Eduardo Rodríguez-Baz
Madrid.-Las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, forzadas por el gobierno español para neutralizar el movimiento secesionista, pusieron el broche a un 2017 que, paradójicamente, volvió a colocar el conflicto territorial en la casilla de salida.
Luego de su innegable triunfo en una contienda promovida por el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, los líderes soberanistas se disponen a recuperar el control de la región, en una agudización de la mayor crisis política en casi cuatro décadas de democracia.
Impuestas por Rajoy para “restaurar la legalidad”, tras la proclamación de una declaración unilateral de independencia, las elecciones concedieron a los partidos separatistas la supremacía en el parlamento de la rica comunidad autónoma.
Aunque el más votado resultó el centroderechista Ciudadanos (Cs), las tres formaciones a favor de la ruptura con España -Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la Candidatura de Unidad Popular- revalidaron la mayoría absoluta en la cámara autonómica.
Defensores de que Cataluña permanezca en España, el triunfo de los liberales de Cs, sin embargo, les impide encabezar un gobierno, pues junto al llamado bloque constitucionalista -Partido Socialista (PSC) y Partido Popular (PP)- no superan a los independentistas.
Contrario a la opinión mayoritaria de analistas y medios de comunicación, el presidente del Gobierno negó el fracaso de su estrategia para sofocar la resistencia del secesionismo en la próspera autonomía de 7,5 millones de habitantes.
Además, intentó minimizar el duro golpe sufrido en los comicios por su agrupación, el derechista PP, que apenas logró tres escaños en el nuevo parlamento catalán, frente a los 11 de la legislatura anterior, y se colocó en la última posición.
Según el mandatario, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mediante el cual asumió las riendas de Cataluña, cesó a sus autoridades ejecutivas y legislativas y llamó a las urnas, para nada repercutió en el hundimiento inmisericorde de los conservadores.
No puse en marcha el 155 para ganar votos ni por intereses partidistas, lo hice para cumplir mi obligación como presidente, subrayó en alusión a la activación del polémico apartado, nunca antes utilizado desde la restauración democrática.
“El gobierno sigue adelante, las legislaturas son para cuatro años”, enfatizó Rajoy, quien descartó un adelanto electoral en la nación ibérica ante el revés de su administración frente al diferendo territorial, que debilita su autoridad.
Manifestó su voluntad de mantener un diálogo “dentro de la ley” con el futuro gobierno de Cataluña, pero eludió responder a la invitación del expresidente Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, de reunirse con él fuera de España.
Puigdemont aseguró que los independentistas se habían ganado en los comicios el derecho a ser escuchados, luego de renovar su mayoría absoluta en la cámara regional y derrotar a la que denunció como la “monarquía del 155”.
“Ha llegado el momento de dialogar, hay que optar por la política, la receta de Rajoy ha fracasado”, indicó el líder nacionalista conservador desde Bruselas.
Con varios de sus candidatos presos o en el exterior, los catalanes acudieron masivamente a unas elecciones anómalas, impuestas por Madrid para contener las crecientes apetencias separatistas de una región que representa la quinta parte de la economía española.
Bajo el paraguas del 155, Rajoy intervino el territorio, depuso a Puigdemont y a todo su gabinete y disolvió el parlamento, que el pasado 27 de octubre aprobó la creación de una república soberana, pese a su prohibición por la justicia española.
La cita con las urnas era vista como una suerte de plebiscito entre quienes favorecen la escisión de Cataluña y los que apuestan por su permanencia en España. Además, acontecieron en circunstancias excepcionales, con cuatro dirigentes independentistas encarcelados, entre ellos el también cesado vicepresidente Oriol Junqueras y el otrora mandatario catalán en Bélgica, hacia donde se desplazó tras su destitución por Rajoy.
El enquistamiento de un añejo conflicto
Fiel a su estilo de dejar que el tiempo ponga cada cosa en su sitio, el hombre que dirige España desde diciembre de 2011 -en su segundo mandato con un gobierno en minoría- se vio inmerso en una cuestión que precisamente utilizó mucho cuando estaba en la oposición.
Rajoy fue en 2005 y 2006 una de las voces más críticas con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña (una suerte de constitución regional) aprobado por el parlamento español, que reconocía a la región como una nación y le confería más competencias.
Bajo su iniciativa, el PP recogió en todo el país cuatro millones de firmas para pedirle al entonces ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero un referéndum en toda España sobre el nuevo Estatuto catalán.
La propuesta naufragó, pero más adelante su partido presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que en junio de 2010 anuló parcialmente dicho Estatuto.
La decisión del alto tribunal causó un incendio político en Cataluña, donde muchos la vieron como una afrenta, y marcó el pistoletazo de salida del desafío secesionista, que tantos quebraderos de cabeza dio en los últimos años a la derecha en el poder.
El PP ha sido una máquina de fabricar independentistas, recuerdan por estos días numerosos analistas, retomando una apreciación instalada desde hace tiempo no sólo entre la clase política, sino también en la sociedad española.
“El señor Rajoy lo ha intentado todo menos una cosa, sentarse a hablar”, subrayó Puigdemont, quien señaló que el líder del PP tiene “una oportunidad magnífica de empezar a ponerse del lado de las soluciones y no crear así más problemas”.
O de lo contrario -como muchos auguran- persistir en su displicencia e inmovilismo, desconociendo ese viejo refrán que reza: de aquellos polvos vienen estos lodos.
Al margen de la crisis catalana, Rajoy deberá sortear un 2018 complicado judicialmente, como consecuencia de las causas abiertas por corrupción contra su partido y numerosas figuras cercanas al gobernante.
