La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit inició el procedimiento para enjuiciar al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, por presunto desvío de recursos de 2 mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
Después de analizar dos denuncias en las que el ex mandatario es señalado como presunto responsable de varios delitos, la Comisión decidió aprobar el acuerdo para que otra instancia inicié el proceso.
El diputado panista Javier Mercado, quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que el juicio político no es para quitar el fuero, sino para sancionar administrativamente con la destitución o inhabilitación del cargo.
Recordó que en la legislatura pasada presentó una iniciativa para quitar el fuero a los servidores públicos y ésta fue aprobada, por lo que en Nayarit no hay fuero. “Cualquier ciudadano puede denunciar o puede demandar juicio político a aquellos ex servidores públicos que hayan culminado su mandato hasta un año posterior; si pasó el año y quieren demandar juicio político ya no es procedente”.
Dos ex integrantes del gabinete de Sandoval Castañeda y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit, también enfrentan un juicio político por ser presuntos responsables de desviación y manejo indebido de recursos públicos.
Entre ellos figuran los nombres de: Mario Alberto Pacheco Ventura, ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas, y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex secretario de la Contraloría General de Gobierno.
Los magistrados del Tribunal son: Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, señalados como presuntos responsables por ataque a las instituciones democráticas, la usurpación de atribuciones, omisiones de carácter grave y violaciones sistemáticas o graves de planes, programas y presuntos de las administración estatal.
El Congreso del estado tiene un año, a partir de hoy, para sancionar, declarar improcedentes o no sancionar a los servidores públicos, dijo Mercado.