguridad interior y la ley pone orden es este desorden”, consideró.

“Tenemos un Poder Judicial cada vez más independiente, un Legislativo cada vez más plural y un presidente con cada vez menos facultades, y el Ejército no está pidiendo espacios políticos. Estamos asistiendo a un proceso de disolución del poder político y del Estado, por ejemplo, si un gobierno quiere hacer uso del monopolio de la fuerza, está atado de mano por el tema de los derechos humanos, lo que genera que los grupos disidentes o criminales actúen como quieren”, concluyó Carlos Ramírez.

Sin resolverse el problema de fondo

La Ley de Seguridad Interior que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados se encuentra lejos de resolver el problema de fondo: la incapacidad de varios órdenes del Estado para combatir la inseguridad y prevenir el delito.

El debate entre partidarios de la ley y organizaciones sociales que acusaban los riesgos de la militarización de este tema, es sólo una muestra de que el problema de fondo no se está discutiendo, sino que se ha presentado una polémica por los efectos, pues la presencia de militares en las calles se ha tratado de ver como una medida ante el desbordamiento de la delincuencia en distintas zonas del país.

Para Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, “el 80% de los delitos que se cometen son del fuero común, por lo tanto es responsabilidad de los gobiernos estatales, de los gobernadores, fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, es una responsabilidad también aceptada por el Ejército para que esto sucede, entonces lo primero que hay que hacer es fortalecer las instancias de seguridad y justicia en los estados y que no sea una excusa la presencia de las Fuerzas Armadas, es necesaria una depuración en las instituciones de seguridad”.

@AReyesVigueras