La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 constituye una magnífica pieza jurídica que recoge las aspiraciones agraristas de la Revolución y que fue construida con el talento de Luis Cabrera, a quien Venustiano Carranza le encomendó esta denominada ley preconstitucional, que fue la base para que —dos años después— el Constituyente de Querétaro rompiera los moldes del proyecto presentado originalmente y construyera el instrumento constitucional más importante de la historia contemporánea.

El artículo 27 de la Carta Magna no sólo representó la construcción de un nuevo derecho constitucional, sino además fue un acto político que arrebató las banderas revolucionarias al zapatismo, a pesar de que el Primer Jefe nunca fue realmente agrarista. Esta disposición constitucional establece que la propiedad privada está sujeta a las modalidades que dicte el interés público; otorga la propiedad originaria a la nación; formula las bases de la propiedad ejidal, comunal y pequeña propiedad; asimismo, deja a la plena soberanía de la nación las riquezas minerales, petroleras, acuíferas, marítimas, territoriales y aéreas de todo el país.

Por eso, este precepto constitucional recogió la voz de millones de mexicanos que, con las armas en la mano, buscaron como fin la justicia social y la justa distribución de la riqueza.

El ejercicio de esta política pública, durante 60 años, tuvo altas y bajas, pero en materia agraria y agrícola construyó una infraestructura productiva, que tenía como base el apoyo crediticio e hidráulico a las tierras ejidales y comunales, los precios de garantía a sus productos y la creación de instituciones públicas de apoyo a  la investigación científica, como la Productora Nacional de Semillas o Guanos y Fertilizantes; existió un esquema productivo, de acuerdo a la ideología de los presidentes en turno, quienes se desplazaron hacia la izquierda como Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos y Luis Echeverría, o hacia la derecha como Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho, pero siempre respetuosos del mandato constitucional en esta materia.

El cambio de paradigma que nos empujó hacia el modelo de la globalización neoliberal destruyó estas instituciones y formuló una política asistencialista, que ha fracasado en el combate a la desigualdad y a la pobreza.

Es tiempo de entender —desde un concepto moderno— que la participación de ejidatarios y comuneros en el desarrollo debe partir de asociaciones públicas con el Estado y con los particulares, para crear un nuevo modelo productivo que no sólo sea exitoso en las exportaciones, sino que tenga efectos en la producción destinada al consumo nacional, que ha sido abandonada.

En los últimos gobiernos se ha descartado del lenguaje oficial las palabras “ejido y bienes comunales” y se habla eufemísticamente de “pequeños productores”; no es una casualidad, sino el resultado de un modelo exacerbado de economía neoliberal.

Hoy, en 2018, que estamos en campaña política, si el PRI quiere recuperar sus votos campesinos debe empezar por fortalecer la Confederación Nacional Campesina y ésta a levantar viejas y nuevas banderas agraristas, que puedan solucionar los graves problemas de explotación y pobreza que sufren indígenas y ejidatarios con la complicidad del Estado, por el modelo en el que hoy nos encontramos.

Si el PRI quiere ganar la elección de 2018 tiene que recobrar los principios que le dieron esperanza nacional a la república y que representó la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.