La agresión al equipo de campaña de la vocera y candidata a la Presidencia del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio Marichuy, en la zona de la Tierra Caliente de Michoacán, por parte de un grupo armado, muestra la apatía de los tres órdenes de gobierno por garantizar la seguridad de la legítima candidata independiente del pueblo.
El acto intimidatorio se da en un estado donde un inexistente gobierno de izquierda ha permitido ataques sistemáticos en contra de los pueblos originarios; días antes del recorrido de Marichuy se registró el asesinato de una dirigente de la comunidad de Cherán, Guadalupe Campanur Tapia, cuyo cuerpo fue hallado a las afueras del poblado de Chilchota.
Al trascender la noticia del acto represivo en el que fueron despojados de sus equipos periodistas que cubren las actividades de la vocera del CIG, quedó de manifiesto el desinterés de las autoridades por otorgar las garantías necesarias a Marichuy.
El secretario de Seguridad Pública de la entidad, Juan Bernardo Corona, justificó el deplorable incidente señalando que los reporteros tomaban algunas imágenes de la zona lo que no les pareció a los agresores. Nunca explicó la razón de la nula presencia de cuerpos policiacos ni el por qué la impunidad con que actúan los grupos delincuenciales.
Es claro que la presencia de la candidata independiente en regiones donde se ha permitido el despojo y la represión contra las comunidades indígenas causa resquemor no sólo entre los narcotraficantes sino entre los grupos políticos que permiten la imposición de megaproyectos que destruyen y desplazan a los pueblos originarios con el uso de las propias fuerzas policiales, como son el funcionamiento de minas a cielo abierto, la construcción de hidroeléctricas, eólicas y todo un catálogo de imposiciones que han traído aparejadas el encarcelamiento y la desaparición de infinidad de líderes sociales.
Como legítima candidata no únicamente de los indígenas sino de los trabajadores del campo y la ciudad, así como del pueblo en general, Marichuy está cumpliendo el objetivo trazado de contribuir a “visibilizar” la lucha de las comunidades por la defensa de su tierra, sus territorios y sus recursos naturales. Y esto crea incomodidad en una clase política que ha perdido el sentido de la defensa a las mayorías y a la nación misma.
Llama la atención que tras conocerse el reprobable hecho, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sólo condenó el hecho a través de un tuit, no abordando el tema en la sesión de Consejo General, como si la seguridad de una candidata indígena fuera un asunto menor en el ámbito de la democracia nacional.
Vale preguntar a la clase política si sus integrantes son los únicos con el derecho a recorrer el país y gozar de las garantías necesarias para hacer proselitismo. Es momento de que los indígenas, obreros, campesinos, estudiantes y la sociedad en general, cierren filas para que una auténtica candidata del pueblo aparezca en la boleta electoral de julio próximo.
